El gobierno de José Antonio Kast no realizó ningún acto oficial por el aniversario del golpe. La primera vez desde el fin de la dictadura. Ese mismo día, más de 40 mil personas entraron al Estadio Nacional, que en 1973 fue el mayor centro de detención del país. Crónica de una conmemoración, mientras el Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos pierde equipos y presupuesto.
Por: Constanza Aguilar Albarrán y Lucas Cifuentes Espinoza / Tiempo Argentino
Desde Santiago de Chile
Cientos de personas hacen fila frente a las escotillas del Estadio Nacional de Chile y esperan su turno para entrar al que fue, hace 53 años, el mayor centro de detención de la dictadura. Horas antes, en el pueblo de Corral, a más de 800 kilómetros de la capital chilena, el presidente José Antonio Kast defiende la decisión de no realizar un acto de conmemoración oficial por el golpe de Estado de 1973: “Así como no puedo borrar la historia, tampoco puedo pedirle a nuestros compatriotas que estemos condenados por ella”.
Es el primer gobierno que, desde el retorno a la democracia, decide no homenajear la fecha.
Patricio Sandoval (76) está sentado en las tablas de madera de la galería norte del Estadio Nacional, rodeado de claveles rojos. A sus espaldas, está la frase: “Un pueblo sin memoria, es un pueblo sin futuro”. Relata su historia, la misma que ha repetido muchas veces durante la tarde. Fue detenido en septiembre de 1973, cuando estudiaba ingeniería en la Universidad Técnica del Estado. Primero fue llevado al Estadio Chile, donde estuvo junto a Víctor Jara, quien fue torturado y asesinado en el lugar. Un día antes, Sandoval fue trasladado al Estadio Nacional, donde estuvo detenido cuarenta y cinco días.
Hoy, las personas atraviesan la escotilla N°8, que funcionó como celda colectiva de prisioneros políticos. En las paredes todavía se leen las iniciales, fechas y versos que grabaron con llaves y trozos de vidrio. Se estima que por el recinto pasaron cerca de 20 mil personas en los meses que funcionó como centro de detención, tortura, ejecución y desaparición forzada.
“Quiero que crezcas con conciencia”, le dice Jorge Cordero (42) a su hija Alicia, de once años. Los dos acaban de escuchar el testimonio de Sandoval. Después explica por qué la trajo: “Que ella piense libre, que elija lo que quiere ser, pero con conciencia. Esto no es adoctrinamiento, es historia”.
El gesto político de Kast, el de la omisión, contrasta con la última ceremonia oficial en el Palacio La Moneda encabezada por el ex presidente Gabriel Boric, donde destacó iniciativas como el Plan Nacional de Búsqueda, firmado en 2023. Esa política fue la primera vez que el Estado chileno asumió como deber propio encontrar a las 1.469 víctimas de desaparición forzada que dejó la dictadura. Hasta entonces, dar con alguien dependía de una causa judicial con suerte, o del trabajo de las propias familias.
A tres semanas de que asumiera el nuevo Gobierno, Paulina Zamorano Valenzuela (43), abogada, fue removida de la jefatura del Programa de Derechos Humanos. Llevaba más de catorce años trabajando ahí, bajo gobiernos de derecha y de centroizquierda: “El despido no es solo mío, sino también de otras coordinaciones dentro del Programa, cargos de trabajo técnicos y operativos dentro del Plan Nacional de Búsqueda. En su forma existe, pero se disminuyeron las capacidades técnicas de los equipos para responder a las necesidades de las agrupaciones y los familiares”.
El recorte que instruyó Hacienda, explica, se aplicó directamente sobre el Programa y el Plan Nacional de Búsqueda. Los sitios de memoria ya lo resintieron: según un informe que cinco organizaciones presentaron el 5 de agosto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el fondo que los financia cayó casi a la mitad y el número de sitios financiados bajó de catorce a ocho.
Alicia Lira (75), Premio Nacional de Derechos Humanos 2026 y presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, tiene otro nombre para lo que está en juego: “Estamos viviendo la impunidad biológica. Mueren los testigos, mueren los familiares, mueren los criminales”.
Zamorano y Lira coinciden en otro punto. Cuando un condenado por crímenes de la dictadura pide salir en libertad, son los abogados del Estado los que van al tribunal a oponerse. Desde este año, denuncian las organizaciones, tienen la instrucción de no hacerlo: no alegar, no oponerse, no apelar. Lo llaman «indultos pasivos», porque nadie firma un indulto, el Estado simplemente deja de ir. El efecto, dice Zamorano, es que ahora las propias familias son las que deben recurrir a los tribunales para exigir el cumplimiento de las penas.
El Gobierno lo niega. Según el resumen oficial de la audiencia, el Estado sostuvo que los cambios responden a un reordenamiento organizacional y rechazó que exista una instrucción general de no comparecer. La CIDH pidió antecedentes y el caso sigue abierto.
El destino de todos
La periodista Pascale Bonnefoy (62), ex integrante del Plan Nacional de Búsqueda, camina por el Estadio. En julio, una prueba de ADN confirmó que una mujer que vive en Argentina es Bernarda Vera, profesora de 27 años y militante del MIR cuyo nombre figuraba desde octubre de 1973 en el Informe Rettig y en el registro oficial de detenidos desaparecidos. Bonnefoy le seguía el rastro desde 2024. Asegura: “Había que seguir el destino de todos. Y su destino era sobrevivir”.
Cree que con las condiciones actuales no se repetiría, y aclara que no es por dinero. El presupuesto, dice, siempre fue estrecho. Lo que ve es que ya no se investiga por iniciativa propia, sino que se responde a lo que piden los tribunales.
Con el vagón del metro en movimiento, antes de bajarse en la estación Estadio Nacional, Daniel Jadue (59) —excandidato presidencial del Partido Comunista (PC), imputado en el caso Farmacias Populares— dice que le parece coherente que José Antonio Kast haya decidido no conmemorar la fecha: “Si el presidente de Chile hubiera hecho algo hoy, habría destapado champán para conmemorar un día de luto. Es el presidente del 1% más rico, de los torturadores, de los violadores de derechos humanos”.
A espaldas del Palacio La Moneda, una ráfaga de viento apaga las velas que los asistentes encienden con dificultad a los pies del Monumento de Salvador Allende. La puerta de la calle Morandé 80 permanece cerrada, protegida por vallas metálicas y custodiada por la fuerza policial. Hace 53 años, los restos mortales de Allende pasaron por última vez a través de ella.
Los claveles rojos reposan sobre los adoquines alrededor de La Moneda. La misma imagen se repite en la calle Londres, frente al número 38, donde funcionó un recinto clandestino de detención, tortura y exterminio. La cera de las velas se derrite sobre las placas con los nombres de los desaparecidos durante la dictadura.
Para uno de los coordinadores de Londres 38, Sebastián Leiva (54), esta jornada no le parece muy diferente a años anteriores. Explica que el problema es más viejo que este Gobierno. “En Chile, en materia de derechos humanos nada ha sido regalado, todo fue peleado. Aquí están los que quieren ver, pero afuera está lleno de gente que no quiere ver, ni saber. Allá tenemos que ir”, dice.
Y tiene razón. A tan solo dos cuadras, dando la vuelta por la calle Londres, no se escuchan los discursos, ni las guitarras entonando “El derecho de vivir en paz”. Los bares están abiertos y están preparando el lugar para el mercado que tendrá lugar mañana. El mesero asegura que no pasa nada, ve a una niña correr y gritar detrás de su padre, y dice: “Eso es lo más peligroso que verás hoy”.
Fuera de los sitios de memoria la ciudad se mueve casi como cualquier viernes.
A falta de una conmemoración oficial, los actos lo hacen las personas repartidas por la ciudad. En el Paseo Bulnes, la avenida peatonal que desemboca en el Palacio de Gobierno, se reúnen frente al monumento a las Mujeres Víctimas de la Represión Política.
Dafne Concha (57), concejala de Santiago y militante del PC, dice que le duele ver la bandera izada y no a media asta. En la misma conmemoración, Nathalie Catalán (31), con un clavel rojo en la mano, asegura que no puedo evitar pensar en las Madres de Plaza de Mayo.
Por otro lado, en el Estadio Nacional, esa tarde, la convocatoria sigue subiendo. Amélie (10) pega carteles con rostros de detenidos desaparecidos junto a su madre. Dice que le da pena pensar en lo que sufrieron quienes pasaron por ahí. “Siento que ellos se sienten más aliviados cuando los conmemoramos”.
Mariela Fuentes, coordinadora de los Sitios de Memoria del recinto, calcula que la convocatoria superó las 40 mil personas. Abrieron a las tres de la tarde y ya son pasadas las nueve de la noche. A lo largo de todo el día, son los propios sobrevivientes quienes entregan sus testimonios.
Antes de irse del Estadio donde estuvo preso cuarenta y cinco días, Patricio Sandoval, dice que las conmemoraciones terminan haciéndolas quienes llegan por su cuenta: “Los vencidos. Los vencidos somos los que seguimos en esta senda”.
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