Gonzalo Gómez, un prometedor dirigente juvenil, desató una nueva crisis partidaria. Y que el gobierno del Frente Amplio abriera el debate sobre la ley de financiamiento de los partidos.
Por Andres Gaudin / Tiempo Argentino
Hecho a los padeceres, hacía unos cuantos meses, sin embargo, que el Partido Blanco uruguayo, el del expresidente Luis Lacalle Pou, no sufría un disgusto similar, el de un dirigente prometedor, joven, y que por ello mismo se creía incontaminado, metido ahora en el ojo de una trama delictiva. Días atrás estalló el escándalo, y al comienzo de octubre tuvo su políticamente cruento desenlace. El edil blanco montevideano Gonzalo Gómez había contratado como asesores a un padre y su hijo (Pablo y Lucio Leiva) y resultó ser que el progenitor era un narco que lavaba lo producido por el tráfico de drogas en una casa cambiaria y de cobro de servicios públicos propiedad de Jorge Gandini, un viejo dirigente partidario. La Justicia metió la cola y desató una crisis que desestabilizó al partido.
El detonante de la crisis se encuentra en una investigación policial que empezó a bucear en la casa de los Leiva. No era para menos. En medio del desorden en el que convivían padre e hijo, un revoltijo con los pisos sin barrer y el baño sucio, había importantes fajos de dinero a la vista, arriba de una mesa y sobre un armario de la cocina. Cuando la brigada empezó a buscar con más ahínco se halló, además, con la existencia de elementos poco comunes en el interior de una vivienda familiar, como ser una puerta interior blindada, una máquina de contar dinero y una balanza de precisión. Todo coronado con 265 kilos de cocaína acompañados por U$S 42 mil y tres millones de pesos nacionales (unos U$S 79 mil). Además, armas y municiones para AK-47, un fusil de asalto que no cualquiera tiene.
Las juntas departamentales son los legislativos comunales donde 31 ediles ejercen, sin sueldo asignado, el primer escalón de la carrera política de cualquier caudillo local con ambiciones. Por esas fallas institucionales derivadas de otros tiempos, esos seres honorarios están habilitados para designar hasta nueve asesores con sueldo equivalente a unos U$S 1400. Allí estaba Gómez, jefe de bloque, líder de las juventudes partidarias montevideanas y, por eso mismo, representante de nuevas generaciones en el Honorable Directorio, el máximo órgano de dirección del Partido Blanco.
Por lo visto, no era Gómez un personaje cualquiera. Compartía la jefatura partidaria con el expresidente Lacalle, con el último candidato presidencial blanco (Álvaro Delgado), con dos ex ministros que fueron los preferidos durante el gobierno de Lacalle (Mario Heber y Javier García) y con un selecto grupo de senadores, diputados e intendentes (gobernadores) de los departamentos del interior. Era, Gómez, el elegido por Gandini para sucederlo en la conducción de Por la Patria –corriente interna del Partido Blanco– porque al ejercer un cargo de control en la Administración Nacional de Puertos él está inhibido para actuar políticamente. Será por todo esto, quizás, que la Justicia le creyó que pese a convivir con su padre (con la cocaína, con la maquinita contadora de dinero, con la balanza de precisión los fajos de dólares y pesos) Lucio ignoraba las actividades de Pablo.
Esta vez los blancos no pudieron zafar del sinfín delictivo protagonizado con Lacalle Pou en el gobierno (2020/2025). Puede ser que el récord lo tenga Javier García, el ex ministro de Defensa que compró botes inflables que se hunden y aviones de combate que no pueden volar y contrató la construcción de dos patrulleras marinas con un astillero español que estaba dando quiebra y sólo se dedicaba a botar barcos pesqueros. El Partido Blanco ha resuelto todo con el envío de los sospechosos a una llamada Comisión de Ética, especialista en resolver causas con la suspensión temporaria de los derechos partidarios de los investigados. Tal el caso de un alcalde de Cerro Largo (este) que expidió 9000 licencias de conducir cuando el pueblo tiene 2700 habitantes. O el del intendente de Artigas (norte), que sólo en 2024 pagó 33.070 horas extras a 1637 funcionarios.
Un capítulo especial lo ha protagonizado Lacalle Pou. Además de haber admitido que había anulado aspectos básicos de la ejemplar legislación antitabaco dictada durante el gobierno de Tabaré Vázquez (Frente Amplio) para favorecer a las tabacaleras Philip Morris y Monte Paz, el ex presidente se comprometió en múltiples causas oscuras. Nunca quedó claro, por ejemplo, cuál fue su papel en la entrega de un pasaporte al narco Sebastián Marset (ahora detenido en EE UU) cuando estaba oculto en Dubai. Ni de otras fallas en las que la ética y la moral fueron generosamente vapuleadas. Entre ellas, la elección de Alejandro Astesiano como jefe de su custodia personal cuando la Justicia y los cuerpos de seguridad le habían advertido que se trataba de un multi delincuente con años de cárcel en su haber.
Las andanzas del joven descarriado (Gómez) y el partido (Blanco) que lo acunaba, abrieron un nuevo capítulo político. Las malas prácticas siempre existieron. En los años ’30, cuando se creó la petrolera ANCAP, fueron tan escandalosos los actos de corrupción que el ingenio popular acuñó un verbo que graficaba la forma dirigencial de robarle al Estado: “ancapear”. Ahora, por primera vez, y a la vista de la práctica que se expande en la región, se le agrega un peligroso temor: el de que detrás de la corrupción se oculten las inconmensurables fortunas del narco. Ello llevó a hablar de la necesidad de legislar sobre el financiamiento de los partidos. El gobernante Frente Amplio ya cursó la invitación al arco partidario. Con más o menos reparos todos, o casi, respondieron. Todos, o casi, quieren hablar del tema. Todos menos el Partido Blanco.
La histórica costumbre de mirar para otro lado
Al principio pareció que la torpeza, o como se llame lo que hizo el joven Gonzalo Gómez cuando contrató como su asesor a un narco que, además, era un ñoqui, terminaría como los todos y muy frecuentes hechos de corrupción que distinguen al Partido Blanco: con un cariñoso tirón de orejas. Pues no. Los veteranos del partido pretendieron que así fuera, para preservar la unidad y no castigar con rigor ético, ¡justo ellos!, a un veinteañero que además presidía el sector juvenil y, como tal, representante de la rama imberbe nacional nada menos que ante el Honorable Directorio del partido nacido hace 190 años.
Los blancos están acostumbrados a los sinsabores, como los generados por un ministro de Defensa que compró unos gomones de salvataje marino que no flotan –que se hunden, en realidad– y después dos ancianos cazabombarderos que no vuelan. O los de un canciller que vendió pasaportes a uno de los narcos más buscados por la DEA. O los de un viejo senador que está en la cárcel por reiterados actos de corrupción y tráfico de menores. Salvo cuando intervino la Justicia, las situaciones fueron emparchándose y así pretendieron hacerlo con Gómez, hasta que se pinchó la práctica del disimulo y no les quedó otra que optar entre un quiebre o “actuar con rigor ejemplarizante”. Ahora parece que al Honorable Directorio se le fue la mano, y además de borrar á Gómez de los padrones y de la conducción nacional, pidieron que renunciara a su cargo de edil y, lo que según las reacciones desatadas sería lo que más duele, devolver lo cobrado por el ñoqui que figuraba como asesor en la legislatura de Montevideo, desde donde Gómez conspiraba contra el gobierno progresista del FA. Irritada por el trato dado a su líder, la departamental juvenil blanca se quejó porque “no es justo el trato dado a Gómez si se compara con lo actuado ante otras situaciones iguales o peores”.