Los delitos habrían sido cometidos durante 2019, 2020 y 2021

Tres policías de la Unidad Regional II fueron imputados junto a tres civiles por el delito de malversación de fondos públicos y peculado, vinculados a servicios adicionales que presta la fuerza provincial. Además, uno de ellos está sospechado de defraudación a la administración pública, cohecho y exacciones ilegales. Si bien dispuso su liberación, contarán con una serie de restricciones a lo largo de seis meses.

De acuerdo a la acusación llevada a cabo por el fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos José Luis Caterina, los delitos se cometieron durante 2019, 2020 y 2021. En ese lapso, los uniformados gerenciaron servicios adicionales en la regional, donde fijaban los criterios y horarios, confeccionaban las planillas y las pasaban a la sección Servicio de Policía Adicional.

Asimismo, expuso que la operatoria se llevaba a cabo bajo la dirección del Ariel Omar G., quien tenía el poder de decisión en relación con los adicionales y contaba con el apoyo de Claudia Roxana M. en la confección de planillas, labor que esta realizaba previo a 2019, puesto que se pudo comprobar que se abocaba a esas tareas con un jefe anterior.

Caterina agregó que estos dos uniformados contaban en el territorio con Jorge Sebastián C., quien controlaba y mediaba entre G. y otros policías, y entre éste y las víctimas. Además, el fiscal explicó que hubo diversas denuncias que apuntan a excesos de estos adicionales: asignación de efectivos policiales por encima o por fuera de lo permitido por la ley y la reglamentación.

El funcionario expuso que también había irregularidades por defecto. “Comienza a hablarse de policías fantasmas o prestanombres, expresiones que aludirían a personas de existencia real que se desempeñan de ordinario como efectivos policiales pero que no concurrían a cumplir con el adicional en el objetivo, sino que cedían su nombre y número de asignación como voluntarios para cumplir adicionales”, sostuvo.

En ese sentido, agregó que la idea era que “las planillas pudieran reflejar un virtual cumplimiento con los objetivos mandados, con cesión que hacían a cambio de un porcentaje del pago que hubieran percibido de haberse presentado efectivamente, de lo que se deduce la percepción de un complemento a ese porcentaje que se pagaba efectivamente, y que el prestanombre cedía a los responsables de la maniobra que le permitía tener un rédito económico sin presentarse a cumplir con el adicional”.

Para la Fiscalía, esta maniobra sería compatible con el incremento patrimonial de Gorgerino que no pudo justificarse conforme informe preliminar elaborado por la División de Análisis Patrimonial de la Agencia de Control Policial Delegación Zona Sur.

Ante lo expuesto, el juez Héctor Nuñez Cartelle dictó la libertad de los imputados con las siguientes reglas de conducta por el plazo de 180 días: presentación quincenal ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ); prohibición absoluta de acercamiento a las personas que han denunciado y los testigos que van a declarar; constitución de domicilio, el cual no podrá mudar sin dar previo aviso al Tribunal; y prohibición de salida de la provincia y del país. No obstante, el Fiscal había solicitado la prisión preventiva por el plazo de ley.

Con info de Sin Mordaza