Después de 11 años sin acciones productivas, se apura un mecanismo de cuestionable legalidad para una concesión a 30 años que requiere una inversión provincial millonaria y prohibida de no mediar una ley especial.
Después de 11 años sin un rumbo claro, sin una estrategia oficial predefinida y con la iniciativa -no publicada- de un oferente privado, el gobierno de la provincia ha dado carta abierta al presidente del Ente Administrador de la estación fluvial, para que llame a un dudoso “llamado a propuestas”, para operar la terminal de contenedores.
El puerto es un bien público y el presidente del Ente está designado por el gobernador. Hay antecedentes judiciales que saldan la controversia que dejó la legislación provincial que creó el “ente público no estatal”; quien preside el Ente, designado por el gobernador, es un funcionario público al frente de un organismo que administra un bien del Estado.
A pocos meses de un recambio de gestión provincial, se apura un llamado a “presentación y selección de propuestas”. Es un mecanismo cuanto menos dudoso que está llamado a controversia y eventual perjuicio para el interés santafesino. Conceder por 30 años la explotación y además ceder al concesionario la potestad de cambiar al operador o el destino de los bienes cedidos en uso, es más menos un perjuicio previsible que un proyecto de reactivación.
No se concedería solamente el espacio que ocupaba Loginter para operar contenedores. Se incluye en el llamado a propuesta -sin fundamento especificado- una playa de 10.000 m2 (la ocupaba hasta hace algunos meses la cervecería) ubicada al norte de los elevadores de granos. Incluso se habilita, según el texto de las bases y condiciones, a realizar “actividades de diversa índole compatibles con la actividad principal”. Tal compatibilidad abre el juego a actividades no contempladas en el llamado, y a más controversia y eventual perjuicio.
Según la normativa vigente, las tarifas son materia de definición del propio Ente administrador, pero el pliego redactado deja abiertos los mecanismos de negociación luego de una eventual adjudicación.
Tampoco se explicita la manera en que el Ente realizará los controles sobre la facturación del concesionario, a quien no se exigiría más que su propia declaración para calcular el canon que debe abonar.
El cálculo actualizado para la inversión pública requerida a fin de poner operativa la terminal de contenedores es de unos $ 90 millones. Pero la ley prohíbe al gobierno provincial hacer aportes económicos al puerto a menos que haya una ley que lo autorice. ¿Se va a firmar un contrato de concesión de la explotación sin que se sancione tal ley y, por lo tanto, sin que sea efectivo el aporte para que el muelle esté en condiciones?
El capítulo de la vinculación de las modalidades logísticas es otro de los que genera dudas más que razonables. La Municipalidad de Santa Fe viene sosteniendo que los trenes de cargas no entrarán más al ejido municipal, mientras que en las previsiones de inversión hay un capítulo para la recuperación de vías que, de no mediar acuerdos de jurisdicciones, resultaría en una dilapidación innecesaria.
El Ente se apresta además a invertir parte del dinero a recaudar “a futuro” del canon del Casino, en el asfaltado de calles internas. La normativa obliga sin embargo a destinar el dinero a los fines propios de la actividad portuaria, lo que no sucedería en tal caso.
Las gestiones ante la Aduana y la Dirección de Construcciones Portuarias para recuperar las credenciales operativas necesarias son hechos destacables, pero no constituyen un plan de acción. Y tampoco justifican apurar acciones de dudosa legalidad y efectividad condicionada.
Fuente: El Litoral
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