El oficialismo intentará sancionar esta semana la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal II. Patricia Bullrich deberá volver a reunir aliados para modificar las reglas monetarias y tributarias sin introducir cambios que obliguen a devolver los textos a la Cámara baja.
La Libertad Avanza buscará esta semana llevar al recinto del Senado la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal II, iniciativas que Diputados aprobó el 26 de agosto y que la Cámara alta dejó listas para ser discutidas después de una intensa jornada de comisiones el miércoles pasado.
La intención de la conducción oficialista es sesionar el jueves 17. Para Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, el desafío vuelve a ser el mismo que atraviesa buena parte de la agenda del Gobierno en el Senado: partir de apenas 21 bancas propias y construir una mayoría con radicales, el PRO y representantes provinciales.
En Diputados, la reforma del Central había conseguido 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones. La amplitud de aquella votación es uno de los antecedentes con los que el oficialismo llega a un Senado bastante menos previsible.
Las funciones y autoridades del Central
La reforma del BCRA tiene una particularidad: el Gobierno no la presenta solamente como una modificación para la política económica actual, sino como un cerrojo para las administraciones futuras.
El proyecto concentra la misión principal de la entidad en preservar el valor de la moneda, reduce sus objetivos actuales y restringe el financiamiento monetario al Tesoro. Santiago Bausili lo resumió en el Senado como la búsqueda de “un rol del Banco Central mucho más acotado”. Y agregó otra definición: “El Banco Central tiene que ser agnóstico, no tiene que estar eligiendo un sector de la economía sobre otro”.
La lógica oficial consiste en transformar en prohibiciones legales decisiones que la actual conducción sostiene haber adoptado voluntariamente desde diciembre de 2023. Vladimir Werning, vicepresidente del organismo, defendió esa necesidad con una estimación particularmente fuerte: calculó que el deterioro patrimonial generado entre 2013 y 2023 por distintos mecanismos de asistencia al Tesoro habría superado los US$550.000 millones a valores actualizados. Para el Central, la emisión, los adelantos, las letras intransferibles y las transferencias de utilidades terminaron trasladándose a la sociedad mediante inflación.
La discusión más áspera en las comisiones no pasó, sin embargo, por el objetivo antiinflacionario. Senadores opositores concentraron sus preguntas en la posibilidad de que activos que forman parte de las reservas puedan utilizarse como garantía en operaciones propias del Banco Central.
Bausili confirmó que el oro puede ser afectado como colateral. “Sí, el oro se puede poner en garantía, como sucede al día de hoy”, respondió, aunque inmediatamente descartó que puedan comprometerse los encajes bancarios o los depósitos de los ahorristas. También admitió la consecuencia jurídica elemental de ese mecanismo: “Si se pone un activo en garantía y no se cumple el contrato, esa garantía va a ser ejecutada”.
La oposición cuestionó además otro punto central: el mecanismo para remover a las autoridades del BCRA, que incorpora la intervención vinculante del Congreso y una mayoría agravada de dos tercios. José Mayans, jefe del bloque Justicialista, calificó el esquema de “inconstitucional” y anticipó el rechazo peronista. Bullrich, por el contrario, defendió una “regla de estabilidad” para impedir que la conducción monetaria cambie al ritmo de cada gobierno.
Una nueva relación entre ARCA y el contribuyente
Inocencia Fiscal II transita por otro terreno, pero comparte la misma pretensión de modificar reglas hacia adelante.
El proyecto reforma el sistema simplificado de declaración del Impuesto a las Ganancias, la Ley de Procedimiento Tributario y normas sancionatorias. Según la presentación oficial ante el Senado, busca reducir obligaciones de información, ampliar la seguridad jurídica y favorecer la formalización de fondos que permanecen fuera del circuito financiero.
Uno de los cambios elimina los actuales límites patrimoniales y de facturación para ingresar al régimen simplificado, aunque mantiene exclusiones para determinados contribuyentes. También redefine qué debe entenderse por una “discrepancia significativa”. El texto establece una tolerancia del 15% sobre el impuesto determinado y coloca en ARCA la carga de acreditar que existe una diferencia superior a ese umbral.
Quienes sean observados tendrán además 15 días hábiles para regularizar su situación y conservar los beneficios del denominado bloqueo fiscal, siempre que lo hagan antes de fines de 2027. Durante el debate en comisión, el tributarista Martín Caranta definió la propuesta como “un cambio de paradigma en la relación fisco-contribuyente”. Juan Martín Jovanovich puso el foco en otro aspecto: “No limita la facultad de fiscalización”, sino que modifica la carga de la prueba y reduce la información exigida al contribuyente.
Bullrich cuenta los votos
Los dos proyectos ya superaron el trabajo de comisión sin cambios respecto de la media sanción de Diputados, condición que el Gobierno intentará preservar: cualquier modificación obligaría a devolverlos a la Cámara baja y demoraría la sanción.
Ese objetivo convierte nuevamente a los bloques dialoguistas en árbitros. Por este motivo es que Patricia Bullrich, jefa de bloque de LLA en la Cámara alta, teje las conversaciones de última hora para tantear voluntades y definir acompañamientos.
El oficialismo viene de mostrar capacidad para juntar votos alrededor de su programa económico, pero también de suspender una sesión por falta de acuerdos en torno a Biocombustibles. La semana pasada consiguió avanzar con BCRA e Inocencia Fiscal y dejó otras negociaciones para más adelante.
Ahora la apuesta es más concreta. Ya no se trata de conseguir firmas en un despacho sino de reunir una mayoría en el recinto para cerrar dos leyes que Milei considera parte de la arquitectura institucional de su programa: una para limitar qué puede hacer el Estado con la moneda y otra para cambiar hasta dónde puede avanzar el Estado sobre el contribuyente.
Fuente: El Litoral
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