El Gobierno Provincial señalizó con nueva cartelería el centro de exterminio y enterramiento clandestino santafesino, y organiza visitas guiadas para mantener viva la memoria. Los antropólogos continúan buscando más cuerpos de desaparecidos enterrados en el lugar.
Por Nicolás Loyarte/ El Litoral
En el corazón rural del norte santafesino, entre los montes del Campo Andino y las vías de Laguna Paiva, el silencio del Campo Militar San Pedro guarda un eco persistente de horror, dolor y resistencia. Allí, donde la vegetación crece sobre antiguas trincheras del Ejército Argentino, aún se buscan los restos de personas que fueron desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar (1976–1983). Esa búsqueda, iniciada formalmente en 2006, continúa hasta hoy. “Porque los seguimos buscando. Porque no hay olvido posible. Porque la verdad es un derecho imprescriptible”, repiten desde los organismos de Derechos Humanos.
A 15 años del hallazgo de una fosa común con los cuerpos de 8 víctimas de la dictadura, el Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Derechos Humanos (DDHH), realizó una jornada conmemorativa para honrar a las víctimas y reafirmar el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. De esta forma, señalizó con nueva cartelería el Campo Militar San Pedro y organiza ahora visitas guiadas para darlo a conocer a toda la población. “Lo que hicimos es empezar a reflexionar sobre este lugar”, dijo Emilio Jatón, secretario de DDHH, “porque queremos que el tema esté en la agenda pública”.
“Trabajamos codo a codo con los organismos de DDHH, porque los seguimos buscando”, dijo Jatón. “Hay que poner en valor los testimonios de los testigos sobre lo que ocurrió en este lugar”. Y “la nueva tecnología nos aporta información sobre lo que hay debajo de la tierra. Primero analizamos lo que ocurrió en el subsuelo de la casona (estancia del predio) y luego continuaremos en el campo”.
Un predio bajo sospecha
Expropiado en 1942, el predio de más de 2.000 hectáreas funcionó durante décadas como centro de entrenamiento del Comando de Artillería 121 del Segundo Cuerpo del Ejército. También se explotó agropecuariamente. Pero durante el terrorismo de Estado, se convirtió en un espacio de exterminio y enterramientos clandestinos. A pesar de los rumores que circularon por años entre peones rurales y vecinos, no fue hasta 2006 que una investigación articulada por organismos de derechos humanos logró abrir la causa judicial que cambió para siempre la historia del lugar.
Fue entonces cuando Carlos Castellanos, ex encargado civil del campo, relató lo que sabía desde 1985, cuando había entregado restos óseos a la ex CONADEP. Con su testimonio, se presentó una denuncia ante el Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe, con información precisa sobre una fosa común. Se solicitó, además, la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
La fosa y los primeros hallazgos
Tras meses de trabajos de campo y con apoyo del municipio de Laguna Paiva, el EAAF halló en junio de 2010 una fosa clandestina con restos de ocho personas, entre ellas tres mujeres y cinco hombres. Sus huesos mostraban evidencias irrefutables: perforaciones de bala, proyectiles 9 mm incrustados en los cráneos, cuerpos desnudos cubiertos con cal. Todo coincidía con los datos aportados por Castellanos.
Gracias al análisis de ADN, fueron identificados seis de ellos: María Esther Ravelo, Gustavo Pon, Carlos Bosso, María Isabel Salinas, Oscar Winkelman y Miguel Ángel D’Andrea. Todos militantes del peronismo revolucionario secuestrados entre agosto y septiembre de 1977, trasladados primero al centro clandestino “La Calamita” en Rosario y luego ejecutados en San Pedro. Los otros dos cuerpos siguen sin identificar.
Liliana lleva la foto de su hermana en el pecho. Camina bajo la tenue llovizna en derredor de la fosa a donde fue hallada junto a otros 7 militantes. Detrás suyo colocaron un cartel con el mismo retrato. Debajo dice: “María Isabel Salinas”. Mary -como le dice ella- nació en 1954 en barrio Santa Lucía, de la ciudad de Santa Fe. Estudió bioquímica en la UNL. Militó en el PJ y en Montoneros. Fue detenida desaparecida el 17 de septiembre de 1977, junto a su esposo, Carlos Bosso. Su cuerpo fue identificado en marzo de 2011. “Hoy es un día triste, gris, como el cielo que nos cobija, pero también es un día de memoria, de no olvidar lo que pasó”, dice. Más tarde confesará que no tenía ánimo de ir este viernes al lugar, pero tomó coraje y lo hizo.
“Cuando se descubrió esta fosa, vine, sin saber que uno de los cuerpos era el de mi hermana”, recuerda Liliana. “Después me sacaron sangre y a través del análisis del Banco de Análisis de Datos Genéticos me enteré que uno era el de mi hermana”.
“Quiero recordarla, recordar a aquella profesional que tenía 21 años cuando desapareció -dice Liliana-. Cortaron sus sueños, su vida. Mi madre la esperó tanto tiempo, porque nunca se resignó a que la desaparecieron. Muchos años estuvimos sin saber lo que había pasado. Hoy sabemos. Eso es bueno, es lo que una rescata”.
“Esperemos que este lugar sea visitado por todo el mundo, que todos sepan lo que ocurrió”, dice Liliana. “Hubo mucho miedo, nuestras familias se apartaban de nosotros, porque no sabían nada sobre nuestro compromiso político y social. Los jóvenes de hoy deben saber la historia de cada una de estas 8 personas”.
Antes de partir Liliana dejó una flor sobre el retrato de Mary, su hermana. “Hoy puedo saber que estuvo acá, le puedo dejar esta flor y gracias a ello su memoria no va a morir”.
El derecho a saber
¿Por qué se sigue buscando? Porque, como recordó la querella de la causa —Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas—, “el derecho a la verdad es imprescriptible”. Tiene una dimensión individual —saber qué pasó con cada desaparecido— y una social: la sociedad tiene derecho a conocer su historia, por más dolorosa que sea. En palabras de la Procuración General de la Nación, “mientras el Ejército no entregue la información sobre las inhumaciones que realizó, y considerando la extensión del campo, no se puede descartar que haya más cuerpos allí”.
El testimonio del represor Eduardo Costanzo indica que las personas ejecutadas en ese lugar fueron al menos 27. Si se hallaron ocho, quedan al menos 19 por encontrar, entre ellos una enfermera y un enfermero rosarinos. Otras referencias, sumadas al análisis de fotografías aéreas de la época, sugieren que la fosa hallada podría ser distinta a la denunciada originalmente.
“Tenemos muchos testimonios importantes de testigos, quienes cuentan que hubo fusilamientos y enterramientos, pero los datos sobre el lugar exacto son muy difusos”, cuenta Hugo Kofman, uno de los militantes de DDHH que concurre seguido al campo y participa de la búsqueda. “Los testigos entran con nosotros al campo y no reconocen el lugar, porque es un monte que ha cambiado mucho, los árboles que hay ahora no son los mismos que hace 50 años, tampoco los caminos -describe-, antes había picadas y sembrado. Eso dificulta el trabajo pero no lo hace imposible”, dice el miembro del Foro Contra la Impunidad y por la Justicia..
Los obstáculos y la resistencia
En 2012, el predio fue declarado Sitio de Memoria por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Sin embargo, en 2016, el Ejército solicitó volver a realizar maniobras militares allí, lo que fue rechazado enérgicamente por la justicia y los organismos de derechos humanos. “La preservación de la zona debe ser ilimitada en el tiempo”, argumentaron. Permitir la reocupación militar sería un acto negacionista, dijeron, y una ofensa a las víctimas.
Aunque dos proyectos legislativos para convertir el campo en un Espacio de Memoria perdieron estado parlamentario entre 2019 y 2022, en 2023 el Archivo Nacional de la Memoria reconoció el sitio oficialmente como “Campo de Exterminio y Enterramientos Clandestinos”. Este reconocimiento permitió la instalación de un monumento que recuerda su verdadero uso durante el genocidio.
-Ante el negacionismo del Gobierno Nacional, ¿está garantizado que la Provincia siga teniendo posesión y potestad sobre el campo?
-Tenemos una autorización de la Justicia Federal. Mientras que lo garanticen no habrá problemas -dijo Jatón.
Luego, Kofman agregó que en el actual contexto nacional, “en el que el Gobierno Nacional más que ser negacionista reivindica el terrorismo de Estado, que es más grave aun, nos hace valorar mucho más la decisión del Gobierno Provincial de seguir con la política de Estado en materia de Derechos Humanos, construyendo memoria, verdad y justicia, como se está haciendo hoy acá, en este campo”.
Tecnología y trabajo incansable
Desde 2021, se incorporaron nuevas herramientas a la búsqueda: escaneos LIDAR, georradares, retroexcavadoras, y más recientemente, un equipo del CONICET. Sin embargo, los resultados siguen siendo esquivos. Actualmente, un equipo compuesto por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, el Foro contra la Impunidad y por la Justicia, El Colectivo por la Memoria y el EAAF trabaja con una hoyadora y un detector de metales.
El compromiso es claro: continuar, aunque sea con herramientas precarias, hasta encontrar cada cuerpo. Porque detrás de cada hueso hay una historia, un nombre, una vida que merece ser devuelta a sus seres queridos.
“A partir de los testimonios hacemos un análisis y un relevamiento, y vemos las posibilidades que tenemos, con distintas técnicas y métodos de búsqueda”, cuenta el antropólogo Juan Nobile, quien en 2010 descubrió la fosa común con 8 cuerpos y continúa hoy su labor en el campo. “El objetivo es tener algún indicio más sobre posibles hallazgos de restos óseos humanos”, agrega el miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
-¿El EAAF cuenta con los recursos que precisa para continuar la búsqueda?
-Hay una merma en el envío de fondos. Llegan sin tener en cuenta el contexto inflacionario. Pero igualmente seguimos trabajando, y sea como sea lo seguiremos haciendo. Colaboramos con todo lo que tenga que ver con delitos de lesa humanidad.
Justicia, aunque sea por la verdad
“Juicio y castigo a los culpables”, reclaman aún los organismos. Y si ya no están vivos, “juicios por la verdad”. Porque no se trata solo de cerrar heridas individuales, sino de impedir que vuelvan a abrirse como sociedad. La memoria no es venganza, es justicia. Y es, también, una forma de resistencia.
El Campo Militar San Pedro no es solo un predio del Ejército. Es un sitio histórico, una prueba material del horror y la impunidad, pero también de la dignidad de un pueblo que no se resigna. Por eso, se siguen buscando los cuerpos de los desaparecidos. Porque la memoria retumba desde el suelo. Porque la historia no se olvida mientras haya quienes la sigan escribiendo con memoria, verdad y justicia.
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