El proyecto del Partido Socialista impulsa un límite de 20 años para los jueces de la Corte Suprema y propone evaluaciones obligatorias cada cinco años para todos los magistrados, con controles de aptitud física, psíquica y ética.
La reforma constitucional de Santa Fe comienza a transitar uno de sus tramos más sensibles: el del capítulo judicial. Este miercoles, la comisión de Justicia —una de las más relevantes del proceso— tendrá una jornada clave: recibirá, por separado, a las conducciones del Servicio Público de la Defensa Penal, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Corte Suprema de Justicia.
Las reuniones, según indicaron desde la comisión, se realizarán para “escuchar” a los organismos antes de avanzar con consensos en torno a sus funciones, independencia y control.
El temario incluye dos cuestiones que dividen aguas entre los convencionales: la autonomía del MPA —impulsada por sus autoridades y respaldada en varios proyectos— y una propuesta más reciente que abrió un nuevo foco de discusión: el proyecto del Partido Socialista que plantea que los jueces de la Corte Suprema no puedan durar más de 20 años en sus cargos.
Además, propone que todos los magistrados sean evaluados cada cinco años con controles de aptitud física, psíquica y ética.
Qué propone el Partido Socialista para reformar el capítulo Justicia
El proyecto del Partido Socialista plantea una serie de cambios estructurales en la Justicia santafesina, con énfasis en la limitación temporal de los cargos, la evaluación periódica de los magistrados y un nuevo sistema de selección con mayor control ciudadano.
-
Límite en el ejercicio del cargo para jueces de la Corte Suprema: se propone que los integrantes del máximo tribunal provincial cesen automáticamente en sus funciones al cumplir 20 años continuos de ejercicio o 75 años de edad, lo que ocurra primero. El objetivo, según la iniciativa, es garantizar la renovación y evitar perpetuaciones en el poder judicial.
-
Evaluaciones periódicas obligatorias: todos los jueces del Poder Judicial, sin distinción, deberán someterse cada cinco años a un examen de aptitud física, psíquica y ética. La inasistencia a esta instancia será considerada una falta grave. La idea apunta a asegurar la idoneidad y compromiso ético de quienes ejercen la magistratura.
-
Nuevas reglas para la designación de magistrados:
-
En el caso de los miembros de la Corte Suprema, su nombramiento seguirá siendo facultad del Poder Ejecutivo, pero requerirá acuerdo de la Asamblea Legislativa, previo cumplimiento de una audiencia pública que garantice transparencia y participación.
-
Para el resto de los jueces, fiscales y defensores públicos, se establece el ingreso mediante concurso público de antecedentes y oposición, con evaluación a cargo de un jurado de selección ad hoc.
-
-
Creación de una autoridad técnica especial: se proyecta un órgano independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que tendría a su cargo la organización de concursos y la elevación de ternas vinculantes para cubrir vacantes judiciales.
-
Fortalecimiento del extrapoder judicial: el texto propone reconocer al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal como una estructura autónoma y extrapoder, es decir, independiente de los tres poderes del Estado, reforzando su imparcialidad.
-
Nuevo jurado de enjuiciamiento: ante casos de faltas graves, se crea un jurado de enjuiciamiento ad hoc conformado por jueces, legisladores, abogados y ciudadanos. El procedimiento será oral, público y acusatorio, buscando mayor legitimidad y control sobre el desempeño judicial.
Fuente: UNO Santa Fe
Comenta sobre esta publicación