El abogado de la familia, Luis Hilbert, sostuvo que existen elementos que comprometen al joven acusado y adelantó que buscarán que la Cámara Penal de Rafaela confirme la prisión preventiva. La causa también expone el límite de la ley frente al autor del ataque, de 15 años, que es inimputable.
A más de un mes del crimen de Ian Cabrera, el adolescente de 13 años asesinado en la Escuela Normal N° 40 de San Cristóbal, la causa judicial atraviesa una instancia clave.
La querella, representada por el abogado Luis Hilbert, adelantó que insistirá para que el joven de 16 años imputado como partícipe secundario continúe detenido, en el marco de la apelación a la prisión preventiva que deberá resolver la Cámara Penal de Rafaela.
El imputado, que permanece alojado en la cárcel de Las Flores, fue acusado como partícipe secundario de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, además de doble tentativa de homicidio por los otros dos estudiantes heridos durante el ataque. “Vamos a tratar por todos los medios que siga en prisión y que sea llevado a juicio como un adulto”, sostuvo Hilbert.
La defensa del adolescente apeló la medida, por lo que ahora será la Cámara la que defina si se mantiene la detención. “Estamos constituidos como querellantes y vamos a sostener la postura de que la prisión preventiva debe continuar”, explicó el letrado en declaraciones a la emisora LT10.
La hipótesis sobre su participación
Según detalló Hilbert, en el expediente judicial existen conversaciones entre el joven de 16 años y el autor material del ataque, en las que se evidenciaría un acuerdo previo. “Se lo excitaba a cometer el hecho, hablaban de cómo ingresar y disparar”, indicó.
El abogado también señaló que ambos compartían una admiración por autores de masacres escolares, en referencia al caso ocurrido en Estados Unidos en 1999. Para la querella, estos elementos son centrales para sostener la imputación.
El límite de la ley: el tirador es inimputable
En paralelo, la causa presenta una de sus mayores complejidades: el autor de los disparos tiene 15 años y, bajo la legislación vigente al momento del hecho, no es punible.
“No puede ser juzgado ni condenado”, explicó Hilbert. Actualmente, el adolescente se encuentra alojado en una institución en Venado Tuerto y su defensa podría solicitar el sobreseimiento por inimputabilidad, una salida habitual en estos casos.
El abogado recordó que la modificación que baja la edad de imputabilidad aún no estaba en vigencia al momento del hecho, por lo que no puede aplicarse de manera retroactiva.
Más allá de las imputaciones actuales, la investigación continúa. “No se cerró acá. La fiscal sigue trabajando y podrían aparecer otras personas involucradas”, advirtió Hilbert.
En ese sentido, evitó reducir el hecho a una única causa y planteó que se trata de un fenómeno complejo: “Hay múltiples factores que se entrecruzan: aspectos individuales, sociales, institucionales. No hay una sola explicación para lo que pasó”.
El reclamo de justicia y el dolor de la familia
Desde la querella remarcan que el objetivo es avanzar en la causa dentro del marco legal, pero con un reclamo claro de justicia. “Estamos ante una pérdida irreparable. No hay forma de dimensionar el dolor de la familia”, expresó el abogado.
Hilbert también puso en palabras una de las principales tensiones del caso: la dificultad de explicar por qué el autor material no puede ser juzgado. “¿Cómo le explicás a una familia que el que mató a su hijo no va preso? Es imposible”, señaló.
Debate sobre el sistema y los protocolos
El caso reavivó además el debate sobre la edad de imputabilidad y los mecanismos de prevención. Según explicó el letrado, en la provincia existen protocolos de actuación ante amenazas en escuelas, que implican la intervención inmediata de áreas de Seguridad y Educación.
“Son procedimientos complejos y costosos, que incluyen allanamientos, intervención de psicólogos y fuerzas de seguridad”, detalló.
En paralelo, también planteó interrogantes sobre el futuro del menor inimputable y su eventual reinserción. “No es sencillo que vuelva a la vida normal sin un proceso previo de evaluación y contención”, sostuvo.
Mientras la causa avanza y se esperan definiciones judiciales, el caso de Ian Cabrera sigue generando impacto y deja planteados interrogantes profundos sobre el sistema penal juvenil, la prevención de la violencia y el rol de las instituciones.
Fuente: UNO Santa Fe
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