Choferes de la ciudad advierten que los viajes en motocicleta ofrecidos por aplicaciones profundizan la crisis del transporte tradicional. Cuestionan la falta de controles, describen la pérdida de licencias y reclaman que se regule la actividad. La caída del poder adquisitivo y los cambios normativos también inciden.
Los viajes en moto solicitados a través de aplicaciones como Uber y DiDi se utilizan cada vez más en la ciudad y en el Gran Santa Fe pese a que el transporte comercial de pasajeros en motovehículos está prohibido. La situación genera reclamos de taxistas y remiseros, que denuncian una competencia desigual, cuestionan la falta de controles y advierten que la crisis económica golpea cada vez más a quienes trabajan dentro del sistema habilitado.
Desde la Municipalidad de Santa Fe ratificaron que la normativa vigente no permite trasladar pasajeros en motos a cambio de un pago y aseguraron que continúan con las tareas de fiscalización. Sin embargo, los trabajadores sostienen que la actividad se desarrolla a la vista de los inspectores sin que se apliquen controles suficientes.
“Estamos viviendo, en el transporte público de pasajeros, una crisis bastante importante”, afirmó Diego Falcone, presidente de la Sociedad de Taximetristas de Santa Fe. Según explicó, el crecimiento de esta modalidad responde tanto a la necesidad de generar ingresos como a las dificultades de los usuarios para afrontar los costos del transporte.
En trayectos cortos, las motos pueden resultar más económicas y rápidas que otras alternativas, incluso frente al colectivo. Para los taxistas y remiseros, esa ventaja atrae pasajeros hacia un servicio que no está habilitado para el transporte comercial de personas.
Qué responde la Municipalidad
Desde el Ejecutivo local señalaron que “el transporte comercial de pasajeros en motocicletas mediante aplicaciones como Uber Moto o DiDi Moto se encuentra expresamente prohibido por la normativa vigente en la ciudad”.
La Municipalidad precisó que la Ordenanza N.º 12.991, modificada por la Ordenanza N.º 13.103, regula el transporte de pasajeros mediante plataformas digitales y excluye “el traslado comercial, habitual y oneroso de personas en motovehículos, independientemente de la modalidad de contratación del viaje”.
El Municipio aclaró que las aplicaciones de viajes no están prohibidas en Santa Fe. Su funcionamiento está regulado y los conductores y vehículos deben cumplir con los requisitos de habilitación correspondientes, pero esa autorización no incluye los viajes comerciales en motocicleta.
“La seguridad de los pasajeros y la idoneidad de quienes prestan el servicio son aspectos fundamentales de esta regulación”, indicaron. Además, aseguraron que la Municipalidad “continúa con las tareas de fiscalización para verificar el cumplimiento de la normativa y aplicar las medidas correspondientes cuando se detectan infracciones”.
“Una competencia ilegal”
Los trabajadores del sector cuestionan que, mientras taxis y remises deben afrontar gastos de habilitación, seguros y documentación, las motos que trasladan pasajeros mediante aplicaciones continúen captando viajes.
Nelly, conductora de un remis en Santa Fe, describió la diferencia entre las exigencias que enfrenta el transporte habilitado y los controles que, según su testimonio, reciben los motociclistas. “A nosotros nos impacta en el sentido de que cualquier particular que tiene vehículo está siendo de Uber y de DiDi, cuando no paga absolutamente nada”, sostuvo.
La trabajadora aseguró que los controles sobre los vehículos habilitados son habituales, pero que no observa la misma intervención sobre las motos. “Los que tenemos controles, todos los días nos paran para hacernos controles y a esta gente, adelante de las narices de ellos, bajan gente, suben gente y no los paran, no les piden un papel”, afirmó.
“Esa es la indignación que tenemos nosotros. Entonces es una competencia ilegal. Así es como yo lo veo”, agregó. También reclamó una respuesta del gobierno local: “La Municipalidad no nos da una solución, no ponen controles, nada de nada”.
Falcone coincidió en cuestionar la actuación estatal. “Esa es la preocupación nuestra del sector: la falta de compromiso de un Estado, en el caso puntualmente de Santa Fe, que tiene ordenanzas vigentes y decide mirar para otro lado”, expresó.
El dirigente advirtió, además, que la situación enfrenta a trabajadores que buscan generar ingresos con pasajeros que no siempre pueden pagar un traslado más caro. “Esto termina siendo una lucha de pobres contra pobres”, resumió.
Licencias que se devuelven y menos rentabilidad
Darío, chofer de taxi, describió otro efecto de la crisis: la pérdida de rentabilidad de la actividad y la salida de trabajadores del sistema.
“Varios titulares de chapa de taxi han optado por venderlo y algunos directamente por entregarla nuevamente a la Municipalidad”, relató. Según su percepción, la situación económica general explica buena parte del deterioro, aunque consideró necesario regular las aplicaciones y garantizar que se cumplan las normas.
“Yo creo que, más allá de las aplicaciones —eso es un párrafo aparte—, tenemos una falencia enorme en la economía y eso genera el estancamiento de todos los rubros”, analizó. Y aclaró su postura sobre las plataformas: “En mi caso particular, no estoy en desacuerdo en que vengan, sí en que se regulen”.
El reclamo también alcanza a los automóviles que trabajan mediante aplicaciones. Falcone señaló que hay alrededor de 50 registrados en la ciudad y cuestionó que no se respeten, a su entender, las condiciones exigidas a quienes sí completaron los trámites municipales.
El desafío de los controles
La discusión pone en evidencia una diferencia entre la postura oficial y la de los trabajadores. Mientras la Municipalidad afirma que fiscaliza y aplica las medidas correspondientes ante las infracciones, taxistas y remiseros reclaman controles más efectivos frente al uso de motos para transportar pasajeros.
A la vez, los testimonios reflejan que la demanda de estos viajes está vinculada con el precio, la rapidez y las dificultades económicas de los usuarios. “Hoy los colectivos, tristemente, con subsidio y todo, no brindan las frecuencias que tienen que brindar”, señaló Falcone.
Para el dirigente, la falta de alternativas accesibles puede profundizar el uso de modalidades que considera precarias y riesgosas. “La gente no tiene forma de moverse y va a elegir siempre lo más precario o lo más económico para moverse”, advirtió.
El desafío para el Municipio es hacer cumplir la prohibición de los viajes comerciales en moto y controlar que los automóviles que trabajan mediante aplicaciones respeten los requisitos vigentes. Para los trabajadores del transporte, la respuesta debe traducirse en controles visibles y reglas que se apliquen a todos los prestadores.
“Por eso queremos defender al transporte público, por eso exigimos al Ejecutivo que cumpla las ordenanzas”, concluyó Falcone.
Fuente: El Litoral