La justicia de San Isidro dio lugar a una medida con efecto suspensorio reclamada por la defensa y elevó el diferendo a una instancia superior.
Por Alfonso De Villalobos / Tiempo Argentino
El tribunal de la Sala II de garantías revirtió una medida adoptada la Cámara de Apelaciones de San Isidro el 17 de septiembre. La Cámara había resuelto el desalojo de la planta de la fábrica FATE ubicada en la localidad de San Fernando que se encuentra ocupada por sus trabajadores desde el 18 de febrero último luego de que la patronal de Madanes Quintanilla anunciara su cierre y el despido de 920 operarios.
El fallo de la Sala II da lugar a un recurso de casación con efecto suspensivo que solicitara la abogada defensora de los trabajadores Liliana Alaniz. La decisión impugna la resolución de la Cámara de Apelaciones e impide a las fuerzas de seguridad avanzar sobre la ocupación.
A la vez, eleva el diferendo sobre la legitimidad de la ocupación del predio por parte de sus trabajadores a una instancia judicial de nivel superior como es el Tribunal de Casación en los Penal de la Provincia de Buenos Aires.
Los fundamentos de la defensa apuntaron a evitar que un conflicto laboral derive al ámbito penal y a rechazar que se modifique el criterio de valoración de una medida de orden gremial que ya había sido considerada como legítima por la justicia y enmarcada como parte de un conflicto de tipo gremial. La presentación ratificó el reclamo para que se respete el derecho a huelga y alerto sobre el riesgo irreversibilidad de una decisión de esa naturaleza.
A la vez, el fallo del tribunal recoge la posición de la Corte Suprema que, si bien reconoce que las medidas cautelares no tienen el carácter de sentencias definitivas, “ha marcado excepciones en aquellos casos en los que se causara un agravio” que resulte de “imposible reparación posterior”.
De esta forma, el conflicto liderado por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) obtuvo un nuevo aval judicial que servirá para apuntalar su rechazo a lo que consideran un lock out patronal y su reclamo por una reactivación de la planta de la mano de la figura de la ocupación temporaria contemplada en la vigente ley de expropiaciones.