Primer paso para que los santafesinos cuenten con más derechos ciudadanos. Iniciativa y Consulta Popular, Referéndum y Revocatoria de Mandato, entre otras novedades.
Con intervenciones de senadores del oficialismo y de la oposición que destacaron que Santa Fe ingresa en una nueva etapa en materia de derechos ciudadanos, la Cámara de Senadores aprobó con media sanción una ley que busca hacer realidad los institutos de participación ciudadana.
El proyecto de ley, de 103 artículos, fue votado por unanimidad y busca cumplir con los mecanismos que fueron incorporados a la Constitución de Santa Fe en la Reforma de 2025.
Se trata de un texto impulsado por Julio Francisco Garibaldi que regla la Iniciativa popular; el Referéndum; la Consulta Popular; la Revocatoria de Mandato; las Audiencias Públicas; las Propuestas Ciudadanas; y los Desafíos Públicos que desde el año pasado gozan de estatus constitucional y alguna vez serán realidad en las prácticas políticas.

La norma que impulsa el senador socialista contiene formas participativas que la Constitución reformada no ordenó, pero tampoco vedó. Más aún, puede decirse en coincidencia con el texto que ingresó a comisiones que el espíritu general de la reforma ha ido en el mismo sentido con que ahora se propone agregar, por ejemplo, la práctica de “desafíos ciudadanos”.
El objetivo general expresado en el articulado es “regular los mecanismos de participación ciudadana, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de la democracia directa y promover la intervención activa de la ciudadanía en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas y acciones de gobierno”.
En las primeras páginas de unas 30 carillas se describen los principios rectores para que la participación ciudadana no se reduzca a votar autoridades y representantes, sino también a ejercer presión, terminar con mandatos e incluso legislar.
En ese sentido, se menciona en primer lugar el “interés público” como “criterio rector en su diseño y ejecución”, la universalidad con “acceso efectivo y sin discriminación”, la transparencia en publicidad y difusión activa.
En igual modo, se procura la “participación informada, mediante el acceso a información veraz, suficiente y comprensible”, bajo criterios de “inclusión y equidad”. Se proclama entre estos principios que el Estado provincial quite “barreras” a la participación y “favorezca la intervención de sectores en situación de vulnerabilidad”. Y que el debate respete el “lenguaje claro, garantizando la comprensión de los procedimientos, actos y comunicaciones”.
Los fundamentos son más expresivos: “El presente proyecto de ley se inscribe en la convicción de que la democracia se la celebra, se sostiene y se renueva en la medida en que es capaz de reconocerse como una obra inacabada, abierta a la intervención permanente de la ciudadanía”, dice Garibaldi.
Añade que es justo hablar de la “vitalidad” de una sociedad cuando se verifica su participación ciudadana.
Tras recordar los “mandatos de la reciente reforma constitucional”, la norma propuesta “reconoce y proyecta una trayectoria política concreta” y recuerda las gestiones de Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz (los tres del mismo partido que el representante por La Capital) cuando Santa Fe fue “pionera en la construcción de un Estado abierto, con políticas sostenidas materia de transparencia, descentralización y participación ciudadana”.
“Sólo a modo de ejemplo podemos mencionar: la elaboración del Plan Estratégico Provincial, con participación de miles de santafesinas y santafesinos, con una proyección desde el año 2008 hacia el año 2030; la creación del Consejo Económico y Social; la consolidación de instancias territoriales de diálogo y la institucionalización del acceso a la información pública”.
“En ese recorrido -sigue-, una experiencia resulta especialmente significativa por su capacidad de anticipar los desafíos contemporáneos: el laboratorio de innovación pública Santalab”. Se pasó “de una participación ciudadana entendida como instancia de consulta, a otra concebida como co-creación de soluciones públicas”.
Fuente: El Litoral

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