La investigación por la muerte de un hombre de 35 años en la Seccional 8ª de la ciudad de Santa Fe sumó un nuevo capítulo este jueves, luego de que los padres de la víctima fueran recibidos por el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Emilio Jatón. La familia ya interviene formalmente como querellante en la causa que analiza el fallecimiento bajo custodia estatal.
El encuentro se desarrolló en la sede del organismo provincial y, según informó el abogado querellante Rodolfo Mingarini, el funcionario se comprometió a gestionar ante la Defensa Pública y el Ministerio de Seguridad el acceso a información y el seguimiento institucional del caso.
El fallecido, Mauro Daniel González, había sido detenido el sábado 17 de enero. Su muerte se produjo durante la madrugada del día siguiente, mientras permanecía alojado en un calabozo de la dependencia ubicada sobre avenida General Paz al 7300.
Horas antes del deceso, el fiscal Roberto Olcese había dispuesto su libertad, medida que fue comunicada a la comisaría a las 22.40. Sin embargo, cuando el personal fue a notificarlo para concretar la excarcelación, constató que no respondía a los estímulos. La causa fue caratulada en un primer momento como “investigación de muerte”.
Querella y cambio de fiscalía
El 21 de enero, los padres, hermanos e hijos menores de la víctima se constituyeron como querellantes. El Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia hizo lugar al planteo, habilitando su participación activa en la producción de pruebas y el control del expediente.
En una primera etapa intervino el fiscal de Homicidios Estanislao Giavedoni, quien ordenó medidas urgentes y la aplicación del Protocolo de Minnesota para la autopsia. Luego, el legajo pasó a la órbita de la Unidad Fiscal de Violencia Institucional, a cargo del fiscal Ezequiel Hernández.
Desde la querella sostienen que la investigación debe abarcar no solo el momento del hallazgo en la celda, sino también las circunstancias previas a la detención, el traslado y la evaluación médica. “No se trata solo de acciones, sino también de posibles omisiones”, señalaron.
Detención bajo análisis
González fue aprehendido por personal del Comando Radioeléctrico en barrio Yapeyú, tras un llamado al 911 que alertaba sobre desorden en la vía pública. La querella sostiene que la detención habría sido ilegal y que existieron apremios durante el procedimiento.
De acuerdo con esa reconstrucción, fue reducido frente a su vivienda, esposado y trasladado en un móvil policial. La defensa asegura que existen testigos y registros fílmicos —del sistema 911 y de cámaras públicas y privadas— que documentarían distintos tramos del operativo.
Tras pasar por otras dependencias, fue examinado por un médico que dejó constancia de lesiones con un tiempo estimado de recuperación de siete días. Más tarde ingresó a la Seccional 8ª. Según trascendió, otros detenidos habrían advertido que presentaba dificultades respiratorias durante la noche.
El diagnóstico preliminar mencionó una posible broncoaspiración, aunque los resultados finales de la autopsia y estudios complementarios aún no fueron incorporados formalmente al expediente.
Mientras se esperan los informes periciales, la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos añade un seguimiento político e institucional a una causa que busca determinar responsabilidades en una muerte ocurrida bajo custodia policial.
Fuente: Infor Mate Santa Fe
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