La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires le dio media sanción a una nueva ley antidiscriminación. Viene a reemplazar una norma nacional de 1988 que dejó afuera colectivos, tecnologías y realidades que entonces no existían. En el medio: un gobierno nacional que hizo del agravio un estilo.
La Cámara de Diputados bonaerense aprobó el proyecto impulsado por Alexis Guerrera, vicepresidente primero del cuerpo y referente del Frente Renovador, destinado a reforzar las herramientas contra los actos de discriminación, agilizar la respuesta judicial ante ese tipo de denuncias y ampliar las políticas públicas de prevención. La iniciativa, que ahora deberá ser tratada por el Senado bonaerense para completar su trámite legislativo, contó con el respaldo de organizaciones de derechos humanos y del activismo LGBTIQ+, entre ellas la Federación Argentina LGBTQ (FALGBT).
En el recinto, Guerrera sostuvo que la iniciativa responde al contexto político y social del país y cuestionó la naturalización de expresiones y conductas discriminatorias. Además, señaló que existe “un sector de la política argentina que viene militando fuerte para poner al racismo o la discriminación de moda”.
Qué dice la ley y qué cambia
La propuesta amplía las categorías contempladas para determinar la existencia de discriminación e incorpora, entre otras, el color de piel o etnia, origen nacional y social, situación migratoria, lengua o idioma, edad, estado civil, situación o responsabilidad familiar, discapacidad, condiciones de salud, perfil genético, situación o antecedentes penales y hábitos personales, sociales o culturales.
Uno de sus cambios más significativos es procesal: invierte parcialmente la carga de la prueba. La persona denunciante deberá acreditar los hechos que considera discriminatorios, mientras que la parte demandada tendrá que aportar una justificación objetiva, razonable y suficientemente probada sobre su conducta. Una vez acreditado el hecho y cuando quien demanda pertenezca a un grupo históricamente discriminado, podrá presumirse la existencia de discriminación. Hoy, en cambio, probar lo que muchas veces ocurre en silencio recae casi enteramente sobre quien fue discriminadx.
Por qué importa
La ley nacional antidiscriminación vigente tiene 38 años. No contempla los discursos de odio en redes sociales, no nombra a las identidades travesti-trans como categoría protegida, no prevé nada sobre el entorno digital. El mundo que regula es otro.
María Rachid, referente histórica del activismo LGBTIQ+ y funcionaria de la Defensoría del Pueblo porteña, fue directa: “Esta media sanción es una excelente noticia, especialmente en un momento en el que desde los lugares de mayor responsabilidad institucional del país se habilitan, legitiman y promueven discursos discriminatorios que creíamos superados. La discriminación no es una opinión: vulnera derechos, restringe oportunidades y muchas veces se traduce en violencia y exclusión concreta.”
Esteban Paulón, diputado nacional y ex presidente de la FALGBT, señaló la dimensión política del avance bonaerense: “La aprobación de la ley antidiscriminatoria en la provincia de Buenos Aires es un paso muy importante, sobre todo porque sienta las bases y las condiciones para que, en algún momento, en el Congreso Nacional podamos discutirla. No se consideran cuestiones como los discursos de odio o lo que está ocurriendo a partir de las nuevas tecnologías. Contar con una herramienta que tenga solidez, que sea moderna y que contemple más ampliamente la temática de la discriminación es fundamental.”
Paulón también marcó la grieta: “Lamentablemente, hasta ahora los diputados y diputadas del oficialismo se han negado a dar ese debate.”
La norma llega en un momento en que el gobierno nacional desguazó el INADI, recortó políticas de diversidad y habilitó desde el Estado una retórica que muchos organismos de derechos humanos calificaron como discurso de odio institucionalizado. En ese contexto, que la provincia más grande del país avance en dirección opuesta no es un dato menor.
“Frente a quienes pretenden naturalizar nuevamente el odio y la discriminación”, dijo Rachid, “la respuesta de la democracia tiene que ser más igualdad, más derechos y más herramientas para hacerlos efectivos.” Ahora falta que el Senado bonaerense acompañe. Y que el Congreso nacional, algún día, decida que desde 1988 ya fue suficiente tiempo de silencio.
Fuente: Página 12
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