Aquellos «indignados» son los inquilinos de hoy. La chispa fue el desahucio de Maricarmen, a sus 87 años. La jugada de Sánchez de adelantar las elecciones. Sensación de nuevo ciclo político.
Por Jorge Muracciole / Tiempo Argentino
Justamente 15 años después del 15M, un nuevo acontecimiento popular se desarrolló con epicentro en la Puerta del Sol, en el lugar políticamente neurálgico de Madrid. Como en aquella rebelión de los Indignados, una verdadera disrupción ciudadana dijo basta a una práctica perversa pero sistemática que se intenta naturalizar por parte del poder económico y sectores políticos ligados a intereses privados: la práctica habitual del negocio inmobiliario de los desahucios.
Para poder desentrañar este acontecimiento social que tiene en vilo al gobierno y a la oposición en España, la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿qué está ocurriendo en la sociedad española, que para implosionar debió enfrentarse al desahucio de Maricarmen? La anciana de 87 años, que falleció el pasado miércoles, y que alquilaba desde hace más de 71 años un departamento en el distrito del Retiro, en el corazón de Madrid, con dignidad fue capaz de decirles que no a los fondos buitre y al parlamentarismo rehén del capital financiero. Su desalojo ha sido la gota que rebalsó el vaso, haciendo emerger un acontecimiento social que trasciende un caso particular y se convierte en un foco de indignación ante el establishment económico-político y los llamados fondos buitre.
El pasado
Así, cuando la vivienda en las principales ciudades de España se ha convertido en una imposibilidad para significativos sectores de la población, el humor social se canaliza en forma de acampada en el lugar políticamente más significativo, ante la pretendida naturalización de las fuerzas políticas mayoritarias. Se trata de una rebelión ciudadana que marca a fuego el devenir del capitalismo contemporáneo en su fase más especulativa.
En muchos ámbitos se suele apuntar que la cuestión se agravó con la explosión de la burbuja inmobiliaria del 2008, cuando los bancos españoles se llenaron de hipotecas impagas, suelos y edificios vacíos de promotores en quiebra: al desplomarse los precios, estos activos perdieron drásticamente su valor. Aunque el paulatino proceso de naturalización de los desahucios se haya gestado en los sucesivos gobiernos de la transición española, que se inició en junio de 1977 en el primer gobierno de Adolfo Suárez. Un proceso que envuelve al actual mandato de Pedro Sánchez, como ha sido el devenir de cercenamiento de derechos básicos, por caso el constitucional a la vivienda, permitiendo el ingreso de fondos buitre en el mercado inmobiliario sin ningún tipo de regulación.
Ante aquella crisis financiera del capitalismo a escala mundial, las directivas del Acuerdo Europeo de Basilea III obligaron a los bancos a sanear sus balances rápidamente, exigiéndoles mayor liquidez, teniendo que desprenderse de esos créditos e inmuebles tóxicos. Esto derivó en que para rescatar al sistema financiero, el gobierno español (con aval europeo) creó en 2012 la Sareb (conocida como el «banco malo»). Esta entidad centralizó la adquisición de miles de propiedades y permitió a grandes fondos de inversión internacionales comprarlas en bloque «a precios de saldo» con descuentos inmensos.
Fue el momento para la llegada de multinacionales tales como Blackstone (hoy el mayor inversor privado en bienes raíces de España) o Cerberus, expandiendo exponencialmente su presencia y convirtiéndose en actores estructurales del mercado del alquiler español, detonando intensos debates de regulación social y política.
El presente
Pero debió suceder el deshaucio de Maricarmen para que una multitud junto al sindicato de inquilinos se animara a movilizase desde las puertas del hogar de la jubilada por la Carrera de San Gerónimo, con escala en Las Cibeles y con una enorme concentración en la Puerta del Sol. Una multitud en un itinerario altamente estratégico, con tres puntos centrales para la política: la Comunidad de Madrid, el Congreso, y el Ayuntamiento en la Puerta del Sol. Justamente allí ese controvertido desahucio derivó en otro acampe multitudinario, como hace una década y media, como los indignados del 15 M.
Desde esa tarde se alteró el escenario político en el Estado Español. El Gobierno de Coalición del PSOE y SUMAR debió buscar una solución a contra-reloj, para la elaboración de un Real Decreto que contuviera una salida a la indignados que se extendía como reguero de pólvora por las principales ciudades españolas.
Esos proyectos buscaban protección ante los desahucios o las ayudas económicas en forma de beneficios fiscales y, al mismo tiempo, contentar a izquierdas, que proponían la prórroga automática de los alquileres.
Pero el trascurso de las horas marcaron el grado de desconexión de distintos sectores políticos con el sentir ciudadano, ya que la crisis habitacional atraviesa a adherentes a todas las fuerzas políticas, aun cuando la derecha esté, muy ligadas al negocio inmobiliario y el tema manche también a algún funcionario de PSOE. Lo concreto es que el Congreso rechazó los dos decretos y Pedro Sánchez obtuvo la excusa perfecta. Encima llegó el sábado 3 y la masividad de las protestas marcaron los tiempos por venir.
El futuro
Tras dos días de reflexión, el jefe de gobierno central decidió convocar a elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. Se trata de un golpe de timón y una jugada de alto riesgo. Otra vez en la España post Franquista, el pueblo en la calle cambia los lentos y adormecidos tiempos políticos.
Ahora la moneda está en el aire: esa derecha y ultraderecha que capitalizaron hace un mes largo la crisis migratoria en Ceuta, exacerbando la xenofobia españolista, hoy está atravesada por demandas sociales transversales tanto políticas como generacionales, en las entrañas de las autonomías peninsulares. Como subraya en sus análisis del acontecimiento el politólogo Jaime Pastor Verdú: «El estallido social del 26 S: la acampada que abre un nuevo ciclo político».