A dos meses de las detenciones tras las protestas frente a la Legislatura de Santa Fe, sindicatos y organizaciones sociales reclamaron el cese de la persecución judicial.
A dos meses de la detención de cinco personas durante las protestas contra la reforma previsional frente a la Legislatura de Santa Fe, sindicatos y organizaciones sociales exigieron el cierre de las causas judiciales. En una conferencia convocada por CTERA, ATE Nacional, AMSAFE y otros gremios, se denunció la persecución judicial hacia los manifestantes y la falta de pruebas contundentes en las imputaciones.
El pasado 16 de octubre, en un operativo considerado “violento y desproporcionado”, tres docentes, un trabajador estatal y un militante territorial fueron arrestados durante una movilización en rechazo a la reforma. Los detenidos enfrentan cargos por daños materiales e intento de interrupción de la sesión legislativa.
Lorena Almirón, secretaria general de ATE Rosario, calificó las imputaciones como “improcedentes” y subrayó que la protesta era una defensa legítima de los derechos laborales y previsionales. “No son delincuentes, y esta persecución no tiene justificación alguna”, afirmó.
La dirigente también cuestionó la falta de respuesta del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, a quien se le solicitó formalmente explicaciones sobre el operativo. “Fuimos a reclamar por algo justo que afecta tanto a jubilados como a trabajadores activos. Nos deben una respuesta”, insistió Almirón.
El conflicto se originó a principios de año, cuando el gobierno provincial intentó impulsar una reforma previsional que los gremios consideraron perjudicial para los trabajadores. Según Almirón, las movilizaciones masivas fueron una respuesta legítima a las medidas que “deterioran las condiciones laborales y económicas de los trabajadores”.
Evaluaciones de idoneidad
En paralelo, ATE también cuestionó las evaluaciones de idoneidad impuestas por el gobierno a unos 40.000 empleados públicos. Almirón calificó la medida como un acto de persecución y estigmatización. “Más del 90% de los trabajadores aprobaron el examen con éxito, pero esto no es la primera vez que enfrentan evaluaciones de este tipo. Lo que exigimos es el pase a planta permanente para compañeros que llevan más de 10 años contratados”, afirmó.
La dirigente destacó que las evaluaciones son innecesarias y representan un mecanismo de amedrentamiento hacia los empleados públicos, muchos de los cuales cumplen con sus tareas bajo contratos precarios. “Es hora de que se reconozca la antigüedad y el compromiso de estos trabajadores con la estabilidad laboral que merecen hace mucho tiempo”, agregó.
Almirón enfatizó que las protestas contra la reforma previsional y las actuales demandas de estabilidad laboral son parte de una lucha más amplia por el respeto a los derechos de los trabajadores. “Luchar no es delito, y no vamos a dejar de reclamar lo que creemos justo para nuestros compañeros y para toda la sociedad”, concluyó.
Fuente: Sin Mordaza
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