En 2001 el «que se vayan todos» causó un tembladeral en las instituciones de la democracia argentina. Desde entonces, los santafesinos redujeron por un tiempo los concejos municipales y los cordobeses eliminaron una de sus dos cámaras.
La prensa llama «la unicameral» a la Legislatura en Córdoba desde hace 25 años, cuando como otras provincias bastante más chicas en población o territorio, adoptó ese sistema. Hoy no existe una corriente que busque revertir aquella decisión ni mucho menos, pero se admite que los resultados no fueron todos los esperados.
Por una parte, se señala que no son tanto más bajos los gastos del poder legislativo en esa provincia que en otras con sistemas bicamerales, como Santa Fe.
Si se miden sus costos de funcionamiento según la comparación más seria: la porción del presupuesto provincial que consumen, entre las legislaturas de Córdoba y Santa Fe, hay una escasa diferencia en términos porcentuales. Son unas pocas décimas a favor de la mediterránea.
En pocas palabras, que de ninguna manera al quitarse una de las dos cámaras los recursos necesarios para su sostén se reducen también a la mitad, ni siquiera si eso se hace con el número de legisladores como en caso cordobés.
Es verdad, es casi ocioso plantear hoy un tema de este tipo cuando aquí se ha terminado hace muy poco tiempo una reforma constitucional, en la que uno de sus fundamentos ha sido conservar y mejorar la renovación de cargos del sistema bicameral.
El principal argumento del debate del año pasado fue el del federalismo y la representación territorial, pero hay muchos más de los que poco se habla.
Un espejo
Siempre es relevante en Santa Fe lo que sucede en Córdoba y viceversa, desde mucho antes de la creación en los 90 de la Región Centro. En los análisis económicos (no tanto políticos) ambas se ven como un espejo. Se trata de territorios, poblaciones, producciones y problemas de dimensiones comparables.
Dos cámaras no gastan el doble que una. Ese es el primer mito desmentido por estos días tanto en «La Voz del Interior» como en «Comercio y Justicia», diarios que editorializaron y añadieron columnas a sus páginas sobre la unicameralidad bajo la excusa del aniversario.
Es interesante comparar el tono de las actuales opiniones con el archivo de esos periódicos. Ya no son tan entusiastas como cuando se cumplieron diez o veinte años. Córdoba (y Santa Fe) quedan en la medianía de las provincias que gastan más o menos de sus presupuestos en sus legislaturas.
Se subrayó en toda la prensa de La Docta que hasta 2002, cuando aquí se reducían por ley los concejos municipales (hasta 2011), allá se pasaba de un total de 66 diputados y 67 senadores provinciales cordobeses a 70 en total (había 133).
En Santa Fe la racionalidad numérica ya existe, sencillamente porque no hay tantos departamentos como en la provincia vecina. Aquí son 19 senadores y 50 diputados, que suman 69.
La reforma santafesina de 2025 pese a las acusaciones de la ultraderecha no creó cargos. Y además limitó los mandatos a dos, que se cuentan a partir de la próxima elección, salvo para el gobernador y la vice.
Redacciones
«Una imagen vale más que mil palabras», pero para los asuntos más importantes solo valen las palabras y más si están escritas. Y sobre papel que no se puede «despublicar».
La gran novedad en Córdoba es que ahora (además de casos de asesores y empleados complicados en las crónicas policiales) hay críticas a un aspecto que pocos pueden valorar y la mayoría probablemente no quiera ni enterarse: la calidad de las leyes.
Un poder legislativo sin cámara revisora es más falible que otro donde siempre habrá una segunda opinión. Hay beneficios en los saldos de los debates, en la dialéctica. Dos cámaras duplican la oportunidad de dar discusiones (y de que el ciudadano se entere de los que pasa).
Es en definitiva un asunto que va más allá de la técnica legislativa o de los más o menos sabios legisladores y colaboradores que circulen entre bancas y pasillos en las negociaciones que deben existir siempre. Son parte del debate.
Un ejemplo lo explica mejor. Los grandes escritores hablan tanto de sus procesos creativos como de sus meses, años y vidas volcadas a corregir sus textos. Se publica para «dejar de corregir», se dice de lo literario en la Argentina.
Escritores, redactores y hasta los héroes de la literalidad de lo dicho, los taquígrafos, que siempre serán imprescindibles, saben que otro leerá mejor sus escritos, con mayor capacidad.
Tomar distancia del texto propio es parte de la madurez al redactar. Se recomienda como un primer paso escolar, leer en voz alta. Con los años se escuchan gritos interiores que provienen de los textos.
Las normas son finalmente eso. Textos publicados en un libro interminable, es decir en un diario, que se llama Boletín Oficial. Y por eso es bueno que en el proceso de la sanción de las leyes haya también lógicas y lecturas diferentes sobre los asuntos a abordar.
Y que haya tiempo que perder. El redactor periodístico está expuesto al horario de cierre. Los legisladores a las presiones de quienes demandan la sanción de las normas que suelen ser algo mucho peor que los directores periodísticos o los jefes de redacción.
A diputados y senadores no los corre la urgencia de la noticia sino algo más tiránico, sus jefes políticos, que están a cargo de los ejecutivos en los oficialismos o de conducir las críticas en la oposición para volver a ganar las elecciones.
La cámara revisora tendrá además de unos intereses y conformación diferentes, una repercusión pública de la media sanción anterior. Esa es la gran ventaja de la bicameralidad.
Odios y amores
Hoy Santa Fe vive un caso que es fiel muestra de lo dicho. Los senadores por unanimidad y con la certera convicción de hacer lo mejor para la democracia santafesina votaron una ley que penaliza los mensajes de odio. Pero en Diputados el tema está bajo una profunda revisión porque las objeciones, además de los opositores, hoy provienen de las barras. Sí, de la opinión pública.
Hablaron constitucionalistas sobre el derecho a la libertad de imprenta (1811) y de que conlleva riesgos el amor a la libertad de expresión. Los límites, aunque se trate del odio, pueden ser un problema.
Tras la reforma, las revisiones posibles entre cámaras se redujeron de cinco a tres. Y se impone en caso de diferencias el cuerpo deliberativo que haya logrado en números un mayor consenso. Se premia a la que negoció mejor.
Fuente: El Litoral