Un decreto firmado por Perotti ordena la vuelta a los lugares donde están designados a agentes del Estado que están presentando servicios en otros poderes o sociedades del Estado. La medida alcanza a unos 80 agentes.
El Poder Ejecutivo dejó sin efecto, a partir del corriente mes de enero, todas las adscripciones, comisiones de servicios y afectaciones de cualquier índole de personal designado en esa área y ordenó el reintegro a las dependencias donde revisten como titulares. Son empleados designados en el Poder Ejecutivo y que hasta diciembre cumplían funciones en el Poder Legislativo, Defensoría del Pueblo, Tribunal de Cuentas, empresas o sociedades del Estado.
La medida está contenida en el decreto 2424 que tiene fecha 30 de diciembre y que trascendió en las últimas horas. El instrumento lleva las firmas del gobernador Omar Perotti y del entonces ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig.
Voceros de Casa de Gobierno indicaron que la medida alcanza unos 80 agentes que deberán volver a prestar servicios en el Poder Ejecutivo. También el decreto les ordena a esos empleados tomar la licencia anual ordinaria pendiente o la fracción correspondiente en el presente mes de enero. Finalmente, se deja en manos de los responsables de cada jurisdicción hacer cumplir el decreto y evaluar posibles razones que justifiquen renovar la adscripción.
En los considerandos del decreto se remite a la situación de distanciamiento social, preventivo y obligatorio que aún está vigente. “Concluido el año 2020, una medida que hace al buen orden administrativo es que todos los organismos y entidades organicen las acciones de gestión a concretar durante 2021 en base a las plantas concretas de agentes con que cuentan”, señala.
Acota que resulta pertinente disponer el cese de adscripciones, comisiones de servicios y afectaciones de personal dependientes de este Poder Ejecutivo y sus organismos descentralizados a los mencionados ámbitos, y su reintegro a las funciones inherentes a su cargo titular de revista, a los fines de que los titulares de las jurisdicciones a las que corresponden consideren su situación, en el marco de un análisis general de las necesidades de los recursos humanos existentes a los fines del desarrollo de los cometidos estatales a su cargo, propendiendo a su utilización racional”
Con información de El Litoral
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