El agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano salen de la órbita del Estado.
Dos consorcios presentaron ofertas técnicas para adquirir el 90 por ciento de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) que pertenecen al Estado nacional. El 10 por ciento restante de la compañía continuará en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.
El proceso que impulsó el Gobierno de Javier Milei apunta a transferir al sector privado el control de la empresa que brinda servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
AySA atiende a cerca de 14 millones de habitantes y cuenta con unos 3,8 millones de usuarios.
La apertura de los sobres técnicos confirmó la presentación de dos propuestas, pese a que 17 potenciales participantes habían manifestado interés en las etapas previas.
Los oferentes deberán superar la evaluación antes de avanzar a la instancia económica, en la que se definirá la adjudicación del paquete accionario estatal.
Uno de los consorcios está encabezado por Rowing S.A., una empresa de ingeniería, construcción y servicios industriales controlada por Walter Román.
La propuesta de Rowing S.A. incluye a Transclor, compañía del empresario Mauricio Filiberti; Arcos Saneamento e Participações, vinculada al grupo brasileño Equipav; y PHX, un vehículo de inversión radicado en Países Bajos.
El segundo grupo es Roggio ROAS S.A.U., sociedad vinculada al Grupo Roggio.
La oferta de Roggio ROAS S.A.U. también está integrada por Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre.
El grupo vinculado a Roggio opera Aguas Cordobesas en Córdoba y tiene participación en servicios urbanos e infraestructura.
La futura concesionaria deberá asumir un programa de inversiones estimado en más de 2.000 millones de dólares entre 2027 y 2031.
El esquema prevé obras de expansión, mantenimiento y mejora de las redes de agua potable y desagües cloacales.
Las metas previstas para 2031 establecen una cobertura de 75,3 por ciento para agua potable y de 63,9 para desagües cloacales.
Al cierre de la concesión, cuyo plazo inicial será de 30 años y podrá prorrogarse, la exigencia será alcanzar al menos 90 por ciento de cobertura de agua y 75 por ciento de cloacas.
El proceso también contempla definiciones sobre la estructura tarifaria, el financiamiento de las obras y los mecanismos de control regulatorio.
Al mismo tiempo, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento adjudicó por hasta 275,8 millones de pesos un servicio de extracción, traslado y análisis de muestras de agua y efluentes a Estudio Ecológico Industrial SRL.
La contratación tendrá una vigencia de 12 meses, con posibilidad de prórroga, y abarcará controles sobre agua potable, redes cloacales y plantas depuradoras.
Fuente: Página 12