Elaboraron un informe en el que señalan que el Gobierno ejecuta un desmantelamiento encubierto. Bajo un supuesto federalismo, LLA pretende regalar la red de rutas nacionales a manos privadas.
La Federación del Personal de Vialidad denunció que el decreto 253 del presidente Javier Milei con el que delegó a nueve provincias la competencia para licitar obra pública de rutas con peajes es “el mayor proceso de vaciamiento desde la privatización de los 90”. Según la federación, el decreto pone en riesgo 785 puestos laborales de agentes que hoy trabajan para la DNV en esas provincias.
“Detrás de la retórica del federalismo cooperativo se esconde una lógica de desmantelamiento sistemático que dejará a miles de trabajadores viales sin función, y a la red troncal nacional en manos de concesionarios privados (pero con financiamiento público) sin control técnico efectivo del Estado”, denuncia la federación de trabajadores.
El informe “El desmantelamiento encubierto de la Dirección Nacional de Vialidad” analiza los tramos específicos transferidos por provincia, los niveles de tránsito (TMDA) de los corredores no concesionados, la viabilidad técnica y financiera de cada delegación, los riesgos sistémicos y las oportunidades estratégicas que plantea la iniciativa.
Y revela cómo la cesión de esos permisos a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz, significan un “viraje estructural en el modelo de gestión de infraestructura vial”.
Como en los ‘90
La gestión de La Libertad Avanza pasó la motosierra por el presupuesto para el mantenimiento de las rutas nacionales desde su llegada al poder, lo que redundó en un crítico estado de las vías nacionales y un freno a la economía que moviliza la obra pública. Con el decreto 253 deja en manos de provincias aliadas la competencia para realizar concesiones de obra pública por peaje sobre tramos de rutas nacionales no incluidos en la Red Federal de Concesiones.
La decisión firmada por Milei responde al reclamo de las provincias aliadas por el deterioro de las rutas –en particular en las rutas claves para el agronegocio, la explotación de Vaca Muerta y el acceso a zonas turísticas–, sin modificar la lógica del ajuste. La cesión se hace de forma limitada, temporal y revocable; mientras que la DNV retiene su carácter de autoridad de aplicación y fiscalización.
Sin embargo, los trabajadores advierten que el decreto, sin suprimir a la DNV –que el gobierno intentó disolver con el decreto 461/2025, rechazado por el Congreso–, la transforma en una “cáscara institucional que ‘supervisa’ tramos que ya no controla, ‘audita’ contratos que no redactó” y advierte que las funciones de sus trabajadores irán quedando en manos de privados para justificar una supresión posterior.
“Lo escuchamos en 1991, cuando se ‘delegaron’ funciones ferroviarias a las provincias y terminaron con el cierre de ramales y 90.000 despidos. Lo escuchamos en 1992, cuando se ‘transfirieron’ las escuelas y los hospitales nacionales, y las provincias los recibieron sin recursos para sostenerlos. Lo escuchamos cada vez que un gobierno desfinancia un organismo público antes de vaciarlo”, marca el informe, trazando un paralelismo con las privatizaciones del gobierno de Carlos Menem.
El informe advierte que el articulado del decreto no solo deja al DNV como consultor de “rutas que hasta ayer eran suyas”, sino que habilita en su primer artículo a hacer concesiones a “personas humanas”. “Es una puerta abierta para que cualquier individuo —con los contactos políticos correctos— acceda a una concesión vial sobre rutas nacionales”, denuncian.
Peligran 785 puestos de trabajo
Sobre los 785 puestos de trabajo que se ponen en riesgo por el traspaso de las concesiones a privados, la federación denunció que el decreto no establece ninguna cláusula de protección laboral ni hay convenios de absorción con los futuros concesionarios provinciales. “El artículo 8 solo habla de ‘toma de posesión por la concesionaria’. De los trabajadores que hoy mantienen esas rutas, silencio absoluto”, sentencian.
En ese sentido, la federación de trabajadores denunció que el Gobierno avanzó en la transferencia sin consultar a los sindicatos, violando el principio de negociación colectiva y la doctrina del empleo público protegido establecida por la propia Constitución Nacional.
Un “pastiche” de concesiones
El desmembramiento de un manejo federal de las rutas nacionales es puesto con el ejemplo de la mítica Ruta 40, que con el decreto queda dividida en cuatro jurisdicciones, a cargo de Mendoza, San Juan, Neuquén y Santa Cruz. “Cada provincia podrá establecer su propio régimen de peaje, sus propias normas técnicas, sus propios estándares de mantenimiento. La RN 40 dejará de ser una ruta nacional unificada para convertirse en un pastiche de concesiones incompatibles”.
En ese punto, el informe señala que la lógica privatizadora del gobierno nacional no funcionará en la mayor parte de las rutas cedidas a las provincias. “El 60 por ciento de los tramos incluidos en el decreto tienen niveles de tránsito insuficiente para sustentar un modelo de concesión por peaje económicamente viable sin algún tipo de subsidio estatal”.
Y anticipa que para en esos tramos, el privado no va a aparecer y las provincias abandonarán las rutas, sin personal. Mientras que en el resto de los tramos se creará una fragmentación tarifaria que “termina impactando en el transporte, en la producción y en el consumo”.
“El Decreto 253/2026 no es la privatización de los noventa. Es más sofisticado. Usa el lenguaje del federalismo, de la eficiencia, de la descentralización. Pero el resultado estructural es el mismo: la destrucción gradual de la capacidad estatal en materia vial y la transferencia de los activos rentables al sector privado”, concluye el informe.
Fuente: Página 12
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