La Sala IV avaló el planteo de Sandra Pettovello y determinó que sea el fuero más favorable al gobierno el que determine la cuestión de fondo del diferendo. La Central cada vez con menos margen.
Por: Alfonso de Villalobos / Tiempo Argentino
La Cámara Contencioso Administrativa Federal resolvió hoy reconocer la competencia de ese fuero para dar tratamiento a la constitucionalidad de la reforma laboral. El fallo de los jueces de la Sala IV, Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy se conoció en horas de la tarde a pesar del descargo del fiscal general Rodrigo Cuesta que había tomado una postura contraria.
El letrado que representa la posición del Ministerio Público Fiscal rechazó en su descargo el reclamo de la jueza del juzgado Contencioso Administrativo n° 12 Macarena González Marra para que, a instancias del Ministerio de Capital Humano, el diferendo pasara ese fuero que tramita litigios contra el Estado.
El fiscal había rechazado el reclamo pese a la presencia del Estado Nacional como demandado y a la invocación del precedente “Rizzo” de la Corte Suprema y aseguró que la causa corresponde al derecho del trabajo, individual y colectivo y que, por lo tanto, las inconstitucionales deberían abordarse según sus principios tanto de orden nacional como internacional.
La Sala IV de la cámara contencioso administrativa, sin embargo, desoyó el descargo y se pronunció en sentido inverso avalando el reclamo de la jueza Macarena González Marra en lo que configura un aval a la política del gobierno nacional en general y en particular al recurso presentado por la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.
En su dictamen los jueces sostienen que el juez Raúl Ojeda operó de manera “irregular” en tanto “omitió comunicar su decisión a la jueza requirente al rechazar la inhibitoria” y que, dar lugar a su solicitud para que la contienda la dirima el fuero del trabajo implicaría “quedar sometido a un procedimiento deformado”.
Ya la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había concedido un fallo clave al gobierno cuando, a instancias de los jueces María Dora González y Víctor Arturo Pesino, dejó sin efecto el carácter suspensivo de la medida cautelar establecida por el juzgado n° 63 de ese fuero restituyendo vigencia a la ley de “modernización laboral”. A contramano de la jurisprudencia de la Corte Suprema, en sus fundamentos, la Sala VIII había rechazado que los trabajadores fueran «personas vulnerables» y, como tales, pudieran gozar de una medida cautelar con efectos suspensorio.
De este modo la estrategia de la CGT sufrió una serie de reveses consecutivo durante la semana que, además, podrían ser la antesala de una posición controversial de la Corte Suprema en caso de que la misma acepte el “per saltum” solicitado por el Ejecutivo y acepte acelerar los procedimientos para dar tratamiento a la medida cautelar.
El fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo sostiene que “no existen derechos adquiridos a ser juzgado por un determinado procedimiento”.
Además, puntualizan, la ley incluye elementos de orden federal como el Fondo de Asistencia Laboral que conllevan la participación del Estado Nacional y, de allí, se deriva la competencia del fuero mencionado que también sería el indicado para analizar la situación de los regímenes laborales específicos del Estado nacional afectados por la norma.
El dictámen establece que “la materia en debate atañe a cuestiones que se relacionan con facultades inherentes a uno de los poderes del Estado, como es la facultad del Congreso nacional de crear tribunales y asignarles competencias en temas federales, o de financiar parte de las indemnizaciones por despido”.
De este modo será el juzgado N° 12 del fuero contencioso y administrativo el encargado de definir sobre la cuestión de fondo en el diferendo.
La CGT, por su parte, recibió otro duro revés que reduce su margen de acción en el terreno judicial. El jueves, en la Plaza de Mayo, tiene la oportunidad de dar lugar a una nueva estrategia, esta vez, en terreno de la disputa callejera.
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