La historia de Rosa refleja el costo que debió pagar por declarar contra un grupo delictivo que siembra violencia en barrio San Lorenzo. Tras sufrir amenazas, asegura que fue expulsada de su vivienda, perdió cuatro propiedades familiares y nunca recibió asistencia para reconstruir su vida.
Durante años convivió con balaceras, amenazas y escenas de violencia que se repetían frente a la puerta de su vivienda. Cuando decidió denunciar a quienes siembran el terror en barrio San Lorenzo, comenzó para ella una pesadilla aún mayor. Las intimidaciones escalaron hasta obligarla a abandonar su casa, dejar la ciudad y empezar una nueva vida en condiciones de extrema precariedad.
Ese es el testimonio de Rosa (nombre preservado por razones de seguridad), quien relató su historia en el programa Santa Fe Policiales, emitido por CyD Litoral. Su caso expone no solo el impacto de la violencia criminal en uno de los barrios más conflictivos de la capital provincial, sino también el sentimiento de desprotección que asegura haber padecido durante los últimos cuatro años.
“Las balaceras eran todos los días”
Según recordó la mujer, la violencia formaba parte de la rutina cotidiana. Disparos durante la noche, enfrentamientos armados en la vía pública y personas heridas eran escenas frecuentes frente a su domicilio.
En ese contexto, decidió declarar como testigo en distintas investigaciones judiciales vinculadas a un grupo delictivo que, según sostuvo, operaba en la zona y era conocido por distintos sobrenombres. Rosa asegura que, tras colaborar con la Justicia y denunciar reiteradamente lo que ocurría en el barrio, pasó a convertirse en blanco de amenazas.
“Nosotros veíamos todo lo que hacían. Robaban en las casas de los vecinos, entraban a las viviendas y la gente tenía miedo de denunciar”, recordó durante la entrevista.
Cuatro viviendas perdidas
La situación llegó a un punto límite cuando, según su relato, integrantes de esa organización la obligaron a abandonar su casa bajo amenazas con armas de fuego.
Asegura que apenas pudo retirar su documentación antes de ser expulsada de la vivienda. Después, dice, el grupo terminó apropiándose no solo de su propiedad, sino también de las casas pertenecientes a su madre y a dos de sus hermanos.
En total, afirma haber perdido cuatro inmuebles junto con todas las pertenencias familiares.
Durante dos días permaneció con sus hijos durmiendo en la Terminal de Ómnibus de Santa Fe hasta que un familiar logró enviarle dinero para viajar hacia Buenos Aires.
“Nadie nos ayudó”
Uno de los aspectos más duros de su testimonio apunta a la respuesta —o la ausencia de ella— por parte de los organismos estatales. Rosa sostiene que realizó innumerables llamados al 911 cada vez que se producían los ataques.
Según describió, los patrulleros llegaban al lugar, recorrían la zona y se retiraban. Poco después, afirma, los agresores regresaban para continuar hostigándola.
También asegura que, desde que formalizó las denuncias, jamás volvió a ser contactada por autoridades policiales, judiciales ni por organismos de asistencia a víctimas.
“Nunca nadie me llamó para decirme cómo seguía la causa o para ofrecerme algún tipo de ayuda”, resumió.
Una vida marcada por el desarraigo
Tras abandonar Santa Fe comenzó un largo recorrido por distintas localidades.
Primero encontró refugio temporario en la casa de una hermana en Buenos Aires. Luego pasó por viviendas prestadas y más tarde debió trasladarse nuevamente junto a su familia.
Hoy vive, según describió, en una construcción precaria donde conviven doce personas, entre ellas nueve menores de edad. Las filtraciones, la humedad y la falta de recursos económicos forman parte de su realidad cotidiana.
Relató además que varios integrantes de la familia padecen problemas de salud que se agravan por las condiciones habitacionales.
Viviendas usurpadas
Durante la entrevista, Rosa afirmó que las propiedades que pertenecían a su familia habrían sido utilizadas posteriormente como “bunker” o “kioscos” para la comercialización de estupefacientes.
Sostuvo que vecinos del barrio le informaron que algunas de esas casas funcionarían como puntos de venta de drogas, aunque aclaró que esa información proviene de terceros y que ella no volvió a residir en el lugar desde su partida.
También señaló que algunos integrantes de la organización criminal permanecen en el barrio, mientras que otros fueron detenidos en diferentes investigaciones judiciales desarrolladas en los últimos años.
Sin intención de volver
Pese a que anhela recuperar judicialmente las propiedades familiares, Rosa reconoce que no volvería a vivir en barrio San Lorenzo.
Explicó que, de recuperarlas, su intención sería venderlas para intentar reconstruir su vida en otro lugar, convencida de que regresar implicaría exponerse nuevamente a las amenazas. “Volver sería poner en riesgo a mis hijos”, afirmó.
Pedido de ayuda
Lejos de reclamar únicamente una solución patrimonial, la mujer pidió asistencia urgente para afrontar la situación de vulnerabilidad que atraviesa junto a su familia.
Durante la entrevista expresó que sobreviven gracias a ayudas sociales y colaboraciones ocasionales, aunque reconoció que muchas veces no cuentan siquiera con alimentos suficientes, motivo por el cual sale a pedir en la vía pública.
“Yo cumplí con mi parte. Denuncié todo lo que estaba ocurriendo en el barrio y de inmediato quedé expuesta a represalias. Lo peor es que nadie acudió en mi ayuda. Ni desde la justicia, ni desde la policía, ni de ningún otro organismo.
Mientras algunas de las causas judiciales avanzaron con detenciones y procesamientos, Rosa asegura que su realidad permanece inalterable: lejos de su ciudad, sin sus bienes y esperando que, cuatro años después de haber denunciado, alguna institución escuche finalmente su reclamo.
Fuente: EL LITORAL
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