Entró al Congreso por ser la siguiente en la lista del autodenominado “libertario” que obtuvo el 17 % de los votos en la Ciudad de Buenos Aires. Se presenta como defensora de “derechos humanos”, pero es una impostora. No defiende nada nuevo, son los mismos “valores” que hace 45 años concluyeron en un genocidio en Argentina y que hoy expresan partidos como el Vox español. Mirá un poco de lo que piensa, dice y hace.

Milei de nuevo no tiene nada. No sólo su plan económico, como le dijo Myriam Bregman, es el de las Tres M (Martínez de Hoz-Menem-Macri) sino que sus concepciones sobre la sociedad, la vida, la igualdad, los derechos de las mujeres y demás aspectos ideológicos se inscriben en lo más conservador y nada libertario que supimos conseguir.

Él mismo se vio obligado a reconocer que en plena década del 90 fue funcionario del gobierno de Antonio Domingo Bussi en Tucumán, el sanguinario genocida que gobernó a sangre y fuego esa provincia tras el golpe del 24 de marzo de 1976 y antes había encabezado el “ensayo” del plan sistemático de exterminio: el Operativo Independencia.

Milei reivindica ese pasado suyo, cuando fue parte de la misma “casta política” a la que hoy dice no querer. Pero además integró a su sello político Avanza Libertad a otros personajes que no tienen nada que envidiarle en términos de trayectoria. Como la doctora Victoria Eugenia Villarruel, quien lo secundó en la lista de precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires.

“¿Yo negacionista? No, no y no

Tal vez con decir que la abogada porteña está a la derecha de la Teoría de Los Dos Demonios alcance y sobre. Esa teoría fue acuñada en los alfonsinistas años 80 e intentó igualar (en sus conceptos y en sus consecuencias prácticas, políticas y jurídicas) el terrorismo de Estado con la violencia de las organizaciones guerrilleras que actuaron en Argentina.

Pero Villarruel va más allá. Ella no sólo justifica la represión al movimiento de masas pergeñado por las clases dominantes y el “partido militar” (con el aval de los partidos mayoritarios) durante los años 70, sino que exige que el Estado reconozca como “víctimas” a militares, policías, penitenciarios, empresarios, burócratas sindicales y demás personeros de aquella represión que murieron en enfrentamientos con militantes de las organizaciones armadas o incluso en circunstancias nunca esclarecidas.

Es probable que cuando se la escuche hablar sus palabras no suenen tan reaccionarias o fascistas. Es que ha logrado bastante bien amalgamar la retórica de la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos y “antiterrorismo” con la justificación del genocidio argentino y la búsqueda de impunidad para sus ejecutores. En eso, talento no le faltó.

Una de las “obras” más destacadas de la abogada es haber creado en 2006, junto a otros defensores de la dictadura, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, (Celtyv). La pretendida ONG humanitaria no es más que un sello desde el cual Villarruel hace lobby, nacional e internacionalmente, para lograr un retroceso en leyes y jurisprudencia que, aún dentro del régimen democrático burgués, han sido conquistas de sobrevivientes y organismos de derechos humanos en la búsqueda de verdad y justicia.

Con el Celtyv, en mayo de 2018, viajó a Nueva York para un encuentro de “víctimas del terrorismo” organizado por la Organización de las Naciones Unidas. Desde allí se filmó pidiéndole directamente al Gobierno de Mauricio Macri “que reconozca a las víctimas del terrorismo” porque “17.380 familias esperan justicia, verdad y reparación”. Un video similar a ése volvió a grabar en julio de 2019, desde la misma sede de la ONU.

A finales de 2021 fue entrevistada en el canal LN+. Allí el periodista Pablo Sirven le preguntó si ella es negacionista. “No”, respondió. Pero dice, por un lado, que su ONG ya registró más de 17.000 “víctimas del terrorismo” (acusa directamente a Montoneros y ERP); mientras que por otro lado niega que las personas detenidas-desaparecidas en la segunda mitad de la década del 70 hayan sido 30.000.

Villarruel sólo reconoce el número parcial de víctimas contabilizado por el Estado a la salida de la dictadura, detallado en el informe Nunca Más de la Conadep alfonsinista. Es decir que para ella hubo más víctimas del “terrorismo guerrillero” que del genocidio reconocido por el propio Estado a través de sentencias judiciales. Pero ella no es negacionista. No, no y no.

Fuente: La izquierda diario

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