“Se callan cuando entro a mi lugar de trabajo”, “no me saludan cuando llegan”, “me cambian los horarios todo el tiempo”, “me descalifican”, “me exigen más tareas de las que corresponden”. Las frases se suceden, a veces entre llantos, en la oficina del Ministerio de Trabajo de la provincia donde llegan los planteos vinculados al ámbito laboral privado. Y es muy probable que el maltrato sea verbalizado después de mucho tiempo de aguantar en silencio, por vergüenza o por miedo, el mismo que lleva a que las consultas no siempre terminen en denuncias concretas por temor a perder el empleo.

Mientras tanto, esas consultas aumentan, sea porque las prácticas de amedrentamiento se volvieron más frecuentes o porque se hicieron visibles: “Si a comienzos del año pasado teníamos 4 ó 5 consultas semanales, ahora son el doble”, reconoció Guillermo Cherner, subsecretario de Políticas de Empleo y Trabajo Decente del Ministerio, área de la que depende la oficina que canaliza estos reclamos y ofrece una respuesta interdisciplinaria ante estas situaciones.

Otros datos que surgen de su relevamiento muestran que de cada tres denuncias, dos son realizadas por mujeres. Y que a la hora de evaluar quiénes ejercen la violencia, se observa que los casos más frecuentes que llegan a la oficina corresponden a mandos medios, es decir, personal que tiene alguna jerarquía y acciona sobre quienes se encuentran en rangos inferiores.

Sobre el primer punto, Cherner arriesga algunas lecturas: “Vemos que por un lado las mujeres tienen un mayor impulso para contar lo que les pasa y se animan a relatar cosas que antes callaban. En cambio, los hombres son mucho menos propensos a verbalizar que son vulnerados”.

En cualquier caso, “la gente llega muy angustiada, desesperada y trae cosas difíciles de contar pero que impactan en el lugar de trabajo que muchas veces es donde transcurre la mayor parte de su tiempo”.

Para atender esta problemática, la provincia cuenta con dos equipos interdisciplinarios, uno en esta capital y otro en Rosario.

GRAVE, EN TODOS LOS ÁMBITOS

La violencia laboral puede manifestarse como agresión física o sexual, o acoso psicológico. Y tiene efectos concretos: en el trabajador o trabajadora, porque afecta su salud psicofísica y puede producir consecuencias negativas en sus relaciones sociales en general y familiares en particular; en la organización, porque produce malestar entre los trabajadores/as, disminución en la productividad, desaprovechamiento de capacidades, pérdidas económicas y desprestigio social, y en la sociedad ya que consolida la discriminación, y favorece el descreimiento en las instituciones y en la justicia. Así, tal cual, la define la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación.

La provincia de Santa Fe cuenta con la Ley Provincial 12.434 del año 2005, cuyo ámbito de aplicación es la administración pública y tiene por objeto prevenir, controlar y sancionar la violencia laboral, y brindar protección a los y las trabajadores víctimas de las mismas, a quienes denuncien o sean testigos de estos hechos. Estos casos se tramitan ante la Defensoría del Pueblo.

Las acciones que ocurren en el ámbito privado son las que llegan al Ministerio de Trabajo, donde se está avanzando en la elaboración de un proyecto de ley que comprenda a ese sector. Para ello se realizaron dos encuentros, el último en febrero, que incluyó a sindicatos, cámaras empresariales y legisladores de distintos partidos políticos, con la idea de contar este año con ese instrumento.

Guillermo Cherner, subsecretario de Políticas de Empleo y Trabajo Decente.Foto: Flavio Raina

CÓMO FUNCIONA

Cuando la consulta llega a la oficina ministerial, “la primera tarea es esclarecer si estamos hablando de un caso de violencia laboral. Ahí tenemos que dejar en claro que para que una situación encuadre en ese concepto tiene que haber una sistematización de determinados hechos”.

Hasta ahora, la intermediación parece rendir frutos: “En el 99 % de los casos, cuando los dueños, gerentes o jefes se enteran de una situación ocurrida en su empresa, buscan resolver el tema de manera favorable”, señala el funcionario. Y apunta a que el objetivo es que la parte empleadora “entienda que tener un ambiente con situaciones de violencia, va a llevar a la pérdida de productividad, ausentismo y mal ambiente de trabajo”.

Si el empleador no se presenta, se establece una sanción económica que equivale a medio salario mínimo, vital y móvil por la cantidad de trabajadores que ésta tiene. A veces concurre el apoderado legal o el gerente de recursos humanos o el dueño y se va con la tarea de resolver el tema. Luego, se vuelve a convocar a la víctima para saber si los compromisos de la empresa se cumplieron.

“Tengo que reconocer que en general los problemas se resuelven. Cuando se trata de un delito sexual o violencia física, que exceden la intermediación, la denuncia pasa a la Justicia”. En todos los casos, Cherner evalúa que la persona violentada “pasa por un proceso hasta que se anima a contar su situación, y una vez que se anima a hacerlo, tiene que dar otro paso hasta hacer la denuncia”, indispensable para comenzar a actuar.

DÓNDE ACUDIR

Area de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo de la provincia: Rivadavia 3049 (1° piso), de lunes a viernes de 7 a 13; 0800-5553846: e-mail: violencialaboral@santafe.gob.ar. En Rosario, la sede es Paraguay 751 (6° piso).

QUÉ ES

La violencia laboral se define como el ejercicio abusivo de poder que tiene por finalidad someter o excluir a un trabajador o trabajadora de su lugar de trabajo. Incluye el acoso psicológico, el acoso sexual y la agresión física; puede provenir tanto de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores y puede manifestarse por acción u omisión.

La violencia en el trabajo puede adoptar distintas formas: agresiones físicas, de violencia psicológica, manifestándose a través de intimidación, hostigamiento o acoso basados en distintos motivos, entre ellos el género, la etnia o la orientación sexual, entre otros.

Fuente: El Litoral