El Poder Ejecutivo promueve la desafectación de 1.500 trabajadores pero no cuenta con el presupuesto para afrontar sus indemnizaciones. Ya cerraron 24 agencias y buscan duplicar el numero de bajas.
El gobierno nacional pretende profundizar durante 2026 el fuerte ajuste en el Estado nacional que ya se cobró más de 60 mil puestos de trabajo en el Estado Nacional. Para eso, adelantaron, irán por los organismos descentralizados que, además, son los que implican el pago de mayores salarios de sus trabajadores.
Uno de los objetivos que el ejecutivo tiene entre ceja y ceja es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sobre el cual ya avanzaron con la venta de codiciados inmuebles.
El ejecutivo atraviesa un diferendo como resultado de la venta del edificio ubicado en la intersección de las calles Cerviño y Ortiz de Ocampo en una zona exclusiva del barrio porteño de Palermo. Su intento de venta fue resistido por los trabajadores del organismo y hasta suspendido temporalmente por el propio directorio del organismo.
La subasta que finalmente ejecutó el gobierno en diciembre de 2024 por un monto de U$S 18,5 millones no contó con el aval del Consejo Directivo del INTA y el 70% el dinero recaudado no volvió a las arcas del organismo tal como lo dispone su estatuto. Por ese motivo, se encuentra en curso una denuncia contra el presidente del Instituto Nicolás Bronzovich.
Ahora el gobierno parece estar frente a un nuevo traspié. Es que, para inducir el ajuste desde, el núcleo presidencial impulsan un plan de retiros voluntarios con el que aspiran reducir la planta del INTA en 1.500 trabajadores.
La modalidad adoptada es considerada en general un vehículo para generar “despidos encubiertos” pero, claro, insume una cantidad importante de fondos en tanto implica el reconocimiento de indemnizaciones que, en general, suponen una erogación mayor que la que indica la ley precisamente para inducir a los empleados a aceptar su propio despido.
Sin embargo, el Consejo Directivo del organismo que ya intentó poner freno a la venta del edificio de Cerviño, cuestionó la viabilidad del plan de ajuste en la medida en que la propuesta no incluye los fondos para su ejecución. Así, los miembros del directorio decidieron postergar su aprobación hasta tanto se garanticen los recursos necesarios.
De este modo, al gobierno nacional le toca tomar su propia medicina. Es que, ese argumento es el que el ejecutivo utiliza para negar, por ejemplo, el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario que sancionaron pero dejaron en suspenso hasta que aparezcan los fondos para su ejecución.
El portal infogremiales.com confió que un directivo del instituto señaló a Bichos de Campo que el proyecto “parecía armado por chicos de jardín de infantes” en referencia al equipo administrativo designado por Nicolás Bronzonovich y encargado de la redacción de la resolución y el análisis de su viabilidad en términos financieros y jurídicos.
Con todo, indicó el portal mencionado, el directorio accedió a “avanzar con el cierre de 14 Agencias de Extensión allanando el negocio inmobiliario al empresario amigo de Milei, Eduardo Elsztain” que se suman a las 10 agencias que ya cerraron sus puertas durante esta gestión.
Es que, precisaron, “de acuerdo a lo votado en el orden del día 612, y tal como figura en el punto 4.03, el Consejo Directivo resolvió suprimir de la estructura organizativa del INTA las Agencias de Extensión Rural de los Centros Regionales Buenos Aires Norte, Buenos Aires Sur y Córdoba que ya habían sido señaladas previamente dentro del plan de ajuste”.
El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) reúne a representantes de la Mesa de Enlace, los grupos CREA, las universidades y el gobierno.
El plan definitivo alcanza la eliminación de 48 agencias de diferentes centros regionales, es decir unas 24 más. En caso de concretarse, eso dejaría un total de 252 sobre 299 que había originalmente.
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