Por Gustavo Castro
El gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Salud Miguel González firmaron el 7 de noviembre pasado el decreto Nº 3.921,mediante el cual se rechaza la apelación de Farmacity S.A. a la decisión del Departamento de Inspección de Farmacia de la Primera Circunscripción de denegar la autorización a la empresa para que abra un local en 4 de enero 2792 de la ciudad de Santa Fe. La compañía, que tuvo como CEO hasta los primeros días de diciembre a Mario Quintana, actual coordinador del gabinete económico de la Nación y hombre fuerte del gobierno de Mauricio Macri, posee una veintena de sucursales en todoel país. Intentaron extenderse a nuestra provincia y la dependencia sanitaria mencionada en el párrafo anterior rechazó esa pretensión, amparada en las leyes santafesinas que básicamente prohíben que las sociedades comerciales incursionen en el rubro.Según la firma, la normativa local “no prohíbe” esa opción sino que plantea “sólo una enumeración enunciativa de los sujetos que pueden ser titulares de farmacias”. También advierte que el objetivo de los legisladores fue garantizar la salud pública asegurando en tales lolidad de la legislación vernácula.Por el contrario, el gobierno entiende que las leyes provinciales “resultan suficientemente claras tcales comerciales que el expendio de medicamentos sea realizado bajo la supervisión de un profesional farmacéutico”. Además destaca que en este caso “la administración provincial se fundamenta en legislación local cuando en realidad son aplicables normas nacionales” e incluye citas a la Constitución Nacional y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, al punto de pedir la inconstitucionaanto a quienes pueden ser propietarios de un establecimiento farmacéutico como a quienes se encuentran habilitados para efectuar servicios farmacéuticos” y que, en ese sentido “en ningún caso permiten que una sociedad de tipo comercial sea propietaria” en el rubro. Indica asimismo que “ya antes de la reforma de la Constitución Nacional no había dudas de la facultad de las provincias” en este aspecto y que “bien puede ocurrir” que “el interés general en juego” en ocasiones “aconseje priorizar en cierto casos la gestión provincial”.
“Por lo expuesto corresponde rechazar el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto por la firma Farmacity S.A.”, concluye la argumentación del decreto del gobernador Lifschitz y el ministro González.

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