FM Chalet dialogó con el lic. en atropología Francisco Mora integrante de GUIAS (grupo de investigación de antropología social) que tiene como objetivos fundamentales la investigación histórica, la restitución de restos humanos y el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Establecer la verdad histórica es el paso necesario para determinar como y cuando los derechos de los pueblos originarios fueron vulnerados por los conquistadores que han ocultado hechos o los han tergiversado como es el caso de la masacre de San Antonio – Las Toscas en el norte provincial.

Fue en General Obligado, Santa Fe, en 1887. Indígenas qom de una reducción fueron asesinados por militares. Siempre se dijo que fue en represalia por el crimen de un fraile. Las actas de la parroquia de Las Toscas lo desmienten. Se investiga como delito de lesa humanidad.

General Obligado, norte de Santa Fe, 1887. Una comunidad originaria masacrada. Pasaron 134 años y hoy los descendientes de aquellas víctimas buscan Memoria, Verdad y Justicia en una de las tres causas por delitos de lesa humanidad contra poblaciones indígenas que se están desarrollando en juzgados argentinos. . Detrás hay otra historia, que desmiente el relato oficial construido sobre el suceso durante más de un siglo. Y que pide a gritos ser contada.

El lic.Francisco Mora decia lo siguiente:“Soy licenciado en antropología me gradué en la Universidad de La Plata actualmente soy becario del CONICET en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en su instituto de Ciencias Antropológicas en la sección de Etnohistoria formo parte del grupo de investigación que se dedica al estudio de la fronteras con territorios indígenas en el siglo XIX en mi caso y también formo parte de un colectivo de antropólogos y antropólogas de la UNLP que se llama GUIAS, grupo de investigación antropología social que se ha encargado de múltiples acciones tales como la restitución y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas entre ellos la restitución de cuerpos humanos resguardados y apropiados  por el Museo  de Ciencias Naturales de La Plata  y en este caso como grupo de investigación estamos interviniendo en el marco de una causa que es una denuncia donde la verdad histórica tres comunidades Qom de la localidad de Las Toscas y de San Antonio de Obligado en el norte de la provincia de Santa Fe”.

“¿Por qué se da esta denuncia? Lo que se busca es investigar y esclarecer algunos hechos que ocurrieron hace 136 años a fines del siglo XIX. Esto se lleva adelante a través del INAI y de su centro de restitución de restos humanos y sitios sagrados donde trabaja un antropólogo que es Fernando Pepe con el cual colaboramos en la restitución del resto de un cacique que se llamaba Polvareda a las comunidades de Las Toscas en 2019 que fue víctima de una represión militar y sus restos terminaron en la colecciones de Perito Moreno y de ahí al Museo de Antropología de La Plata. En base a otro conflicto las de Darío Pereyra , Luís Pereyra un conflicto por terrenos para un barrio en Las Toscas es que interviene el INAI luego se hace un relevamiento y un pedido de restitución , en ese momento conocemos a la abogada de las comunidades que es Cintia Chávez y la compañera del Distrito que se hace cargo de todos los problemas y en base a esto hemos dado con los testimonios de la masacre de San Antonio que permanecían en los relatos de los caciques y personas de las comunidades”.

“Luego conocemos los trabajos de divulgación de Luciano Sánchez y eso a nosotros nos permite tener una herramienta más para la realización de la denuncia por parte de las comunidades”.

“Esta masacre las comunidades la cuentan de manera diferente , de una forma muy curioso porque cuando Fernando recolecta los primeros testimonios lo que encuentra es que las comunidades habían sido los perpetradores de un asesinato contra el fraile de San Antonio que era Ermete Constanzi el cual es asesinado pero no por indígenas y lo que ellos aprenden de la escuela que ellos habían sido los culpables de la muerte de Ermete y después de investigar en los registros históricos es todo lo contrario. Los perpetradores de la muerte en San Antonio fueron sicarios pagados por terratenientes para eliminar a este fraile que había sido fundamental para registrar la masacre de los pueblos originarios, ellos habían dicho que los habían reprimido a causa de haber asesinado al fraile y esto había sido completamente al revés primero había sido la masacre y después asesinaron al fraile”.

“Esa memoria también convivía con otros relatos más precisos y en San Antonio existe un espacio que podemos decir que es un espacio de Memoria que es el santuario de Cruz Alta que conmemora la masacre y un lugar donde se indica que podían estar los restos de los asesinados en 1887 , hay una serie de elementos que conviven y el que resultaba hegemónico era el relato que culpabilizaba a los indígenas , el relato institucional de los blancos no era el único. En base a la investigación conformamos un equipo de profesionales al que se le fueron agregando otros como Juan Nobile del equipo argentino de antropología forense que está participando de la causa que ya hizo una primera prospección de Cruz Alta para realizar una excavación e intentar dar con los restos aseos una tarea difícil pero no imposlible, difícil por la profundidad temporal de los restos por la conservación del lugar y porque bueno tampoco se conoce exactamente el lugar donde están enterrados”.

“En la masacre de Rincón Bomba (Formosa 1947) tuvo avances en el gobierno previo y tuvo sentencias de origen civil y la masacre de Napalpi tuvo sentencia y está publicada en un libro, fue una causa ejemplo en la forma en la cual se dio y en la intervención de los investigadores y las comunidades”.

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