El gobierno provincial advierte que la deuda por certificados ya ralentiza los trabajos y afecta el empleo en una infraestructura estratégica para el Gran Rosario.
La ampliación de la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas en Granadero Baigorria volvió a quedar envuelta en incertidumbre. El gobierno de Santa Fe denunció que la Nación acumula una deuda por certificados de obra que ya impacta en el ritmo de ejecución y en la continuidad laboral de los trabajadores.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, cuestionó con dureza al Ejecutivo nacional por el incumplimiento de los pagos comprometidos en el convenio firmado en junio de 2024. Según detalló, las dos únicas obras públicas financiadas por Nación en la provincia —la planta de Baigorria y la de la capital— registran tres meses sin desembolsos.
“Hoy ambas acumulan tres meses sin pagos, lo que impide a las empresas cumplir con sus obligaciones salariales”, afirmó el funcionario. La deuda corresponde a certificados de noviembre, diciembre, enero y febrero, por un monto cercano a los 800 millones de pesos.
Impacto directo en la obra y el empleo
Desde la provincia advierten que la falta de financiamiento no es un problema administrativo, sino operativo. “Cuando se inicia una obra, la empresa monta el obrador, contrata personal y asume costos. Si no cobra, se vuelve inviable sostener esa estructura”, explicó Enrico.
La consecuencia inmediata es la ralentización de los trabajos y la suspensión de personal, una situación que ya se registra en ambas plantas, con mayor visibilidad en la obra de la ciudad de Santa Fe.
Una infraestructura estratégica para el Gran Rosario
La planta de Granadero Baigorria es considerada una obra clave para el sistema de agua potable del Gran Rosario. El proyecto contempla la construcción de una estructura “espejo” de la planta actual, inaugurada en 2015, que permitirá duplicar la capacidad de producción hasta alcanzar los 6 mil metros cúbicos por hora.
La ampliación apunta a mejorar el abastecimiento en localidades como Capitán Bermúdez, San Lorenzo y barrios del norte rosarino, además de proyectar una futura conexión con el Acueducto Gran Rosario. Según estimaciones oficiales, más de 500 mil personas podrían beneficiarse con esta infraestructura.
Un historial de interrupciones
El reclamo actual se suma a una secuencia de paralizaciones que ya marcaron la obra. En enero de 2024 se registró el primer freno por demoras en los fondos del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento. Luego hubo una reactivación parcial con aportes provinciales, pero en febrero de 2025 la contratista abandonó el obrador por falta de pago.
En noviembre de ese mismo año, el envío de fondos nacionales —por unos 4 mil millones de pesos— permitió retomar los trabajos, que alcanzaron un 35% de avance. En ese momento, el plazo estimado de finalización se fijó para junio de 2027.
Nuevas dudas sobre la continuidad
El escenario actual vuelve a poner en duda ese cronograma. La falta de nuevos desembolsos reactiva las tensiones entre provincia y Nación en torno al financiamiento de la obra pública.
Enrico amplió la crítica al señalar que Santa Fe está asumiendo funciones que corresponden al Estado nacional, como el mantenimiento de rutas o la reactivación de obras emblemáticas. “En la provincia las empresas cobran en tiempo y forma. Es una decisión política que garantiza empleo y continuidad”, sostuvo.
La evolución del conflicto será clave no solo para definir el futuro de la planta potabilizadora, sino también para el esquema de infraestructura en una región donde la demanda de servicios básicos sigue en crecimiento.
Fuente: Sin Mordaza
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