El presidente de la Nación insistió en la idea de “rescate” para explicar la intervención. ¿De qué se la rescató a Vicentin?. El diagnóstico que llevó al gobierno a tomar la decisión.

Por Raúl Dellatorre / Página 12

Nadie hubiera esperado un apoyo unánime del empresariado y el campo a la decisión de intervenir Vicentin, por más razones que haya que justifiquen la medida del gobierno. Pero lo que no se debe haber imaginado una buena parte de la dirigencia agropecuaria es que las aguas se dividieran en forma tan tajante: mientras el sector más conservador del ruralismo se quedó en la imagen bucólica de que “esto nos convierte en Venezuela”, productores medios y cooperativistas no sólo se esperanzan con que la administración nacional de la empresa le abra una oportunidad de cobrar de algún modo la deuda hundida en la convocatoria de acreedores, sino que además reclaman espacio para participar del proceso.

En el resto del empresariado también hay expresiones heterógeneas, en las que por lo habitual pesa la postura ideológica corporativista de los sectores más concentrados en contra de toda intervención oficial en el capital privado, y quienes ven en la mano del Estado la posibilidad de equilibrar los tantos, justamente frente a los más poderosos. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, volvió a cargar con el peso de explicar la medida del gobierno, insistiendo esta vez en la excepcionalidad de la decisión de expropiar y subrayó su fe en el capitalismo pero no en el que se manifiesta en el contexto actual. “Me da vergüenza  decir que el capitalismo en el que creo se convirtió en un capitalismo financiero sin contenido ético, eso me da vergüenza y debemos revisarlo“.

El jefe de Estado se metió de lleno en la discusión con quienes sostienen que la decisión de que el Estado intervenga la empresa Vicentin y envíe al Congreso un proyecto de ley de declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación a dicho complejo, es el inicio de una avanzada del Estado sobre la propiedad privada”. Ni “chavización” ni estatización masiva. “Nadie puede pensar que nosotros tenemos como política quedarnos con las empresas privadas, esencialmente porque no creo en eso. La medida sobre Vicentin es algo absolutamente excepcional”, aseguró. “Nosotros no estamos expropiando una empresa próspera sino una compañía en quiebra que está en concurso de acreedores. Si funcionara normalmente, no hubiera pensado en nada de eso. Esa es la diferencia en la discusión de las políticas intervencionistas”, sostuvo explayándose sobre un aspecto que ya había abordado en la conferencia de prensa del lunes.

La idea del “rescate de Vicentin”, que Alberto Fernández tomó de alguno de sus asesores y luego comenzó a analizar con el ministro Matías Kulfas, surgió a partir de las referencias a las ofertas que habían recibido los actuales titulares de la firma, las familias Padoan y Nardelli, para cederla a consorcios conformados por grupos financieros de la mano de algunas de las cerealeras internacionales más fuertes que juegan en el país. También hubo grupos de acreedores en la convocatoria, especialmente del sector de la producción, que fueron tentados a integrarse a estas propuestas.

El anzuelo inclusive se arrojó sobre el Banco Nación, pero ofreciendo como carnada un supuesto proyecto de capitales nacionales que proponían asociarse con el Estado, que intervendría capitalizando sus acreencias. En el banco fue el director Claudio Lozano el que advirtió que detrás de este intento podía estar una de las firmas cerealeras internacionales. Objetó que el Estado interviniera para apoyar un proyecto que iba a ser manejado por capitales privados y planteó la alternativa de transformar a Vicentin en empresa pública.

En forma paralela, en el despacho de Kulfas y de sus allegados, a pedido del presidente de la Nación, se hizo una proyección de las alternativas que presentaba el futuro de Vicentín. El diagnóstico duro indicaba que las alternativas más probables eran la absorción de la parte más rentable del holding en favor de algunos de los grupos que pujaban por ella (Cargill y Dreyfuss aparecían en la primera línea de especulaciones), o la quiebra y desguace del complejo empresario, escenario en el cual volvían a aparecer los mismos grupos comprando la parte más rentable del negocio. En ambas alternativas, acreedores locales (productores, proveedores y banca pública) y una gran masa de trabajadores (son 7000 en total) quedarían como víctimas directas.

Este diagnóstico movilizó la búsqueda de una “alternativa estatal”, a la cual aportó el proyecto de expropiación de Anabel Fernández Sagasti (senadora por Mendoza). Las noticias de la semana pasada, respecto a la cercanía de un acuerdo para el ingreso de uno de estos grupos, aceleró los tiempos.

La operación de “rescate de Vicentin” tomó la forma de una intervención por decreto y expropiación posterior por ley. Una solución “imperfecta” para algunos desde el punto de vista jurídico, pero urgente. Más allá de las críticas despiadadas de personajes ya muy conocidos de la farándula ruralista, el respaldo de productores medianos federados y del sector cooperativista agrario es un paso importante. Por “necesidad y urgencia”, Alberto Fernández anunció este lunes la medida económica más trascendente de su aún novel gobierno.