Ayer 23 de septiembre, Día Internacional contra la explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, el Observatorio de Violencias de Género de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL presentó nuevamente el informe que indaga acerca de los dispositivos de gobierno desplegados en la ciudad, a partir del nuevo marco jurídico sobre trata de personas.

En el marco del programa Las Mujeres y el Derecho en el Litoral, se realizó una nueva presentación del informe “La trata de personas en la ciudad de Santa Fe. A diez años de la primera ley nacional 26.364”, realizado por el Observatorio de Violencias de Género de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

En conmemoración del Día Internacional contra la explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, el lunes 23 de septiembre, a las 18, en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) de la UNL, el equipo de investigación, bajo la dirección de María Paula Spina, describió y explicó el impacto que las nuevas regulaciones jurídicas sobre trata de personas con fines de explotación sexual tuvieron en el funcionamiento real del sistema penal en Santa Fe, entre 2008-2017.

“Lo importante es destacar que este Informe lo que busca es poder hacer un análisis sobre qué ha sucedido con la implementación de la Ley de Trata en la ciudad de Santa Fe, a diez años de su sanción. Es un informe que se elaboró entre 2017 y principios de 2019, que si bien ya hemos adelantado algunos resultados, nos parece importante en esta oportunidad volver a compartirlo y socializarlo, sobre todo teniendo en cuenta lo que esta sucediendo en la actualidad, con relación a los femicidios y a la búsqueda de las mujeres”, explicó Paula Spina.

El documento se divide en cuatro capítulos: en el primero se menciona el marco normativo; en el segundo se presenta la información de tipo cuantitativa relativa a la dimensión que adquiere esta problemática en Santa Fe, a través de datos estadísticos suministrados por los organismos competentes; en el tercero, se realiza un análisis de los discursos de los operadores jurídicos presentes en siete sentencias de la ciudad; en el cuarto, se expone la información cualitativa obtenida a partir de entrevistas con informantes clave pertenecientes a ámbitos estatales y de organizaciones civiles; y por último se comparten las principales conclusiones y reflexiones de la investigación.

Conclusiones

Uno de los principales aspectos que surgen en este acercamiento preliminar a los datos estadísticos tiene que ver con la brecha existente entre los casos recibidos por la justicia federal y el Ministerio Público de la Acusación en el ámbito provincial. Así, podemos inferir que en la práctica no se respeta el principio de investigación preventiva de la trata en el ámbito federal reconocido en la normativa de referencia.

En cuando a las características de las personas víctimas de trata, todas ellas son mujeres entre 16 a 40 años de edad:

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es la falta de información y datos sistematizados. No existen bases o registros comunes entre los distintos organismos intervinientes lo que dificulta la posibilidad de realizar un abordaje integral, como así también la elaboración de políticas públicas situadas y que respondan a un contexto localizado. Si bien las distintas instituciones llevan sus propias estadísticas, no existe una práctica o política de sistematización común, ni se han establecido cuáles deberían ser las categorías cualitativas y cuantitativas a considerar para el análisis de este delito en pos de una política institucional de prevención, persecución y asistencia.

Como vemos en el gráfico, el mayor número de casos de trata se han dado dentro del país, sin traspaso de frontera alguna. Asimismo, aparecen cinco traslados de mujeres hacia el interior de la provincia, a ciudades como Pilar, San Cristóbal y Rosario, y otros 5 en los cuales el destino es dentro de la misma ciudad de Santa Fe.

Aparece también como potencial tema de investigación el número de mujeres que han sido condenadas por el sistema penal en calidad de autoras. Esto se desprende de datos provistos por la PROTEX que reflejan un incremento de la tasa de criminalización femenina vinculada a estos delitos en relación a la que se observa en otros. Esto llama especialmente la atención si consideramos, por un lado, la cláusula de no punibilidad de las víctimas de trata prevista en la normativa analizada, y por el otro, la proliferación de investigaciones en el campo de la justicia provincial que se rige por otras normas procesales vinculadas a los delitos conexos.

Otra cuestión que advertimos es la brecha existente y la falta de relación entre el número de investigaciones iniciadas por el MPA por delitos conexos (256 en el periodo 2014 – 2017) y el número de víctimas efectivamente asistidas por los organismos especializados (Secretaría de Derechos Humanos – 14 en el año 2017; Programa Nacional de Rescate: 38 en el período 2009 – 2017).

En lo que respecta a las sentencias que se han dictado durante el periodo mencionado, la PROTEX registró 14 sentencias condenatorias y 2 absolutorias por el delito de trata sexual y delitos conexos. Es decir, solo un 12,5% han sido absolutorias. Fuente: Observatorio sobre Violencias de Género de la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe) a partir de la información remitida por la PROTEX. De ese total se desprende el dato de que fueron 23 los individuos condenados, 10 mujeres y 13 varones. En cuanto a las nacionalidades, el 95,65% son argentinos (22 son argentinos y 1 es paraguayo).

Por último, si bien se ha solicitado información a los organismos pertinentes respecto a las búsquedas de paradero, no fue posible contar con estos datos. Consideramos que ésta es una dimensión de suma importancia que debería ser evaluada profundamente para la faz de prevención de la trata de personas como así también para un correcto abordaje de estas investigaciones en su fase preliminar.

Con información de El Litoral