Estaba destinado a llegar con medicamentos esenciales a unos 8000 centros de salud del país. Primero redujeron el listado de productos, después distanciaron las entregas y ahora sería eliminado. El LIF fue durante años uno de los proveedores de esos botiquines.
Por Mario Caffaro / EL Litoral
A instancias de la justicialista y ex ministra de Salud, Sonia Martorano, la Cámara de Diputados de Santa Fe declaró “su preocupación ante la reducción y reformulación del programa Remediar por parte del Gobierno Nacional”.
Afirma que dicho programa “constituye una política sanitaria esencial para garantizar el acceso a medicamentos en el primer nivel de atención”. El texto advierte que “el debilitamiento implica un grave retroceso en el acceso efectivo a tratamientos básicos para amplios sectores de la población argentina”.
Fue la propia Martorano la encargada de fundamentar el proyecto, con números en la mano.
Enseguida, Claudia Balagué pidió sumar su firma y la del bloque Frente Amplio por la Soberanía al igual que la radical Silvana Distefano y la socialista Varinia Drisun, las tres con fuertes discursos sobre el abandono de Nación de políticas históricas en materia sanitaria, de las mayores responsabilidades que recaen sobre las provincias y los efectos presupuestarios.
También sumó su voto positivo Juan Domingo Argañaraz (Inspirar) mientras que tres sectores pidieron la abstención a la hora de votar: Amalia Granata (Somos Vida), Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) y Beatriz Brouwer (Unite).
En cambio, tanto Ximena Sola como Fernanda Castellani (ambas del Pro) votaron en contra del texto de Martorano. Ambas dirigentes integran el interbloque de Unidos.
El programa Remediar y su papel crucial en la atención primaria
El programa Remediar nació en plena crisis del 2002. Es una política de salud pública diseñada para garantizar el acceso a medicamentos esenciales en el primer nivel de atención que son los centros de salud.
Su propósito principal es asegurar que las personas que no cuentan con cobertura de seguridad social (obra social o prepaga) y que se atienden en el sistema público, puedan retirar de forma gratuita los medicamentos que el médico les receta durante la consulta.
“El programa constituye una herramienta central para la atención primaria de la salud, al proveer medicamentos de uso frecuente para el abordaje de patologías crónicas y agudas de alta prevalencia, tales como hipertensión, diabetes, afecciones respiratorias, infecciones y otras dolencias habituales de la consulta cotidiana”, marcó la ex ministra.
Recordó que la puesta en práctica permitió sostener tratamientos, prevenir complicaciones, evitar derivaciones innecesarias a niveles de mayor complejidad y fortaleció la capacidad resolutiva de los equipos de salud en el territorio.
El efecto de la reducción en el vademécum sobre la población vulnerable
Para la legisladora “la eventual reducción drástica de su vademécum, que según lo difundido pasaría de 79 medicamentos a un esquema de 3 configura un cambio estructural en la política sanitaria nacional”.
Para Martorano “lejos de tratarse de una mera readecuación administrativa, implica abandonar una lógica de cobertura amplia, orientada a garantizar el acceso efectivo a medicamentos básicos, para sustituirla por un criterio selectivo e insuficiente frente a las necesidades reales de la población usuaria del sistema público”.
Advirtió que la falta de medicamentos esenciales en los centros de salud interrumpe tratamientos, compromete la adherencia terapéutica, incrementa la demanda insatisfecha y desplaza consultas hacia hospitales y guardias, con la consecuente sobrecarga de los niveles de mayor complejidad. En lugar de prevenir y resolver tempranamente, el sistema se ve forzado a intervenir de manera tardía, más costosa y menos eficiente.
Pero la legisladora también habló del impacto en la provincia de Santa Fe donde hubo una reducción del 55% de envíos. “En el año 2024 se recibieron 10.711 botiquines, equivalentes a 2.061.426 tratamientos, durante 2025 dicha cifra descendió a 5.701 botiquines, alcanzando 922.426 tratamientos”.
El otro dato esgrimido tanto por la autora como por Distefano y Drisun es que el Laboratorio Industrial Farmaceútico (LIF) fue proveedor de varios productos para esos botiquines.
Balagué cuestionó la política de salud del gobierno nacional, reconoció los esfuerzos de la provincia para mantener el sistema y pidió a sus pares ser màs exigentes hacia Nación.
Di Stefano hizo mención a lo expuesto por la ministra santafesina, Silvia Ciancio, en los sucesivos encuentros de titulares del área nucleados en Cofesa. “Tenemos dos caminos, hacernos cargo o mirar hacia otro lado y decidimos hacernos cargo” marcó la presidenta del bloque de la UCR para dar detalles de los costos de la polìtica provincial en medicamentos.
Para Drisun, Remediar soluciona el 80% de los problemas de salud de los ciudadanos y alivia la atención en hospitales. “No es una política de ahorro, es una clara intención de transformar el derecho a la salud en una mercancía”, marcó la socialista.
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