El expresidente colombiano había cuestionado la captura de la excandidata presidencial correísta. El movimiento Revolución Ciudadana denuncia persecución política y de comportamientos dictatoriales.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dio un paso más en su alineamiento con las políticas del Departamento de Estado y ahora afirmó que está «desbaratando una estructura grande de narcotráfico y lavado de activos que incluye al expresidente (de Colombia, Gustavo) Petro«. Fue en respuesta a las críticas del exmandatario tras la detención de la excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González, bajo acusaciones de la Fiscalía por financiación política y el gasto electoral durante la campaña de 2023.
Petro afirmó en redes -citando una publicación del expresidente ecuatoriano Rafael Correa – que «en Ecuador se desarrolla una verdadera dictadura, que comienza con un fraude electoral«. «El llamado escudo no es un escudo contra el narcotráfico, sino un escudo contra la democracia», agregó.
Horas después, Daniel Noboa dijo a la revista colombiana Semana que el exdirigente colombiano «se enloquece y hace comentarios así» porque en Ecuador «estamos desbaratando una estructura grande de narcotráfico y lavado de activos que incluye al expresidente Petro«.
Tras la detención de Luisa González, la Fiscalía ecuatoriana aseguró que las autoridades policiales ejecutaron órdenes de detención en las provincias de Pichincha y Manabí «contra tres personas investigadas por su presunta participación en el delito de blanqueo de capitales«, si bien son siete los investigados en esta causa. Acusaciones que ella negó a través de las redes sociales.
La institución investiga «presuntas irregularidades en la financiación política y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023 por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos», el conocido como caso Laberinto.
El Gobierno ecuatoriano, a través del primer vicepresidente de la Asamblea, Esteban Torres, descartó que la acción de la Fiscalía en contra de Luisa González tenga de trasfondo la época electoral. «Aquí se ha malentendido el concepto de que aquél que está en política, está santificado. No se puede decir que cualquier investigación que se haga en un período electoral esté necesariamente relacionado. Somos cautos, es una investigación previa y estaremos atentos al caso», ha dicho.
En marzo pasado, Revolución Ciudadana (RC), el principal partido opositor del país y que nuclea al correísmo, fue suspendido por el Tribunal Contencioso Electoral a partir de la investigación fiscal que ahora prosigue con la detención de González. La lectura política del entorno de Rafael Correa es que el único objetivo es dejarlos fuera de carrera para las elecciones de 2027. Pero incluso esta nueva medida apunta a mucho antes.
Luisa González fue detenida este jueves en la provincia de Manabí, a poco más de un mes de las elecciones locales del 29 de noviembre. La detención se produjo en plena disputa política y González fue aprehendida en Canuto, la localidad donde ella creció, en un operativo de agentes enviados desde Quito, según confirmó la Policía Nacional.
La Fiscalía informó también que ejecutó junto a la Policía tres órdenes de detención en las provincias de Manabí y Pichincha en el marco del denominado caso Laberinto, que investiga inconsistencias en los aportes y el origen de los fondos utilizados durante la campaña presidencial de 2023.
González también está vinculada a otra investigación, el caso Caja Chica, por el presunto uso de dinero procedente de Venezuela para financiar la campaña presidencial extraordinaria de 2023. Las acusaciones forman parte de una serie de procesos que el correísmo considera una persecución política impulsada por el gobierno de Daniel Noboa.
Antecedentes
RC fue suspendid en marzo por el Tribunal Contencioso Electoral a petición de la Fiscalía, lo que le impidió participar en los comicios locales. González tampoco logró inscribir su candidatura a la Prefectura de Manabí, que pretendía disputar con el respaldo del partido indígena Pachakutik.
En febrero pasado, la muy activa Fiscalía General detuvo a Aquiles Álvarez Henriques, alcalde de Guayaquil, que había ganado el comicio de tres años antes bajo el auspicio del movimiento RC destronando de más de 30 años de liderazgo al partido Social Cristiano. Álvarez Henriques fue condenado a seis años y ocho meses de prisión.
Violando todas las disposiciones del asilo político, fuerzas policiales asaltaron la embajada mexicana en Quito el 5 de abril de 2024 y secuestraron al exvicepresidente Jorge Glass, que había sido sido condenado a un total de 27 años de prisión por presuntos casos de corrupción que involucran a la empresa brasileña Odebrecht y a la reconstrucción de Manabí tras el terremoto del 16 de abril de 2016.
Es en este marco que el legislador RC Héctor Rodríguez consideró que la detención de la excandidata es «una retaliación política de parte de Noboa, quien ha tenido comportamientos dictatoriales al anular los contrapesos democráticos en el Ecuador«. En su opinión, el arresto de González, quien presidió la RC entre 2023 y 2026, forma parte de una estrategia para restringir la participación de las fuerzas opositoras en los comicios.
Para el legislador, la detención responde a un proceso de concentración del poder político e institucional que, a su juicio, busca reducir la competencia electoral. «Se han anulado los contrapesos y gobierna un partido único que pretende en las elecciones seccionales, donde se eligen a autoridades como alcaldes y prefectos, correr sin competencia electoral«, afirmó.
ALG con Europa Press, NA y Sputnik