La media sanción del Senado dejó a Córdoba y Santa Fe procurando liberalizar la provisión de biocombustibles que se mezclan con el gasoik y la nafta. El kirchnerismo intentó preservar privilegios de una ley del 2021 que no dejaba entrar nuevos jugadores, incluso cuando fueran firmas nacionales pequeñas o medianas.
Santa Fe quedó en el centro de la discusión energética nacional. El debate en el recinto de la Cámara alta tuvo a un oficialismo (y aliados) a favor de integrar en el mercado interno de biocombustibles a las multinacionales del cordón agroexportador del Gran Rosario, pero dando 10 años de plazo a las Pymes del biodiésel -que también tiene fuerte presencia en la provincia- para que se adapten a la competencia.
Las empresas integradas (las multinacionjales que procesan oleaginosas y tienen puertos sobree el Paraná en el Gran Rosario) y el liderazgo de la región en la molienda de soja, fue el centro de atención. El gobierno provincial venía impulsando la norma de Casa Rosada, sin desconocer a las Pequeñas y Medianas Empresas pero señalando la necesidad de poner en marcha la capacidad ociosa de las industrias del sector.
Estaban fuera del mercado interno por imperio de una ley que impuso en 2021 Máximo Kirchner, que protegió a las Pymes ya insataldas y dejó sin posibilidad tanto a los grandes jugadores como a otras Pymes que quisieran sumarse a la provisión de un mercado interno cuyo precio y cupos repartía el gobierno nacional.
Los bloques opositores y representantes de La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Buenos Aires alertaron sobre una asimetría logística futura que, según denunciaron, amenaza con extinguir a las pequeñas y medianas plantas del interior en favor del complejo agroportuario santafesino.
Quienes acompañaron el dictamen de mayoría destacaron que el proyecto reemplaza la Ley 27.640 y genera un marco de libre competencia, inversión tecnológica, desarrollo federal y beneficio a los consumidores.
Alejandra Vigo (Córdoba – Unidad Federa): Defendió el proyecto consagra el desarrollo provincial y brinda previsibilidad por los próximos 15 años. Remarcó que Córdoba lidera la producción de bioetanol a base de maíz (con el 36% de la cosecha nacional y el 70% de la capacidad de molienda de etanol) y subrayó la agenda de trabajo común con la provincia de Santa Fe en el marco de la Región Centro.
Carmen Álvarez Rivero (Córdoba – PRO / La Libertad Avanza): Acompañó la iniciativa al señalar que destraba el potencial de la biotecnología aplicada al maíz y fomenta la competencia en libertad sin padrinazgos del Estado. Argumentó que cada punto adicional de corte de combustible genera hasta 3.000 puestos de trabajo.
Beatriz Ávila y Juan Luis Manzur (Tucumán – Frente Juntos por Tucumán y Partido Justicialista / UxP): Resaltaron el fuerte consenso en el capítulo de bioetanol, el cual eleva el corte al 15% (destinando un 6% fijo a la caña de azúcar). Ávila recordó el antecedente del Plan Alconafta de 1978 y remarcó que la actividad da sustento a 45.000 empleos directos en su provincia.
Ezequiel Atauche y Carolina Moisés (Jujuy – La Libertad Avanza y Unión por la Patria): Votaron a favor enfatizando el impacto en la matriz productiva jujeña y los 10.500 empleos directos del sector azucarero. Moisés valoró los 20 años de construcción política desde la ley original de 2006 e impulsó la previsibilidad regulatoria a 15 años.
Flavio Fama (Catamarca – Unión Cívica Radical / Presidente de la Comisión de Minería y Energía): Argumentó que la norma pasa de un esquema fuertemente intervenido y regulado a una matriz de mercado transparente y competitivo que diversifica los biocombustibles e incentiva el valor agregado en origen.
Carlos Arce (Misiones – Frente Concordia Misionero): Adelantó el acompañamiento del bloque misionero exigiendo que en la reglamentación la biomasa forestal provenga exclusivamente de bosques cultivados para preservar la biodiversidad del bosque nativo. Patricia Bullrich (CABA – La Libertad Avanza): Defendió la norma asegurando que protege la transición hasta el año 2036, impide la concentración y busca lograr precios amigables para los consumidores
Patricia Bullrich (CABA – La Libertad Avanza): Defendió la norma asegurando que protege la transición hasta el año 2036, impide la concentración y busca lograr precios amigables para los consumidores.
Rechazos y disidencias
En la vereda opuesta, un sector de senadores concentró sus duras críticas en el capítulo del biodiésel, denunciando la falta de protección para las Pymes regionales y la pérdida de puestos de trabajo fuera de los centros portuarios.
Jorge Capitanich (Chaco – Unión por la Patria): Cuestionó que el dictamen reduzca la cuota de biodiésel para Pymes del 7,5% al 4%, delegue facultades discrecionales a la Secretaría de Energía (arts. 12 y 13), incorpore combustibles sintéticos (art. 6) y habilite contratos en paralelo que vacían el mercado electrónico (arts. 14 y 15). Reclamó subir el corte general de biodiésel al 15%.
Pablo Ben Susán (La Pampa – Unión por la Patria): Rechazó la derogación de la Ley 27.640 que otorgaba seguridad jurídica hasta 2030. Criticó la doble vara entre el bioetanol (que cuenta con cupos segmentados entre caña y maíz) y el biodiésel, donde las Pymes del interior (La Pampa, San Luis, Entre Ríos, Buenos Aires) deben competir contra los gigantes agroexportadores de Santa Fe que cuentan con ventajas logísticas inmediatas al puerto
Fernando Aldo Salino (San Luis – Unión por la Patria): Presentó el dictamen de minoría e ilustró el dilema con una metáfora sobre «el flan de la abuela Néida», exigiendo «agrandar el molde» e incrementar el corte de biodiésel al 15% para que nadie quede afuera del mercado. Advirtió que la norma condena al cierre a plantas del interior, vulnerando los cálculos de inversión previstos hasta 2030.
Humberto Benedetto (Entre Ríos – Juntos por el Cambio / PRO): Hizo foco en el perjuicio a la seguridad jurídica de las empresas que invirtieron con la meta legal fijada hasta 2030, y propuso asignar un 5% del corte exclusivamente a las Pymes alejadas del nodo exportador.
José Mayans (Formosa – Unión por la Patria / Jefe de Bancada): Solicitó (sin éxito) un cuarto intermedio para acercar posiciones y evitar la destrucción de la industria Pyme en las provincias. . Advirtió que al desregular el mercado sin salvaguardas regionales, las grandes empresas terminarán absorbiendo al sector y cartelizando los precios..
Maximiliano Abad (Buenos Aires – Unión Cívica Radical): Sostuvo -en línera con el kirchnerismo- que las empresas de su provincia resultan perdedoras con este esquema y acompañó la solicitud de cuarto intermedio.
Definición en el recinto
Luego de que el pleno rechazara por 41 a 25 la moción de cuarto intermedio formulada por el senador Mayans, se procedió a la aprobación en general del proyecto por idéntico resultado. En el tratamiento en particular, la senadora informante Flavia Royón aceptó las modificaciones propuestas por el senador Pablo Servi (Neuquén) y respaldadas por la senadora Carolina Losada (Santa Fe).
Los cambios estuvieron vinculados a la precisión de las empresas integradas y no integradas, los porcentajes del período de transición y las regiones geográficas de comercialización. Con la aprobación final de todos los artículos, la iniciativa fue girada formalmente a la Cámara de Diputados para su revisión.
Fuente: El Litoral