Las medidas sanitarias de aislamiento dispuestas por el Poder Ejecutivo nacional y acompañadas por distintos niveles del Estado y también del mundo privado significan un fuerte “parate” en la actividad económica nacional. Lo mismo ocurre en cada una de las economías nacionales, lo cual a su vez impacta negativamente en Argentina en virtud de la recesión de los principales socios comerciales, como Brasil y China.

Tren Urbano dialogó con Florencia Gutierrez economista integrante del CEPA (Centro de Economía Política Argentina) una de las autoras de este informe.

“Es un informe bastante extenso donde se detallan las políticas económicas que está implementando el gobierno nacional para tratar de paliar un poco la crisis en la cual nos está afectando este virus que tiene un impacto muy profundo en la economía nacional y en la internacional”.

“El gobierno nacional está tomando prioridades en términos sociales y económicos también tratando de no descuidar a los sectores que necesitan la atención del Estado para poder afrontar la crisis”.

“El gobierno saca un programa económico de estímulo muy importante que implica una inversión importante para poder afrontar la situación en la cual nos estamos encontrando”.

“Este virus ataca a todo el sector productivo mundial con lo cual aquí no hay un solo sector que se encuentre afectado en mayor medida que otro y las medidas tienden a reactivar a todos los sectores sociales. A quienes prioriza son a los sectores de trabajadores no registrados porque son los principales afectados pues dependen de su trabajo diario para poder subsistir corresponden al 35% de la población y son aquellos que si no venden en el día no tienen ningún ingreso, están los cuentapropistas, los trabajadores no registrados es decir sin obra social, sin vacaciones o licencia con goce de haberes, por lo tanto pierden toda posibilidad de generar ingresos y estas medidas apuntan a este sector”.

“Estas medidas también apuntan a otro sector más vulnerado como los son los jubilados y los beneficiarios de programas sociales y por otro lado también con líneas de créditos más accesibles para las Pymes y los pequeños comerciantes, estos serían los tres sectores a los cuales la crisis impacta con mayor fuerza que al resto de la sociedad”.

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1- Políticas vinculadas a la organización del trabajo en tiempos de aislamiento: trabajadores/as afectados/as y desafíos a futuro

Desde el Poder Ejecutivo se impulsaron una serie de medidas en el sector público con el objetivo de trasladar el mismo esquema al sector privado. A raíz de la Emergencia Sanitaria (1) decretada por el gobierno el 12 de marzo, en el marco de la pandemia generada por el virus COVID -19 (coronavirus), se han tomado diferentes medidas tendientes a reducir el tránsito de personas con el objeto de contener la velocidad de contagio del virus, a fin de evitar la presencia de “cuellos de botella” que pongan en riesgo la estabilidad de nuestro sistema médico. Esto se debe a que, en sus etapas de mayor complejidad, el tratamiento de las y los infectados por el virus requiere asistencia mecánica (camas, respiradores artificiales, entre otros aparatos médicos); recursos que son finitos en cualquier sistema de salud y que, naturalmente, comenzarían a escasear llevando al colapso ante un crecimiento exponencial en la tasa de contagio.  Diversos organismos del estado nacional impulsaron una serie de normas orientadas a reordenar la dinámica social y económica, drásticamente modificada, para que la población pudiera cumplir con las medidas de sanidad que se dispongan.

La caída en la actividad económica tiene un impacto directo sobre los trabajadores y las trabajadoras, ya que el aislamiento de la sociedad implica que la ciudadanía deje de circular, y en ese contexto, los y las trabajadores/as se ven limitados/as para asistir a sus puestos de trabajo. En un marco de alta informalidad laboral, la cual asciende al 34,5% según la última EPH-INDEC al III trimestre de 2019, es difícil garantizar la adhesión a las políticas sanitarias sin perder empleo o sufrir una merma drástica de los ingresos. En este complejo escenario,, la implementación de políticas y resoluciones que garanticen a los y las trabajadores/as poder licenciarse, sin poner en riesgo su fuente de ingresos, es fundamental para no profundizar la crisis económica, a la par de la posibilidad de desarrollo de tareas desde la propia casa (home office),  reduciendo la circulación y las posibilidades de contagio.

Licencias

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Secretaría de Gestión y Empleo Público han publicado diversas medidas que otorgan a los y las trabajadores/as del sector público y que se pretenden extender al empleo privado. Consiste en “dispensar del deber de asistencia a su lugar de trabajo, a partir de la publicación de la presente y por el plazo de CATORCE (14) días corridos, a las personas que estén comprendidas en alguno de los grupos de riesgo (personas mayores de 60 años,embarazadas, con enfermedades respiratorias crónicas, cardíacas, inmunodeficiencias o personas con diabetes); también se atiende la situación de agentes con hijos/as a cargo o personas adultas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente (2) (3). Esto a raíz de la suspensión del dictado de clases presenciales en todas las escuelas del país por 14 días consecutivos a partir del 16 de marzo.

La suspensión de clases introduce una enorme cantidad de dificultades en relación a la organización de los cuidados al interior de las familias y ante estos cambios las más afectadas resultan ser las mujeres debido a la desigual división sexual de los trabajos de cuidado.

En vistas a cuidar la salud de aquellos que podrían verse severamente afectados ante un eventual contagio, también se determinó que las mujeres embarazadas y personas mayores de 60 años (excepto aquellos que cumplan servicios esenciales) no tienen obligación de asistir a su lugar de trabajo.

¿A cuántos/as alcanzarían las licencias?Si se considera información sobre estimaciones de aportes y contribuciones con destino al SIPA de las/os aportantes en Relación de Dependencia, del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, de Autónomos y Monotributistas, que superan los 60 años de edad, se estima desde CEPA un impacto sobre unos 883.286 casos (sin considerar empleo no registrado).

Una porción relevante de este universo –de casi 900 mil, que asciende a 500 mil- no tienen cubierta su licencia por la relación laboral precaria. Se trata de trabajadores/as monotributistas, de casas particulares o autónomos/as, sumando 193.957 mujeres con más de 60 años (107.931 entre 60 y 64 años y 86.026 con más de 65) y 284.131 varones en la misma condición (siendo 132.730 con edad entre 60 y 64 años y 151.401 con 65 años o más).

Aunque no tienen cubierta su licencia, algo más del 50% son jubiladas/os en actividad. Del resto, a 127.782 hombres y 61.022 mujeres, les alcanzaría el beneficio anunciado el 23 de marzo de una transferencia de $10.000 por el mes de abril.Quedarían sin cobertura 33.619 hombres y 11.189 mujeres de más de 65 años que podrían estar alcanzados por la PUAM – si eventualmente optaran por realizar el trámite – aunque esto implicaría en sus requisitos la incompatibilidad con la percepción de ingresos laborales.

En virtud de los datos expuestos, que muestran la cantidad de trabajadores/as incluidos en licencias legales, cabe preguntarse cuál es la posibilidad real de que esas licencias puedan efectuarse sin penalidad alguna para los empleados y empleadas.Ello se debe a las dificultades económicas crecientes que trae aparejada la paralización completa – o parcial, según los casos- de sectores de actividad. Emergen conflictos laborales por estos días en virtud de la resistencia empresarial a otorgar licencias con goce de sueldo, afectando la sustentabilidad de los hogares. Cabe aclarar -como se detalló previamente- que la licencia es diferente a la suspensión del puesto del trabajo y que esa diferenciación debe ser remarcada ante casos donde la licencia no quiera ser abonada por parte del empleador (4).

Para los sectores trabajadores y trabajadoras informales, o para aquellas personas que trabajan por hora (a destajo) y que viven a partir de un ingreso diario, se dirigió el anuncio del 23 de marzo, explicado en el tercer apartado Políticas de ingreso y control de precios.

Cabe preguntarse qué medidas hacen falta tomar en materia de cuidados: no sólo porque en el sector informal las licencias no están reglamentadas y eso implica que quienes cuidan deban perder días de trabajo o bien pagar u otras personas que puedan realizar esas tareas (y exponerse al contagio), sino también porque las licencias mencionadas no cubren a toda la población sujeto de cuidado, como personas mayores, enfermas/os, etc. Estas porciones de la clase trabajadora se verán sin lugar a dudas afectadas por el agravamiento de la crisis económica y ello necesita de medidas específicas de contención.  Para ello, creemos necesario el impulso de un protocolo que prevea la diversidad de circunstancias que podrían suscitarse eventualmente. En España, por ejemplo, ese protocolo considera los casos en que la parálisis de la actividad derive de la decisión de la empresa (5), o por decisión de las personas trabajadores (6), las medidas preventivas (7), y la normativa laboral vinculada al impulso del teletrabajo y la suspensión total o parcial de actividades (8).

Adicionalmente, vale la pena preguntarse qué harán las empresas del sector privado en relación a la aplicación de licencias. El decreto 297/2020 que se emitió el 19 de marzo contiene un listado de sectores exceptuados de la cuarentena para sostener el funcionamiento de los servicios esenciales, pero aparecieron grises respecto de las actividades productivas y empresas como Techint en su planta Tenaris Siderca de Campana –del sector siderúrgico, productora de tubos sin costura- plantearon la continuidad de las actividades, lo que entró en conflicto con la organización sindical y los y las trabajadores/as de la empresa. En el fondo, pareciera existir un intento de evitar el pago de licencias y de hacer pasar la cuarentena como un caso de suspensión por fuerza mayor sin goce de sueldo como prevé la LCT. Este ejemplo de conflicto específico es recurrente en distintos sectores donde las empresas procuran continuar produciendo pero las y los trabajadores/as plantean la necesidad de resguardar la salud cuando no se trata de servicios esenciales para la población. Los próximos días serán cruciales para el seguimiento de la aplicación de las medidas de cuarentena en cada uno de los lugares de trabajo donde exista conflicto respecto de las aplicaciones de excepciones al decreto.

Otro caso resonante también ha circulado por estas últimas horas. Una conocida prepaga de salud de hecho envió el comunicado que se adjunta, donde menciona que el home office “no se considera licencia y por lo tanto, no se aplicaría descuento alguno” y agrega que quienes “se ausenten justificadamente por el cuidado de sus hijas/os en edad escolar, hasta 14 años, tendrán esas ausencias justificadas pero no remuneradas”.

Home office y/o teletrabajo

La otra política troncal impulsada desde el P.E. es la realización de tareas desde la propia casa para el empleo público (9). En el caso del empleo privado, de todas formas, a medida que aumenta la cantidad de casos, crece el número de empresas que ofrecen a sus empleadas/os la posibilidad de trabajar a distancia. El fenómeno explotó a nivel global, a tal punto que China y la NASA​ lo implementaron por primera vez. Mientras tanto, en Argentina, actualmente 9 de cada 10 empresas están tomando medidas de prevención y en ese marco, aproximadamente el 50% de las empresas han autorizado el home office para las posiciones que pueden hacerlo y el 9% suspendió totalmente sus actividades (Fundación Observatorio Pyme) (10).

La puesta en práctica de esta modalidad, a contrarreloj y en muchos casos sin presencia y supervisión sindical, hace que se incumplan derechos básicos. El seguimiento de esta expansión del teletrabajo será un eje de investigación relevante en los meses que siguen.

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