A raíz de la reciente decisión de la Cámara Federal de San Martín, que revocó la medida cautelar que obligaba al Gobierno Nacional a continuar pagando el programa “Volver al Trabajo”, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) junto al conjunto de las organizaciones sociales en todo el país profundizan su plan de lucha en defensa del Salario Social Complementario. En el caso de Buenos Aires, la organización realizará cortes y jornadas de protesta en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el marco de estas acciones de rechazo al ajuste.
El reciente fallo de la Sala I de la Cámara de Apelaciones dio marcha atrás con la protección provisoria que el Juzgado Federal de Campana le había otorgado a los trabajadores de la economía popular a través de una cautelar en respuesta a un amparo colectivo. Los jueces de cámara justificaron su decisión argumentando que los actos del Ministerio de Capital Humano gozan de “presunción de legitimidad” y sostuvieron que mantener la cautelar implicaría una intromisión del Poder Judicial en las políticas públicas y recursos del Poder Ejecutivo. Ante este gravísimo revés, que le da luz verde al Gobierno para avanzar con la desarticulación del programa, la UTEP se mantiene en estado de alerta y movilización máxima.
La decisión del Gobierno de eliminar el programa conocido como Potenciar Trabajo —actual “Volver al Trabajo”— implica el fin del único ingreso estatal para trabajadores y trabajadoras de la economía popular, con impacto directo en todas las provincias y municipios del país. Desde la UTEP denuncian que esta decisión judicial y política empujará a miles de familias a la indigencia y generará un colapso directo en las economías regionales de todo el país.
La medida afecta a más de 900.000 trabajadores y trabajadoras en todo el país. De ese total, en la Provincia de Buenos Aires y CABA se verán afectados 468.464 trabajadores, que perderán su único ingreso fijo mensual. Esto implica que dejen de circular millones de pesos por mes en la economía local, recursos que hoy se destinan principalmente al consumo en comercios de cercanía. El Salario Social Complementario fue establecido por ley como un piso de ingresos para quienes generan su propio trabajo frente a la exclusión del mercado laboral formal. Su eliminación derivará en el desfinanciamiento o cierre de comedores comunitarios, cooperativas de trabajo y espacios de cuidado que hoy sostienen la vida en los barrios.
Según las organizaciones, lejos de responder a una necesidad de equilibrio fiscal, el recorte representa apenas el 0,1% del PBI, y lo interpretan como una decisión política orientada a castigar directamente a los sectores de menores ingresos.
Además, el monto del programa permanecía congelado en $78.000 desde noviembre de 2023, lo que ya había provocado una pérdida del 74% del poder adquisitivo. En este contexto, el Gobierno y la Justicia convalidan reemplazar el salario por el “Programa Formando Capital Humano”, un sistema de “vouchers” de capacitación laboral vinculados al sector privado, sin garantizar inserción laboral efectiva. Las organizaciones advierten que estos supuestos cursos se concentran en la Ciudad de Buenos Aires, dejando a la deriva a la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras del interior del país.
Desde la UTEP advirtieron que a este brutal ajuste avalado por la Justicia se le suma una avanzada contra la soberanía nacional y el derecho a la tierra. La organización denunció que el proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” impulsado por el Gobierno Nacional fomenta la extranjerización de nuestras tierras. Según manifestaron desde el sindicato, mientras el Estado le quita el salario y el plato de comida a los sectores más humildes de la Patria, le abre las puertas a los ricos de otros países y a las corporaciones multinacionales para que se queden con nuestro territorio y nuestros bienes comunes, en una clara muestra de sumisión y entrega de los recursos nacionales.
A este panorama de asfixia económica y entrega del territorio, la organización suma una advertencia desesperada frente a la gravísima situación social que atraviesan los sectores populares: el retiro absoluto del Estado y la destrucción sistemática del tejido sociocomunitario le están dejando el camino libre al avance del narcotráfico. Con los comedores desfinanciados, los espacios de contención cerrados y los jóvenes sin oportunidades laborales, las redes narcos aprovechan el hambre y la desesperación para reclutar pibes y pibas como mano de obra barata. Para la UTEP, la ecuación es clara: destruir a la economía popular es, en los hechos, entregarle los barrios al crimen organizado.
Sin salario no hay trabajo. Sin trabajo no hay paz social.
UTEP – Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular
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