El exsecretario de Participación Social, Marcelo Dellaporta, admitió haber cometido el ataque sexual. La cartera sanitaria, de la que continúa siendo empleado, lo suspendió y abrió un sumario administrativo.
Condenaron a un exfuncionario del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe luego de que reconociera haber abusado sexualmente de una empleada de la propia cartera sanitaria.
Se trata de Marcelo Heladio Dellaporta, un médico que se desempeñaba como Secretario de Participación Social en Salud en octubre de 2024, cuando ocurrió el episodio denunciado.
La sentencia fue dictada por el juez penal Leandro Lazzarini en el marco de un juicio abreviado, luego de un acuerdo alcanzado entre la fiscal Vivian Galeano, el querellante Agustín Stratta y el defensor Ignacio Alfonso Garrone.
Durante la audiencia, el acusado reconoció la existencia del hecho y aceptó la pena fijada. Dellaporta fue declarado responsable del delito de “abuso sexual simple”, delito por el cual le impusieron tres años de prisión de ejecución condicional.
Tras la sentencia, el Ministerio de Salud resolvió iniciar un sumario administrativo y suspender preventivamente a Dellaporta de su puesto de empleado de planta en el Servicio para la Atención Médica para la Comunidad (SAMCo) «Dr. Daniel Alonso Criado» de la ciudad de Esperanza, donde cumplía funciones como profesional ayudante dentro del área de Estadísticas con una carga de 44 horas semanales.
Agresión sexual en un despacho
El hecho por el cual Dellaporta resultó condenado ocurrió a fines de octubre de 2024 en el despacho que el exfuncionario ocupaba en la sede central del Ministerio de Salud de Santa Fe, ubicada en la intersección de las calles 1° de Mayo y Juan de Garay.
Según la investigación judicial, Dellaporta tomó por sorpresa a la víctima sujetándola de los brazos, la acorraló contra un armario de la oficina, intentó besarla sin su consentimiento y posteriormente tocó sus partes íntimas.
La denuncia de la empleada dio inicio a las actuaciones penales que tuvieron su primer avance formal en marzo de 2025, cuando el fiscal Roberto Olcese imputó al exfuncionario por “abuso sexual simple”. Finalmente, la causa se resolvió mediante el procedimiento abreviado pactado con la fiscal Vivian Galeano.
A raíz del avance del proceso judicial, Dellaporta presentó en su momento la renuncia al cargo político que ejercía en el Ministerio, la cual fue aceptada por el gobernador Maximiliano Pullaro cinco días después de su presentación oficial.
Además de la pena condicional, el fallo le impuso reglas de conducta estrictas: prohibición absoluta de contacto y acercamiento a menos de 200 metros de la víctima y su domicilio, prohibición de portar armas de cualquier tipo, abstenerse del consumo de alcohol y drogas, y fijar domicilio bajo supervisión estatal.
Asimismo, la resolución judicial dispuso la inscripción obligatoria del condenado en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG), conforme a las prescripciones de la normativa vigente para este tipo de conductas.
Suspensión y sumario administrativo
De forma paralela a la definición en los tribunales santafesinos, el Gobierno de la provincia adoptó medidas de rigor en el ámbito administrativo. El Ministerio de Salud resolvió iniciar un sumario administrativo y suspender preventivamente a Dellaporta de sus funciones.
La medida disciplinaria fue oficializada mediante una resolución firmada por la ministra de Salud, Silvia Ciancio. La norma abre una instancia formal para investigar su conducta y determinar eventuales responsabilidades en el marco de la función pública santafesina.
La suspensión alcanza al cargo ordinario de profesional ayudante que el médico conserva en el sistema de salud provincial. Por tal motivo, el profesional permanecerá apartado de sus tareas en el SAMCo de la ciudad de Esperanza mientras se sustancie el trámite sumarial.
Con esta resolución, las autoridades del Ministerio buscan resguardar la transparencia del procedimiento interno y evaluar las sanciones administrativas que correspondan tras la condena judicial.
Fuente: El Litoral