Esta tarde en FM Chalet, dialogó con la abogada, Valeria Carreras, para charlar sobre la causa de desaparición del Ara San Juan, y la denuncia contra Mauricio Macri y el ministro de seguridad Aguad.
Para los querellantes del complejo expediente a cargo de la jueza federal Marta Yañez, el presidente, su ministro de Defensa y ciertos oficiales de la marina tendrían presunta responsabilidad penal en la muerte de los 44 tripulantes del submarino que explotó en el fondo del mar.
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“Homicidio con dolo eventual reiterado en 44 casos”, “mal desempeño en sus funciones” y “abandono de personas”, son las calificaciones legales que la querella unificada que impulsa la investigación por el hundimiento del submarino ARA San Juan, el 15 de noviembre de 2017 solicitó para doce funcionarios, entre civiles y militares. Entre los civiles están Mauricio Macri y su ministro de Defensa, Oscar Aguad. El pedido se realizó a tres días de las elecciones presidenciales del 27 de octubre, ante la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez.
Desde el juzgado dejaron trascender que se trata solo de una solicitud, que obviamente será profundamente analizado, pero que la magistrada ya tendría perfilados los cargos y los responsables, alguno de los cuales podrían coincidir con los mencionados en él escrito.
En la causa ya hay tres imputados por la magistrada, el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, quien al momento del siniestro se desempeñaba como jefe de Logística de la Fuerza de Submarinos; el mencionado Correa, y el capitán de navío Héctor Alonso, por entonces jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos. Todos oficiales en actividad. Los tres, en una estrategia que parece sugerida por la propia Armada, se negaron a declarar y solicitaron la asistencia de un defensor oficial.
Para los abogados Fernando Burlando, Lorena Arias y Valeria Carreras, los presuntos responsables del fallecimiento de los 44 tripulantes serían -con distinto grado de responsabilidad- Macri; el ministro Oscar Aguad; la ex secretaria de Servicios Logísticos para la Defensa y Coordinación Militar en Emergencias del ministerio de Defensa, Graciela Villata; el exjefe Estado Mayor Armada, almirante Marcelo Srur; el ex jefe del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo; el ex jefe del Comando de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Claudio Javier Villamide; el jefe de Mantenimiento y Arsenales, contraalmirante Eduardo Malchiodi; el ex jefe del Centro Integración de Inteligencia Táctica Atlántico, Daniel Ernesto Iribarren; al ex jefe de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos, Hugo Miguel Correa; al capitán de corbeta Francisco Oleiro (del área comunicaciones); al -contralmirante Gabriel González, ex jefe de la Base Naval Mar del Plata; al contralmirante Osvaldo Vernaza y al ex titular de Comunicaciones e Informática de la Armada Argentina.
Para los abogados querellantes los doce funcionarios mencionados, “a la luz de la prueba colectada –serían- los responsables de la mayor tragedia de la Armada en tiempos en paz”, y por tal motivo se solicitó formalmente su imputación.
La jueza tiene 10 días hábiles para resolver si los procesa por el delito de incumplimiento en los deberes de funcionario público. El delito es excarcelable y una pena de dos años de prisión.
En la presentación judicial, ingresada por Carreras, asegura que “para evitar toda suspicacia, acreditaremos que las imputaciones por homicidio con dolo eventual reiterado 44 ocasiones, aplica tanto a la hipótesis de muerte por implosión, léase, falla mecánica del Submarino Ara San Juan como así también responsables de la hipótesis de muerte por explosión del submarino por ataque externo o muerte por colisión con buque pesquero ilegal”.
Estas dos últimas hipótesis, en principio, no estarían acreditadas en el expediente, sin embargo la querella deja abierta la posibilidad.
Los abogados también le advierten a la magistrada que “dejaremos para otro punto, la imputación del delito de abandono de persona, respecto de los responsables tanto del SAR, léase ’la búsqueda y rescate del submarino y sus tripulantes’ como del delito de encubrimiento de la verdad respecto a lo sucedido con el Ara San Juan y su tripulación, y del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Bajo el título “Crónica de una muerte anunciada”, los querellantes, explican que “Los imputados son responsables de autorizar la zarpada para cumplir con la ORDEN DE OPERACIONES DEL COMANDO FUERZA SUBMARINA NRO 04/17, la cual consta agregada en la causa, a pesar de tener conocimiento de:
1) “Un Informe del propio comandante del Submarino Ara San Juan capitán de fragata Pedro Martín Fernández, de fecha 1 de setiembre de 2017 el cual da cuenta de una serie de novedades (desperfectos, falta de funcionamiento, falta de equipamiento) y arreglos que había que realizarle al submarino Ara San Juan”.
2) “Falta de ingreso a Dique Seco para reparaciones y carenado varias veces requerido y postergado, estando vencido holgadamente en más de 40 meses”.
3) “Falta de certificación de escotillas para rescate”.
4) “Innegable desaprensión de otros indicadores alarmantes como Los reportes de la navegación de Julio de 2017 con serias complicaciones por ingreso de agua a baterías, fallas de periscopio y fallas de propulsión”.
“Los aquí imputados debieron prever el final ya que uno o varios de esos faltantes y condiciones de la máquina generarían el peor desenlace en pleno altamar, en este caso la falla mecánica/eléctrica que habría generado el ingreso de agua salada a al sector de baterías provocando un principio de incendio, o una persecución de otro buque que estaban fotografiando en infracción, o toparse con artes de pesca por aproximarse (redes) en patrullaje a la faena de pesqueros, o haber navegado por el Área Juliana en su parte coincidente con la zona delimitada por el Convenio de Madrid y haber querido evadir el pin o detección de naves del Reino Unido (RU), siendo que no se habría avisado de la presencia argentino militar al RU unido como prevé el convenio aludido, o haber tenido un fallo de los ‘habituales y naturalizados por la superioridad’ en aguas de profundidad superior a 100 metros”, sostiene la querella unificada entre sus fundamentos.
“Lo que queremos decir -explican los tres abogados- es que para todas las hipótesis, aun no probadas, el submarino tenía todos los impedimentos que lo inhabilitaban para salir a navegar y realizar dichas tareas en esas latitudes. Siendo entonces responsables inequívocos ante cualquier escenario de los planteados, los civiles y oficiales de la Armada que representándose la consecuencia de enviarlos en dichas condiciones, lo hicieron igualmente”.
En una parte del escrito, la abogada Carreras asegura que: “A través de los dichos de mis representadas, esposas en su mayoría, todas fueron coincidentes en que, la navegación de Julio de 2017 fue muy difícil para sus maridos, la mayoría de ellas, manifestaron que en forma directa o indirecta quienes fueron a esa misión “sintieron que estuvieron al borde de la muerte”.
Esa aseveración la lleva a concluir que “La percepción de ellas no era infundada, los relatos puntuales de algunas fueron luego verificados con los testimonios de quienes realizaron aquella zarpada de julio de 2017 y están vivos para contarlo, incluso se desprende de la simple lectura del informe del comandante Fernández de fecha 1-9-2017”.
Carreras se refiere al mismo informe que ya fue publicado por Infobae de manera exclusiva. Es allí donde se elata, por ejemplo, el ingreso de agua, el incidente con un pesquero chino y hasta la pérdida de aceite.
Los querellantes también le recuerdan a la jueza que “los numerosos testigos que ya declararon en el expediente aportaron un cuadro de situación alarmante en aquel viaje de Julio de 2017 y se advertía con claridad meridiana que el submarino avisaba que la tragedia era inminente y sin embargo autorizaron la zarpada permitido e incluso aumentando los riesgos, al firmar la orden de operaciones 04-17”.
“Si comparamos aquella navegación con la última misión que el Submarino Ara San Juan nunca terminó, podremos concluir que la muerte era un resultado inexorable desde Julio de 2017, pero ninguno de los imputados de homicidio reiterado con dolo eventual, lo evito y autorizaron, diagramaron y permitieron la siguiente zarpada del 25-10-2017”, se sostiene en el relato de acusación, basado en los documentos recabados en la causa.
Después de fundamentar la gravisima acusación que realizan, los querellantes justificaron el pedido de imputaciones de cada uno de los funcionarios. Por ejemplo sobre el ministro Aguad se asegura que: “Es el responsable mayor en orden a su función de mando total respecto de las fuerzas, en este caso la Armada Argentina y no podía desconocer ni el carácter de la navegación ni el informe de la navegación de julio de 2017 siendo que el ministro asume la cartera de defensa en ese mismo mes y año, ni el estado de la nave”.
Sobre el jefe del Estado Mayor de la ARA, el Almirante Srur se sostiene que: “Es la autoridad máxima de la Armada Argentina quien no puede desconocer nada de lo que ocurre en su tropa, especialmente la falta de mantenimiento del submarino y el tipo de misión ni el lugar donde realizarían las operaciones a partir de octubre de en 2017, cuando ha quedado en la causa demostrado que tuvo pleno registro de lo acontecido en la navegación de julio de 2017 , mediante el pedido de explicaciones al titular del COAA López Mazzeo respecto de los fondos asignados al patrullaje pesquero, de septiembre de 2017”.
Del mencionado López Mazzeo se dice que: “Como jefe del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada es quien tiene a su cargo la autoridad y responsabilidad de Planear y Conducir el alistamiento el mantenimiento, el adiestramiento operativo y el empleo de los medios del poder naval y de los que integran comandos conjuntos y las ordenes de operaciones que se le asigna anualmente a cada unidad, en este caso el ARA San Juan a sabiendas del estado de dicha unidad, lo informado y ocurrido en la navegación de julio de 2017, y la falta de reparaciones y condiciones para la última navegación y patrullaje del submarino”.
Del jefe del Comando de la Fuerza de Submarinos, capitán Villamide, se asegura que era: “quien estaba a cargo de la totalidad de las operaciones del arma submarina, no solo a cargo de dicha división inherente a la fuerza submarina sino que fue quien autorizó la orden de operaciones 04-17 a sabiendas de lo acaecido en julio de 2017 con el fallo eléctrico más la presencia de submarino nuclear en la zona de navegación y en conocimiento de la zona peligrosa donde se realizarían las etapas de la misión”.
Al presidente Mauricio Macri -entre otros- se le imputa el presunto delito de “mal desempeño en los deberes de funcionario público porque “se puede trazar un paralelo con la causa Cromañón que tuvo a Aníbal Ibarra, por entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como al primer procesado por Mal desempeño e incumplimiento de los deberes de funcionario público, para luego ser destituido por juicio político pero con el agravante que es el Presidente es por Ley de Defensa Nacional 23.554 el Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, detentando la autoridad suprema incluso sobre el ministro de Defensa”.
Para los querellantes, Macri “permitió que a través de las delegaciones de facultades a sus ministros en este caso al ministro Aguad, se permitiera volver a navegar el submarino ARA San Juan, sin estar en condiciones, con los antecedentes de la navegación critica de julio de 2017, sin pirotecnia, con los canisters de cal soda vencidos en más del 90%”.
Ahora quien tiene la palabra es la jueza Yañez.
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