La falta de liquidez y de acceso al crédito aumentaron 130% el número de concursos preventivos: la antesala a la quiebra.
El FMI reiteró la receta e inyectó mayor tensión en el sector productivo nacional. Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazaron la propuesta del organismo sobre reforma tributaria por considerarla regresiva y pidieron generar un “nuevo consenso fiscal”. Por su parte, Industriales Pymes Argentinos (IPA) advirtieron por el cierre de casi 25.000 empresas y la destrucción de 364.000 empleos. La falta de liquidez y la imposibilidad de acceder al crédito incrementaron en 130 por ciento la cantidad de concursos preventivos de acreedores, una antesala directa a la quiebra.
Mientras el Gobierno nacional exhibe como logros centrales la calma de los dólares financieros y el descenso del riesgo país, la economía real no levanta. La contracción del consumo y el ingreso de productos importados amenazan con desmantelar el tejido industrial y comercial.
La CAME descartó de forma categórica las reformas tributarias impulsadas por el Fondo, donde aconsejan ampliar la base del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría —reduciendo el piso a partir del cual los trabajadores tributan—, extender la base imponible del IVA a bienes y servicios actualmente exentos, y reformar el régimen del Monotributo para elevar sus categorías. “Estas propuestas tienen un denominador común: recaen sobre los asalariados, los pequeños contribuyentes y el consumo doméstico. Es por eso que la CAME considera que son reformas regresivas que reducen el poder adquisitivo de los trabajadores y encarecen la formalidad para los sectores de menores ingresos, sin tocar ninguno de los impuestos distorsivos estructurales que verdaderamente frenan la inversión, la producción y el empleo formal en la Argentina”, manifestó la entidad en un documento titulado La reforma tributaria que Argentina necesita no es la que pide el FMI.
Al contrario, los representantes de las medianas empresas exigieron de manera urgente la convocatoria a un acuerdo para cambiar las condiciones impositivas que priorice el alivio, fomente la inversión y actúe como salvavidas para el entramado productivo. El objetivo de la iniciativa “no debe ser la reducción nominal de alícuotas, que puede revertirse por decreto, sino el establecimiento de reglas de juego permanentes que armonicen la base imponible, los regímenes de retención y percepción, y los mecanismos de devolución en todo el territorio nacional”, remarcaron. Insistir con mayores cargas fiscales sobre un sector que ya opera al límite, es firmar su acta de defunción, advirtieron.
Los indicadores sobre producción y trabajo confirman el derrotero. Desde diciembre de 2023, con la asunción de Milei a la presidencia, cerraron definitivamente 24.978 empresas aportantes y se perdieron 364.554 puestos de trabajo asalariados. El mercado laboral formal encadena 26 meses consecutivos en terreno negativo, con la industria manufacturera a la cabeza de los despidos: casi 50.000 empleos directos menos. “Estamos ante un modelo que festeja la paz cambiaria y el riesgo país a costa de la destrucción sistemática del mercado interno y la aniquilación de las Pymes. El rebote de la actividad del que habla el Gobierno es un espejismo para la economía real, porque el crecimiento no derrama y está atado exclusivamente a sectores extractivos que no generan empleo masivo. Mientras tanto, las fábricas y los comercios siguen bajando las persianas todos los días”, afirmó el presidente de IPA, Daniel Rosato.
En el Staff Report correspondiente a la segunda revisión del programa Extended Fund Facility (EFF), el propio FMI reconoce que, en esta etapa, el crecimiento de Argentina fue desigual: “Esta recuperación ha sido desigual, donde los sectores de mano de obra más intensiva, como la construcción y la industria manufacturera están rezagados en relación con los sectores primarios más dinámicos (energía, minería y agricultura) y el sector financiero”.
Además se señala que la economía y la creación de puestos de trabajo vienen perdiendo fuerza desde mediados de 2025 debido a la incertidumbre política y a que es más difícil acceder al crédito. Esto, según plantea el organismo, hizo que la desocupación subiera al 7,5 por ciento a fines de año (un punto más que a fines de 2024), en un contexto donde creció el trabajo informal y los sueldos le ganan menos a la inflación.
Un análisis sobre la publicación, elaborado por el Centro de Economía Política, CEPA, sostiene que el reporte “convalida la caracterización dual del modelo económico, donde los sectores “ganadores” explican apenas el 9,2 por ciento del empleo registrado privado”.
Las entidades pymes consideran que el prometido rebote de la actividad es un rulo estadístico porque -al igual que marca el FMI- el crecimiento se encuentra concentrado de manera exclusiva en rubros primarios y extractivos.
El sector pyme, en tanto, enfrenta una inflación rígida con costos en pesos que suben, convive con un tipo de cambio oficial inamovible. La dinámica encarece los costos en dólares de producción local y les quita competitividad para exportar. El derrumbe del consumo interno suma estrés a la economía real: solo en supermercado las ventas se desplomaron más del 3 por ciento en términos reales, con el agravante de que casi el 60 por ciento de las compras se financian con tarjetas de crédito.
Las organizaciones advierten que, si el flujo de divisas llega a fallar, el Gobierno se verá forzado a endurecer el cepo cambiario, lo que terminaría por asfixiar el stock de insumos básicos. Frente a este panorama, reafirmar que la estabilidad financiera deje de ser un fin en sí mismo: “De nada sirve tener orden fiscal si las persianas de las fábricas y los comercios se siguen bajando todos los días”, insistieron desde IPA.
Fuente: Página 12
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