Ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, los rectores exigieron la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras que el Ejecutivo mantuvo sus restricciones presupuestarias.
En la audiencia judicial convocada por el juez federal Martín Cormick ayer viernes, los representantes de la Subsecretaría de Políticas Universitarias y las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional expusieron sus diferencias sin arribar a un punto de encuentro. El magistrado no dictó una resolución de fondo y se limitó a asentar las posiciones de las partes en el acta final.
Las casas de altos estudios exigieron el cumplimiento de la medida cautelar que ordena al Estado nacional aplicar la recomposición salarial para los docentes y no docentes, además de la actualización de las becas Progresar. Por su parte, la representación estatal mantuvo la postura oficial de supeditar los giros de fondos a los márgenes del equilibrio fiscal fijado por la administración central.
El diferendo institucional tuvo su punto de inflexión con la promulgación del Decreto 759/25, mediante el cual el Poder Ejecutivo condicionó las partidas aprobadas por el Congreso. A pesar de que el Poder Legislativo ratificó la validez de la legislación tras el veto presidencial, el congelamiento en los giros derivó en la presentación de amparos colectivos y en medidas de fuerza impulsadas por la CONADU Histórica y los gremios del sector.
Fuente: Tiempo Argentino
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