La Cámara alta insistió con el texto original y sancionó la norma impulsada por Ciro Seisas. La ley modifica el Código de Convivencia y establece sanciones que pueden llegar al arresto.
La Cámara de Senadores de Santa Fe convirtió este jueves en ley el proyecto que prohíbe la actividad de los cuidacoches —conocidos popularmente como “trapitos”— en aquellos municipios que adhieran a la normativa provincial.
La Cámara alta insistió con el texto original de la iniciativa, que había sido aprobado inicialmente por el Senado y luego modificado durante su tratamiento en Diputados. De esta manera, el proyecto impulsado por el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, quedó convertido en ley.
La votación fue unánime entre los senadores presentes. Según la información publicada tras la sesión, hubo 16 votos afirmativos y tres ausencias.
La norma modifica el Código de Convivencia de Santa Fe e incorpora los artículos 66 bis, 66 ter y 66 quater, que establecen nuevas figuras contravencionales vinculadas con el cuidado, guarda, lavado o limpieza de vehículos y el ofrecimiento de espacios para estacionamiento en la vía pública.
La prohibición dependerá de la adhesión municipal
La nueva legislación establece un régimen de adhesión para las municipalidades, por lo que serán los gobiernos locales los que deberán incorporar la prohibición a su normativa.
De esta manera, la provincia fija un marco general mientras cada municipio conserva la posibilidad de establecer las reglas específicas para su territorio, de acuerdo con sus propias características y ordenanzas.
La iniciativa apunta a que, una vez que un municipio adhiera y prohíba la actividad, las conductas contempladas por la ley puedan ser sancionadas dentro del nuevo esquema del Código de Convivencia.
Qué dice el nuevo artículo 66 bis
Uno de los puntos centrales de la ley es el nuevo artículo 66 bis, que establece sanciones para quienes, sin autorización y cuando exista una prohibición establecida por normativa local, ofrezcan espacios destinados al estacionamiento o tareas vinculadas con la guarda, cuidado, lavado o limpieza de vehículos a cambio de una retribución económica.
La sanción prevista es de dos a diez días de trabajo comunitario, junto con la prohibición de concurrencia al lugar donde se cometió la contravención.
En caso de reincidencia, la pena puede ser de 10 a 20 días de arresto.
El nuevo esquema apunta así no solamente a quienes exigen dinero de manera intimidatoria, sino también a las distintas modalidades de prestación de servicios vinculados con el estacionamiento cuando estén prohibidas por la normativa local.
El proyecto atravesó meses de debate
La iniciativa tuvo un extenso recorrido legislativo. El Senado le había dado aprobación inicial, pero Diputados introdujo modificaciones durante su tratamiento, por lo que el expediente regresó a la Cámara alta.
El impulsor del proyecto había cuestionado algunos de esos cambios y anticipado su intención de insistir con el texto original. Finalmente, el Senado volvió sobre su sanción inicial y logró convertir el proyecto en ley.
La iniciativa había aparecido varias veces en la agenda legislativa durante 2026 antes de alcanzar su sanción definitiva.
El argumento de Ciro Seisas
Tras la votación, Seisas defendió la norma y sostuvo que el proyecto surgió a partir de reclamos de vecinos y comerciantes.
“Esto no nació en un escritorio ni de una alucinación de IA. Nació en los mensajes, comentarios, reclamos que nos mandaron cientos de vecinos y vecinas”, afirmó el senador.
El legislador también mencionó las denuncias por situaciones de intimidación y extorsión vinculadas con algunos cuidacoches y planteó que la ley busca terminar con el vacío normativo que, según su interpretación, dificultaba intervenir frente a determinadas situaciones.
“La provincia los acompaña”
Seisas remarcó además que la nueva ley no reemplaza las ordenanzas municipales, sino que brinda un marco provincial para aquellas ciudades que decidan adherir.
“La ley le dice a cada municipio: la provincia los acompaña. Ordenen su espacio y establezcan reglas, en respeto a sus autonomías”, sostuvo.
En esa línea, señaló que cada ciudad podrá diseñar su propia normativa de acuerdo con su realidad.
“Rosario no es Reconquista. Santa Fe no es Rafaela”, afirmó el senador, al destacar las diferencias entre las distintas ciudades de la provincia.
La ley también contempla una salida para quienes viven de la actividad
Durante la defensa de la iniciativa, Seisas sostuvo que la norma no busca desconocer la situación de las personas que realizan esta actividad por necesidad económica.
En ese sentido, destacó la incorporación de herramientas vinculadas con prevención, capacitación, formación en oficios e intermediación laboral, además de un abordaje integral de situaciones de vulnerabilidad y consumos problemáticos.
Según el legislador, el objetivo es generar alternativas para quienes dependen de esta actividad como fuente de ingresos y evitar que queden atrapados en situaciones de informalidad o bajo el control de terceros.
Qué cambia a partir de ahora
La sanción definitiva establece un nuevo marco provincial, pero su aplicación efectiva dependerá de la adhesión de cada municipio.
En las ciudades que adhieran y establezcan la prohibición mediante su normativa local, comenzarán a regir las nuevas figuras incorporadas al Código de Convivencia y las sanciones previstas por la ley.
El debate que durante meses atravesó a la Legislatura provincial llega así a una nueva etapa: la provincia ya cuenta con la ley, pero ahora cada municipio deberá definir cómo implementarla y qué medidas adoptará sobre el uso del espacio público.
Fuente: UNO Santa Fe