El deterioro vial y la subejecución del impuesto a los combustibles fueron eje de reproches en el Congreso. Santa Fe calcula en más de $732.000 millones la brecha entre lo aportado y lo recibido desde 2024 a la fecha.
La discusión por el estado de las rutas nacionales, el retiro del gobierno de Javier Milei de la obra pública y el destino de los fondos recaudados volvieron a poner el problema en el centro de la agenda política. La problemática fue eje de una reunión convocada por la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación.
Jefes comunales, legisladores y referentes gremiales de distintos puntos del país trasladaron ante la Cámara baja su preocupación por el estado de las rutas nacionales. También expusieron representantes sindicales de de Vialidad Nacional e integrantes de organizaciones de víctimas viales que aportaron datos a la discusión.
El reclamo escaló tras conocerse la subejecución del fondo fiduciario del Sistema Vial Integrado (SisVial) y mientras las provincias -como recientemente lo hizo Santa Fe- asumen el mantenimiento de los corredores nacionales con recursos propios.
Entre 2024 y mayo de 2026, según relevó La Nación, ingresaron $1,503 billones al sistema y apenas $394.406 millones fueron aplicados a infraestructura vial. La subejecución alcanzó el 73,8% y, al cierre de mayo, más de $1 billón permanecía colocado en títulos públicos y plazos fijos. El vocero presidencial, Adrián Ravier, admitió que una parte de los recursos es utilizada para sostener el equilibrio fiscal.
En la comisión, extendieron esa cuenta hasta julio. La Federación del Personal de Vialidad Nacional calculó que desde diciembre de 2023 el impuesto a los combustibles recaudó $11,2 billones y estimó que cerca de $1,6 billones correspondían al componente vial. Según la exposición gremial, se aplicaron unos $530.000 millones. También denunciaron una fuerte caída real del presupuesto, obras paralizadas y una red que, de acuerdo con sus inspecciones visuales, presenta entre un 70% y un 75% de sus kilómetros en mal estado.
Cuestionamientos desde Santa Fe
En representación de Santa Fe, participó de la reunión la senadora provincial, Leticia Di Gregorio. Recordó que el Juzgado Federal de Venado Tuerto ordenó a Vialidad Nacional intervenir las rutas nacionales 7, 8 y 33. Detalló, en su exposición, que se acumulan 707 siniestros y más de 80 muertos durante los últimos cinco años en la 33. “Las rutas las usamos todos los días, no una vez al año para irnos de vacaciones”, planteó al describir el impacto sobre las 31 localidades del departamento General López.
También desde Chabás, el presidente comunal Lucas Fanelli aportó otro ejemplo de la transferencia de costos. Relató que la comuna debió utilizar maquinaria, personal, ambulancias e inspectores para asistir accidentes y realizar tareas sobre la Ruta 33. “¿En qué en qué lo devuelven?”, se preguntó. “No es en ruta, ni en hospitales, ni un plan de vivienda, ni de cloacas”, dijo. Y agregó: “Me gustaría estar acá por la inauguración de una autopista, no peleando por un pozo”.
En tanto, el diputado Pablo Farías del bloque de Provincias Unidas reparó en que las deudas son acumuladas de gobiernos anteriores, pero calificó al actual como “el peor período de gobierno respecto a la obra pública” que recuerda. Y señaló que alrededor de dos millones de camiones convergen hacia las terminales portuarias del sur santafesino de donde salen cerca del 80% de las exportaciones agropecuarias del país: “Esto también tiene otras consecuencias, como la destrucción de toda esa red vial, que no admite dilaciones a la hora de las obras”, planteó. Y valoró que el Gobierno de Santa Fe de la Ruta Nacional A012: “es una forma de demostrar que sí se puede se puede gestionar la obra pública sin corrupción”.
En el mismo sentido se había expresado previamente Gisela Scaglia, jefa de bloque de Provincias Unidas y ex vicegobernadora de Santa Fe: “las rutas nacionales necesitan respuestas urgentes”, había advertido al presentar un pedido de informes para que el Gobierno nacional explique cómo se administraron los recursos del SisVial desde enero de 2024 a la fecha.
Números y prioridades
En paralelo, Santa Fe puso números al reclamo. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, aseguró días atrás que entre enero de 2024 y julio de 2026 los santafesinos aportaron más de $903.000 millones por el Impuesto a los Combustibles y que la provincia recibió $170.510 millones.
“Confesar que sostienen el equilibrio fiscal reteniendo más de $732.000 millones que por ley deberían volver en obras significa subsidiar las cuentas públicas a costa de la rentabilidad de nuestros productores, industriales y exportadores”, cuestionó a través de una publicación en X.
El gobierno de Pullaro contrapone esa cifra con su propio programa de infraestructura. El ministro de producción afirmó que Santa Fe ya invirtió más de US$2.200 millones y reparó 3.400 km de rutas. “Acompañamos sin dudas el equilibrio fiscal, la baja de inflación y el ordenamiento macroeconómico. Pero el verdadero crecimiento sólo llega si somos competitivos a nivel global”, apuntó Puccini.
El SisVial fue creado por el decreto 976/01 que capta una porción del impuesto a los combustibles líquidos con un objetivo legal específico: financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial. Si bien no todo lo recaudado tiene como destino específico la red vial ni contempla una correspondencia automática entre lo pagado en una provincia y lo que debe regresar a ella, el debate expone las prioridades de gobierno y el manejo de fondos para atender los asuntos de orden público.
“Exigimos que los fondos asignados por ley vuelvan en obras que mejoren las rutas que pasan por nuestra provincia. Sostener el empleo y apostar al país requiere infraestructura eficiente; no le quiten competitividad a la provincia que es el motor productivo de la Argentina”, completó Puccini resaltando que el orden fiscal no puede construirse deteriorando infraestructura que condiciona la competitividad.
Fuente: El Litoral
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