Entre los manifestantes arrestados al voleo el 24 de octubre  del 2018 tras la movilización al Congreso, había cuatro extranjeros. Funcionarios macristas salieron a pedir de inmediato que fueran expulsados del país. El fiscal del caso señaló que no hay elementos para acusarlos.

Miente, miente, miente que algo quedará

El 24 de octubre del año pasado cuatro extranjeros y 22 argentinos fueron detenidos como parte de un operativo represivo contra la movilización por la ley de presupuesto 2019. Se los acusó, en función de actas policiales, de delitos como atentado y resistencia a la autoridad y daños. Sobre el turco Anil Barán, los venezolanos Felipe y Víctor Puleo Artigas y el ciudadano paraguayo Luis Fretes se contaron historias asombrosas que los pintaban como espías o activistas violentos contra el G-20, como forma de exacerbar el punitivismo xenófobo tan de moda en tiempos electorales. El Gobierno anunció con saña que les quitaría la residencia y los deportaría, sin explicar que habían hecho; “buscamos expulsar lo más rápidamente a los extranjeros que ejercieron la violencia”, dijo Rogelio Frigerio; el director de Migraciones, Horacio García, pedía un juicio abreviado “como solución para expulsarlos”; hasta Miguel Angel Pichetto clamó que quería verlos pronto en Migraciones listos para ser echados. La semana pasada, sin embargo, el fiscal peal contravencional porteño Federico Tropea firmó una resolución taxativa que ordena el archivo de la investigación que tramitó contra todos los detenidos de aquella porque no encontró ni una sola prueba de que estuvieran cometiendo el menor acto de violencia ni ninguna clase de delito ese día al ser detenidos.

Falta algo significativo, faltan las pruebas del delito

“No hay ni videos, ni fotos, ni otros elementos que permitan acreditar que estas personas cometieron algún delito. No tiran piedras ni agreden o resisten órdenes. El Centro de Investigaciones Judiciales analizó cientos de horas de filmaciones públicas y privadas en las que no aparece nada. Por eso se decide el archivo por falta de pruebas”, explicó  un funcionario allegado a la investigación.  La resolución de Tropea fue presentada ante la jueza María Tula del Moral, pero ya da la pesquisa por terminada, a menos que aparezca alguna prueba. El texto evoca fallos referidos a movilizaciones anteriores –como las de la reforma previsional de 2017– en las que distintas fuerzas de seguridad pusieron en marcha detenciones a mansalva y al voleo, como si fuera un modus operandi. Hizo hincapié, por ejemplo, en un fallo del juez federal Sergio Torres que  sobreseyó a 58 manifestantes, aunque en ese caso procesó a once, pero señaló la arbitrariedad policial.

¿Cambiemos instala la xenofobia y el racismo?

La particularidad de la represión de la protesta contra la ley de presupuesto 2019 fue el empecinamiento del Gobierno en poner el énfasis en que  entre los detenidos había cuatro personas extranjeras, intentando generar un tratamiento diferenciado cuyo mensaje esencial era que si una persona de otra nacionalidad que se encuentra en la Argentina comete un delito, entonces hay que expulsarla. La ley de Migraciones prevé todo un procedimiento que los funcionarios, y en los últimos tiempos parte del Poder Judicial, no tienen interés en respetar. Por ejemplo, debe haber una condena, y se deben ponderar factores de índole familiar.  Pero el Estado decide invertir tiempo y recursos públicos en armar este tipo de acusaciones estigmatizantes sin ningún sustento.

Hippie activista antiglobalización y amante del Che Guevara

Ya por entonces el turco Anil Barán relató a este diario que vive en Córdoba con su novia y que había viajado a Capital Federal a hacer un trámite. Tenía que buscar su partida de nacimiento en la embajada para poder hacer la nacionalidad. Paraba en La Plata en la casa de un amigo y había viajado hasta Constitución, desde donde caminó, hasta que se topó con la movilización y unos veinte policías que venían de frente. Cuando tomó la calle Humberto Primo, los policías lo siguieron y le dispararon desde atrás, lo tiraron al suelo y lo ataron y llevaron detenido. Esto mismo relató ante la justicia, que no pudo recriminarle conducta ilegal alguna. Los medios oficialistas lo pintaron como un hippie activista antiglobalización amante del Che Guevara porque se había sacado una foto en el museo de Alta Gracia. Algo similar había pasado con los venezolanos  Víctor y Felipe Puleo. El Gobierno hizo circular versiones según las cuales eran espías del régimen de Nicolás Maduro. Ellos hicieron público un comunicado donde explicaban: “Somos inocentes de los cargos de los que se nos acusa”; “nunca hemos sido funcionarios públicos en Venezuela ni hemos tenido relación alguna con el gobierno de Chávez ni de Madura”, se vieron en la situación de tener que aclarar. Contaban también que como muchos otros venezolanos vinieron al país en busca de un futuro mejor, y de poder progresar. Como viven cerca del Congreso, habían salido a curiosear la movilización y guardar la moto que usaban para repartos. Todos estaban con los papeles al día. También el paraguayo, que es un hombre afincado en Argentina, con dos hijos, a quien se caracterizó como anarquista pero no se probó que hubiera cometido ninguna ilegalidad.

Extranjeros deseables e indeseables

“El gran tema derivado de estas circunstancia es el trato discriminatorio hacia los extranjeros que se exacerba”, señaló el defensor general Luis Duacastella. “Ahora  –alertó—se sumó una resolución del fiscal general que obliga a los fiscales a comunicar la simple promoción de una causa contra extranjeros, enviado un mail a migraciones. Es algo absolutamente discriminatorio que afecta la igualdad ante la ley, porque crea un registro no previsto de extranjeros indeseables”.

Fuente: Página 12