La primera jornada del régimen de excepción (estado de sitio) en El Salvador se manifestó este con la imagen de un país militarizado, con retenes en calles y rutas, requisas y la preocupación nacional e internacional porque la medida decretada por el presidente Nayiv Bukele, contradice tratados en materia de derechos humanos suscritos por el país.

El estado de excepción decretado por Bukele rige en principio por 30 días, tras el asesinato entre viernes y sábado de 76 personas, atribuidos a la temible pandilla conocida como Mara Salvatrucha.

La medida entró en vigencia desde la mañana del domingo a pocas horas de su aprobación exprés en la Asamblea Legislativa.

Para especialistas en seguridad el repunte de homicidios tiene que ver con la negociación del gobierno con las pandillas.

Según el decreto, el régimen de excepción implica suspender los derechos de libertad de asociación, a la defensa, plazo máximo de la detención administrativa y el de la inviolabilidad de la correspondencia en el sentido de intervención de las telecomunicaciones.

Pese a las restricciones que incluyen “cierres focalizados y temporales en algunas zonas”, el presidente Bukele dijo en Twitter que “los servicios religiosos, eventos deportivos, comercio, estudios, etc., pueden seguirse realizando normalmente”.

“A menos que usted sea pandillero o las autoridades lo consideren sospechoso”, añadió el mandatario, citado por el diario digital elsalvador.com.

Esta declaración fue cuestionada en Twitter por Erika Saldaña, abogada constitucionalista, pues advirtió que “el problema es que a alguien lo consideren sospechoso arbitrariamente”.

Eduardo Escobar, abogado y director ejecutivo de Acción Ciudadana, fue más allá al criticar que el Ejecutivo no agotó otras alternativas para el combate a la criminalidad antes de ejecutar un régimen de excepción, el cual califica como “una medida bastante extrema” que afecta varios de los derechos fundamentales a la ciudadanía.

“Por ejemplo, una persona que es detenida puede pasar hasta 15 días sin conocer cuál es la imputación, sin conocer cuáles son sus derechos, no puede recibir asistencia legal, porque todo eso se suspende”, explicó. Prosiguió: “Con el tema de la intervención a las telecomunicaciones se pueden intervenir correo electrónico, dispositivos, móviles y acceder a toda la información sin ningún control ni garantía que no se usará para otro fin”.

Para Escobar, el decreto podría prestarse a abusos por parte de las autoridades y tomó como ejemplo las detenciones que se hicieron durante la emergencia del Covid-19 en 2020.

Por tal razón, Saldaña sugirió a la ciudadanía portar su documentación personal en regla para evitar inconvenientes con las autoridades. Alertó que “aunque digan que el decreto va dirigido al crimen organizado, nadie está exento”.

“El Salvador amanece bajo: suspensión de garantías; ejército y policía politizada y empoderada; y poder judicial descabezado y subordinado”

En redes sociales se cuestionó un detalle del decreto presentado por Bukele ante la Asamblea, ya que parte del texto era una copia del que enviaron hace dos años en el que solicitaron un régimen similar ante la pandemia.

Diversas voces extranjeras mostraron preocupación ante el régimen de excepción. Expertos han alertado que el decreto contradice tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por El Salvador que establecen que no pueden suspenderse “garantías judiciales”.

“El Salvador amanece bajo: suspensión de garantías; ejército y policía politizada y empoderada; y poder judicial descabezado y subordinado. Solo la sociedad civil (medios y ONG) y la comunidad internacional servirán de contrapeso”, cuestionó José Miguel Vivanco, exdirector de Human Rights Watch (HRW).

Por su parte, el investigador del HRW Juan Pappier señaló que “esta suspensión de derechos abre la puerta a todo tipo de atropellos”.

“En El Salvador hay un acuerdo entre el Gobierno y los grupos armados como las pandillas que operan en el país para reducir la tasa de homicidios, y eso es una estrategia de enorme riesgo porque puede ocurrir, como evidentemente ocurrió en los últimos días, que estos grupos armados decidan salirse de ese acuerdo, temporalmente o permanentemente, lo vamos a ver, para cometer algunos homicidios para enviarle un mensaje al gobierno con algún tipo de demanda”, agregó Pappier.

“Los tratados que ha ratificado El Salvador solo permite suspender derechos fundamentales en condiciones muy estrictas y siempre cuando esos fueran la última medida posible para proteger derechos o para evitar situaciones de enorme riesgo para el país. Es muy discutible que este sea el caso en El Salvador, hubiera sido preferible que el presidente Bukele tomara las medidas ordinarias que tiene la Policía o la Fiscalía para enfrentar este problema del alza de homicidios en el país”, concluyó el investigador de HRW.

Con info de Télam