Invitado por ADER, el ministro de Desarrollo Agrario de Buenos Aires, Javier Rodríguez, debatió con representantes de entidades de la ciudad el modelo económico y relativizó la reivindicación exultante oficial de la producción agropecuario porque el aumento de los costos le ha quitado buena parte de la rentabilidad.
Invitado por ADER, el ministro de Desarrollo Agrario de Buenos Aires, Javier Rodríguez, debatió con representantes de entidades de la ciudad de Santa Fe el modelo económico y relativizó la reivindicación exultante oficial de la producción agropecuario porque el aumento de los costos le ha quitado buena parte de la rentabilidad.
-Usted es el ministro de una actividad que está entre las “mimadas” del gobierno nacional. ¿Cuál es la real situación del sector?
-En primer lugar, no diría que es un sector mimado. Creo que este gobierno nacional es fuertemente hostil al conjunto de los sectores productivos. En el sector agropecuario vemos que atraviesa una coyuntura climática favorable y buenos precios internacionales, especialmente en la ganadería. Sin embargo, al analizar los factores externos y nacionales, la situación es compleja: aumentaron mucho el combustible, los fertilizantes y otros costos; el tipo de cambio no ayuda; y las producciones destinadas al mercado interno enfrentan una fuerte caída de la demanda.
Por eso, cuando analizamos no solo los volúmenes de producción sino también la rentabilidad, encontramos productores medianos y pequeños con dificultades, incluso en la producción agrícola. Además, otras actividades importantes, como la lechería y la apicultura, también enfrentan serios problemas de rentabilidad. Es cierto que, en comparación con la sequía de 2023, pueden mostrarse mayores volúmenes de producción, pero eso no significa que el sector esté atravesando una etapa de bonanza.
¿Tienen medido el impacto de la paralización de las obras públicas nacionales sobre el sector productivo? No me refiero solo a las rutas: en la provincia de Buenos Aires también hay obras destinadas a mitigar inundaciones, por ejemplo.
-No lo tenemos medido de manera explícita, pero sí sabemos —y hemos relevado— que quedaron mil obras paralizadas del gobierno nacional. Algunas las fuimos retomando desde el gobierno provincial; otras todavía no, porque además siguen bajo la órbita nacional y la provincia no puede simplemente asumirlas o reclamarlas como propias.
El impacto lo vemos claramente en términos cualitativos. Hay rutas fundamentales, como la Ruta Nacional 3, que atraviesa la provincia de Buenos Aires desde la Capital hasta Bahía Blanca y continúa hacia la Patagonia, en un estado desastroso. Por ejemplo, quedó sin terminar el cruce de la Ruta 3 con la 30 porque no se hizo un puente. Hoy los camiones que circulan por la Ruta 3 deben desviarse por la Ruta 30, hacer un giro en U y luego retomar la Ruta 3. Eso afecta a todos los camiones que pasan por allí. El costo es enorme, y distintos estudios muestran que por cada peso que se deja de invertir en mantenimiento, después la reparación cuesta entre cuatro y siete pesos. Es decir, todo termina siendo muchísimo más caro. Ese supuesto ahorro del gobierno nacional resulta profundamente ineficiente y, en definitiva, implica una verdadera dilapidación de recursos.
-En Santa Fe, sectores vinculados al agro, como la maquinaria agrícola, registraron caídas interanuales de dos dígitos en los últimos siete meses hasta mayo. ¿El panorama es similar en su provincia para esta actividad y para el resto de la industria ligada al agro?
-Sí, eso también está ocurriendo en la metalmecánica y, en particular, en la maquinaria agrícola. La caída responde a dos factores. Por un lado, hay una fuerte baja de la demanda, vinculada con lo que señalábamos antes sobre la rentabilidad: cuando la ecuación no cierra, también se reduce la compra de maquinaria. Por otro lado, aumentaron las importaciones. Pero incluso dejando de lado ese efecto, la demanda está deprimida. Es un panorama generalizado en todo el sector agroindustrial.
-¿Cómo impacta el desmantelamiento de institutos vinculados con el campo, como el INTA, el SENASA, el INTI y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina?
-Mirá, la verdad es que el impacto es enorme. Ahora se terminó de concretar una salida de personal en el INTA: durante el gobierno de Milei se fueron dos mil profesionales y técnicos del organismo. En muchos casos, según el último informe que recibimos —elaborado por la propia dirección nacional del INTA—, eso ya está implicando el abandono de líneas de trabajo e investigación, por ejemplo, en nanotecnología y en vacunas vinculadas con esa área.
Cuando uno analiza las líneas que se están perdiendo o que están en riesgo, la pérdida es enorme. Como país necesitamos más investigación, ciencia y tecnología, no menos. ¿Quién puede decir que no necesitamos nanotecnología? Parte de la competitividad del sector agropecuario se sostiene justamente en ese conocimiento científico y tecnológico. En ese sentido, el INTA es un bastión que articula con el sistema universitario, el CONICET y, en nuestro caso, también con la provincia.
-Ese debilitamiento afecta aspectos básicos de la economía ¿También puede generar dificultades sanitarias para el comercio internacional?
-El comercio de alimentos y productos agropecuarios requiere organismos sólidos que garanticen la inocuidad en cada etapa. Cuando surge un problema, la velocidad de respuesta es fundamental. Por eso es clave contar con un SENASA capaz de actuar rápido y articular con otros países para reabrir mercados.
Hoy recibimos pedidos de distintos sectores productivos porque esos trámites están demorados y eso termina afectando las exportaciones. Es decir, el debilitamiento de los organismos del Estado impacta sobre las exportaciones y, en consecuencia, también sobre la producción. Un caso conocido es el de Granja Tres Arroyos, que expresó públicamente sus dificultades para exportar; por eso lo menciono. Pero también existen otros casos, menos visibles públicamente, que muestran una situación similar.
-Usted es ministro de un sector que suele mirar con desconfianza al peronismo. Sin embargo, al oficialismo le fue bien electoralmente en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo interpreta esa convivencia y cómo la articula en la gestión?
-Desde el inicio de la gestión, en diciembre de 2019 —e incluso antes, cuando Axel era candidato a gobernador— venimos dialogando con el sector agropecuario y sus distintos referentes para plantearles nuestra mirada. En la provincia de Buenos Aires contamos con una política agropecuaria basada en cinco pilares: producir más y con más productores; impulsar una producción sustentable; agregar valor; incorporar ciencia y tecnología; y mejorar el acceso a la producción y al consumo de alimentos. Sobre esos ejes fuimos desarrollando líneas y programas concretos para las distintas actividades, siempre con mucha transparencia respecto de nuestros objetivos y nuestra visión.
Estamos convencidos de que un verdadero desarrollo económico requiere de la industria, del agro, del turismo y de todos los sectores. La vieja disyuntiva entre agro e industria quedó superada. Nuestra mirada es que necesitamos de todos y que debemos poner las herramientas de la provincia al servicio de ese acompañamiento. Creo que eso ayudó a construir un diálogo muy interesante, importante y fructífero, basado no solo en palabras, sino también en programas y acciones concretas. En ese sentido, el vínculo con las entidades de la provincia de Buenos Aires se modificó sustancialmente, aunque fuera de la provincia a veces eso no se conozca tanto.
– ¿Cuál es su posición sobre las retenciones?
-Siempre digo que hay que mirar el conjunto de variables, sobre todo en los debates actuales. Lo que incide sobre la rentabilidad del productor no es un solo factor, sino al menos siete variables.
Entre ellas están los precios internacionales —que no se manejan localmente—, el tipo de cambio, el costo de los insumos, la mano de obra, las tasas de interés y los impuestos. Por eso no alcanza con celebrar una baja de dos puntos en los derechos de exportación si, al mismo tiempo, el combustible aumentó 25% y el resto de la ecuación sigue deteriorándose. Tomar un solo punto como si explicara todo termina distorsionando el debate.
En ese contexto, una reducción parcial puede funcionar más como una cortina de humo que como un alivio real. Por eso creo que el eje del debate debe ser la rentabilidad: cómo está y cuáles son los factores que la afectan. Volviendo a los derechos de exportación, tampoco hay que olvidar que el año pasado el gobierno los llevó a cero por apenas 24 o 48 horas. Eso muestra una contradicción: si no había recursos, ¿cómo pudieron hacerlo? Y, además, está claro que esa medida no benefició al productor. Por eso me parece importante discutir estos temas dentro de un análisis integral de la rentabilidad, que es lo que realmente se necesita.
-Otro tema común a los distintos sectores productivos es el federalismo y el reclamo de que lo que aportan no vuelve. ¿Cuál es su mirada sobre esa cuestión?
-La provincia de Buenos Aires tampoco recibe en proporción a lo que aporta. Te lo pongo en números porque la situación es muy grave. La provincia de Buenos Aires aporta alrededor del 40% de los impuestos nacionales y, tradicionalmente, recibía cerca del 20%. Pero hoy ni siquiera recibe eso: aporta 40 y recibe apenas 7. Esto ocurre porque el gobierno nacional fue reduciendo los impuestos coparticipables, mientras mantuvo en niveles similares los que no se coparticipan.
Así, la mayor parte de los impuestos queda fuera de la coparticipación. Entonces, si la provincia aporta 40 y le vuelven 7, cabe preguntarse qué pasa con los otros 33. La respuesta es clara: en la provincia no se ven.
En ese sentido, tenemos una mirada coincidente con ese reclamo. Nuestro pedido mínimo es que esos recursos vuelvan en obras, programas y acciones concretas. Pero lo que vemos es que el gobierno nacional se queda con una proporción cada vez mayor de la torta y, además, esos fondos no regresan ni en infraestructura, ni en políticas públicas, ni en nada similar.
– ¿Cuál es su opinión —y la del gobierno bonaerense— sobre la ley de inviolabilidad de la propiedad privada?
-Lo primero que diría es que el gobierno nacional tiene una gran capacidad para cambiarle el nombre a las cosas. En este caso, cuando habla de propiedad privada, en realidad está abordando un tema específico: la extranjerización de las tierras rurales. Hoy existe un límite del 15% y restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros en zonas de frontera. Son condiciones que buscan garantizar la soberanía y evitar conflictos. Relajarlas no tiene sentido desde el punto de vista productivo y, además, tiene una enorme implicancia en términos de soberanía.
Vender tierras a extranjeros en zonas limítrofes puede generar conflictos futuros. En distintos lugares del mundo vemos que los países salen a defender a sus ciudadanos en el exterior. ¿Qué pasaría si una situación así ocurriera en una zona fronteriza? Por eso creemos que sería una pérdida muy grave de soberanía.
Nosotros lo vemos desde ese lugar. Es otra faceta en la que el gobierno nacional muestra un profundo desprecio por la soberanía. Así como quedó claro que no le interesa la cuestión Malvinas —más allá de cualquier sobreactuación posterior—, tampoco le interesa la soberanía tecnológica, productiva ni, como estamos viendo ahora, territorial. Y eso vuelve todo aún más grave.
Hay una cuestión central: la soberanía es lo que permite que cada pueblo decida sobre su propio futuro.
¿Quién debe decidir sobre estos temas? El pueblo, a través de sus representantes elegidos, sin quedar supeditado a otros países. En definitiva, lo que vemos es un desprecio del gobierno nacional por la posibilidad de que los argentinos decidan sobre el futuro de la Argentina.
Fuente: EL LITORAL
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