Tras la llegada en los últimos años de 1,6 millones de venezolanos que escapan de la crisis de su país, se han suscitado polémicas en relación a hechos delictivos adjudicados a bandas de esa nacionalidad.

Amenazas de muerte lanzadas públicamente por delincuentes venezolanos y ultimátum dados en respuesta por organizaciones peruanas configuran un cuadro explosivo en Lima, ciudad azotada por el fantasma de la inseguridad.

“Comenzaremos a matar a todos los motorizados (mototaxistas) peruanos que estén en los paraderos de (el distrito limeño) La Victoria”, advirtieron hombres armados que se identificaron como miembros de la banda venezolana Los Gallegos, en un video difundido por las redes sociales. “Si no hay pan para los venezolanos trabajadores, no habrá pan para los peruanos que apoyan la xenofobia”, agregó el vocero del grupo, formado ante las cámaras por unos 15 encapuchados vestidos de negro que exhibían fusiles y otras armas sofisticadas.

Los Gallegos, grupo que al igual que Hermanos Sicarios, Hijos de Dios, Dinastía Alayón y Cota 95 actúa bajo el paraguas del Tren de Aragua, una gran organización criminal venezolana que actúa en varios países latinoamericanos, respondía así a amenazas “xenófobas”.

Esas amenazas, lanzadas por organizaciones clandestinas de peruanos que se dicen hartas de la delincuencia llegada desde Venezuela, son a la vez una respuesta al margen de la ley frente a la explosión de delitos como la extorsión, el secuestro y el robo, atribuidos en buena parte a los inmigrantes.

A Perú llegaron en los últimos años cerca de 1,6 millones de venezolanos que escapan de la crisis de su país. Aunque la mayoría se dedica a actividades lícitas, unos 150.000, según calcula el exministro del Interior y actual congresista Fernando Rospigliosi, son delincuentes.

Una de sus actividades más lucrativas es la extorsión. Las víctimas van desde empresarios medianos que tienen que pagar más de 10.000 dólares para evitar atentados contra sus vidas o propiedades, hasta mototaxistas o vendedores ambulantes a los que se aplica una cuota diaria de cinco soles (1,3 dólares).

La extorsión está desbordada en Lima y, en especial en zonas periféricas, abundan testimonios de personas obligadas a pagar por lo que las bandas llaman “protección”. Asesinatos y atentados con explosivos se producen a diario como represalia a quienes no cumplen con su cuota.

La respuesta comenzó a llegar desde los sectores afectados: “Si van a hacer algo, que lo hagan; nosotros vamos a tener la valentía de botarlos a patadas”, dijo un dirigente comunal del cerro San Cosme, en La Victoria, que se presenta con la cara descubierta y el falso nombre de “Javier García”. “La advertencia es para todos los venezolanos; lamentablemente van a tener que pagar justos por pecadores”, añadió “García” en una reunión con mototaxistas de la que dio cuenta la prensa local.

Carteles con leyendas como “Fuera venezolanos” aparecieron en distintos puntos de Lima, con énfasis en La Victoria y el vecino distrito El Agustino, ambos populosos y con marcada presencia de provenientes del país caribeño.

En La Victoria está Gamarra, muy concurrido barrio comercial en el que con notable éxito venden sus productos textiles pequeños y medianos empresarios. Se trata de uno de los puntos más dinámicos en la economía del país.

Allí, en Gamarra, se centró mucha de la actividad de las bandas extranjeras y la situación es explosiva. En los últimos días se produjeron batallas campales entre peruanos y venezolanos, con agresiones con palos, puños y patadas, y la situación parece ir en aumento.

También el gremio de los transportistas se movilizó para decir basta: “Los peruanos los recibimos, pero no para que hagan sus maldades; nos quieren matar, nos quieren quemar”, dijo un activista durante una marcha que congregó a cientos de personas en Lima.

El jefe de la Policía capitalina, Roger Pérez, se niega, empero, a ver el asunto como una “guerra” peruano-venezolana y prefiere enfocarlo como “celos laborales”.

Según testigos, las extorsiones y los robos eran ya comunes en Gamarra antes de la masiva inmigración, pero ahora se desbordaron. Las respuestas del gobierno no convencen a los afectados. Tampoco las de la alcaldía de Lima, muy criticada por su supuesta falta de acción frente al fenómeno, a pesar de que el actual titular, Rafael López Aliaga, ganó el cargo con promesas de “delincuencia cero”.

El gobierno central decretó estado de sitio en el centro de Lima y los distritos San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Lince, pero la situación no varió. En cambio, empeoró en otros, como El Agustino, pues, según su gerente de seguridad, Jorge Nieves, se le quitó policías para reforzar las zonas en emergencia.

En 2016, el presidente Pedro Pablo Kuczynski les abrió las puertas a los venezolanos, en respuesta a su colega Nicolás Maduro, rival ideológico. Se les dieron entonces facilidades a los inmigrantes, como permisos de trabajo y flexibilidad en los trámites, lo que convirtió al país en el segundo mayor receptor de venezolanos, solo superado por Colombia.

El convencimiento de que la mayoría de inmigrantes respeta las leyes choca con la presencia de la delincuencia de grupos minoritarios, como los congregados en el Tren de Aragua. La banda no solo se enseñoreó en Perú, sino que fortaleció tentáculos en Colombia, Chile y Ecuador y en menor medida en la Argentina, entre otros países.

Todo ello, acompañado por brotes de xenofobia: “Tienen que entender que los buenos somos más; la gente siempre nos mira mal, pero no todos somos malandros, es insoportable”, dijo a Télam la venezolana Yuleska, vendedora ambulante de golosinas en el centro de Lima.

Por lo pronto, refiere la agencia Telam, la situación parece a punto de cobrar la cabeza del ministro del Interior, Vicente Romero, quien, según los cálculos, difícilmente sobrevivirá en los próximos días a una moción de censura contra él en el Congreso por su falta de resultados.