Así se expresaba el Diputado provincial Oscar “Cachi” Martínez a los micrófonos de FM Chalet sobre la importancia de lograr la media sanción en el Senado provincial de la ley de Protección de Derechos y Garantías  de la Víctimas  de Delitos y sus familiares de su autoría .La referencia es  a la decisión de la justicia santafesina en el caso del femicidio de Vanesa Castillo, que encontró culpable a Juan Ramón Cano que al ser insolvente las costas del juicio y apelación que rondan los 540.000 pesos por normativa legal tenían que ser pagados por la querella, es decir por los familiares de Vanesa, cuestión ya resuelta pues el Estado provincial se hará cargo de pagar ese dinero.

“La verdad que la provincia de Santa Fe esté en deuda con las víctimas de delitos y sus familiares el enorme colectivo de cientos de personas que se han visto atravesados por el delito y donde el Estado realmente debe equilibrar la balanza y garantizarles derechos que no solo significan el acceso a un patrocinio sino también una reparación integral que incluya la atención psicológica, médica y la atención social”.

“Si esta ley fuera sancionada, la revictimización de la familia de Vanesa Castillo no se hubiese producido. Es por ello que nosotros estamos dialogando con el Senado para poder avanzar en esta materia es una ley que fue realmente discutida por todos los sectores de los diferentes sectores del gobierno con todos los poderes el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público de la Defensa, jueces, fiscales, pero por sobre todas las cosas participaron expertos y familiares de víctimas. Es una ley que contempla la necesidad de fortalecer esta representación legal que tienen que tener las víctimas, entendiendo que hoy los organismos que existen como es el  Centro de Atención Judicial no tienen los suficientes recursos ni la suficiente dotación de profesionales y que plantea la posibilidad que la Corte Suprema realice convenios con los Colegios de Abogados en todas las jurisdicciones de la provincia para establecer un listado de abogados en la defensa de los derechos de las víctimas y sus familiares. A la vez el sostenimiento de ese cuerpo de abogados sea dentro de las responsabilidades que tiene el Estado para garantizar los derechos humanos sostenidos por la provincia. Es una ley muy completa que también pone de manifiesto la responsabilidad de los funcionarios públicos de informar cuales son los derechos porque nadie está esperando estar atravesado por el delito y pensando en las consecuencias que ello genera y en muchas ocasiones las víctimas ni si quiera tienen cuales son los derechos que la legislación le asiste , evitar la revictimización no solamente teniendo en cuenta el caso de Vanesa ser condena por colaborar con el objetivo de logra justicia sino también permitiendo que las victimas puedan declarar en sus domicilios, exigiendo a los funcionarios judiciales que eviten el  contacto del imputado con las víctimas  en el ámbito de las audiencias. También establece la posibilidad de que justamente las víctimas puedan aportar pruebas”.

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