Ambos fueron citados a indagatoria para el próximo 27 de marzo por la justicia federal. Están acusados por defraudar al estado en 47 millones de pesos por el uso de un terreno fiscal.

Por Ignacio Mendoza

Tras el llamado a indagatoria, el juez federal Nº 1 de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, ordenó inhibir los bienes generales de los propietarios de las dos concesionarias ubicadas en el terreno perteneciente, en parte, al Estado nacional. El mismo se encuentra situado en avenida Alem y Las Heras, en una zona donde diariamente circulan miles de automóviles y que cotiza por un alto precio.

Se trata de la firmas Nation y Vitacar, cuyos dueños (Marcos V. y Jorge Alberto M.) serán indagados el próximo 27 de marzo por el delito de partícipes necesarios de la “defraudación al Estado“, luego de ocupar el terreno, de manera ilegal, desde fines del 2001 hasta la actualidad en el caso de Vitacar, mientras que Nation hasta el 2018, luego de adquirir dos lotes de la manzana 99ª en una subasta organizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

La resolución judicial, que hizo lugar al pedido del fiscal del caso, Gustavo Onel, ordenó la misma acción contra los exfucionarios nacionales, Fernando Miguel Suárez y Antonio Alberto Vulcano. El primero fue el director del  Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe) desde el 4 de junio del 2003 hasta el 9 de agosto del 2012. En tanto, el segundo ocupó el cargo de presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (organismo creado tras la disolución del Onabe), desde agosto del 2012 hasta el 21 de diciembre del 2015.

La medida dictada por el juez Rodríguez ordenó la inhibición general de los bienes de Suárez y Vulcano por un monto de $16.000.000, cada uno. A su vez, dispuso la misma orden para los bienes del titular de Nation por 8.500.000 y de Vitacar por 7.500.000.

La medida cautelar está destinada al congelamiento de los bienes de los cuatro investigados por las sumas indicadas y tiene por objeto garantizar que en un futuro pueda responderse penalmente por el perjuicio ocasionado en torno a la maniobra que investiga la Justicia federal.

Al respecto, el fiscal Gustavo Onel, explicó de cuánto oscilaría el fraude investigado aunque todavía no se llevó a cabo un informe detallado de tasación. “El monto del perjuicio inicial es al menos 47 millones y medio de pesos”, destacó el representante del Ministerio Público Fiscal.

“Nosotros consideramos que si uno de los ocupantes, en el caso de la firma Nation, llegó a un acuerdo con el Estado nacional, a través del cual en el año 2017 pagamos un millón seiscientos mil pesos, nosotros multiplicamos eso para atrás, desde 2001 a 2015, y nos da una cifra de 25 millones en relación con ese ocupante. La sumataria de ese concepto, a valores actuales asciende a 47 millones de pesos”.

Fuente: Uno Santa Fe