Frente al fallo de la Corte Suprema que repuso la derogación de la Ley de Tierras y dejó al país sin límites a la extranjerización de su territorio, distintos especialistas en Derecho señalaron que la salida es política. En concreto, coincidieron con que la Cámara de Diputados debería rechazar en su totalidad el DNU 70/23 para que la ley que ponía topes de 15% a la compra por parte de extranjeros vuelva a estar vigente.

Ayer martes, los cortesanos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron una demanda que había presentado el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) contra el artículo 145 del mencionado DNU. Ese punto establecía lisa y llanamente la derogación de la ley de Tierras Rurales 26.737, que permanecía suspendida gracias a un fallo de la Cámara Federal de La Plata.

Si bien los cortesanos aclararon en el punto noveno del fallo que la decisión “se limita al rechazo de la demanda con fundamento en la falta de legitimación” del CECIM La Plata, aclararon que eso “no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154” que deroga la Ley de Tierras. No obstante, el efecto no es otro que un retroceso al estado anterior a la ley sancionada en 2011.

“Hoy no hay ley. El DNU 70/23 lo que hacía era derogarla por completo, lo cual es peor que la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que si bien atacaba los artículos centrales, dejaba algunos interesantes dando vueltas. Ahora volvemos al estado previo al 2011, con la gravedad de que estos tipos tienen el cuchillo y el tenedor esperando para hacer todas las transferencias de tierras, algo que después es muy difícil de revertir”, aseguró a Tiempo el historiador Matías Oberlín, integrante del Observatorio de Tierras del Conicet.

Diputados tiene que activar

Frente a ese panorama, especialistas consultados por Tiempo coincidieron que la salida más rápida y efectiva para reponer la vigencia de la ley es que la Cámara de Diputados revise el DNU 70/23 en su conjunto, que viene de ser rechazado por el Senado en marzo de 2024.

“La derogación de la ley de Tierras está provisoriamente vigente porque la Cámara de Diputados no trató el DNU declarado nulo por el Senado”, señaló a este medio el abogado Pablo Luis Manili, profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UBA y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. “Lo raro es que la Corte tiene paradas un montón de causas en las que se impugna el DNU, causas que están freezadas. Frente al fallo de la Corte estamos totalmente desprotegidos”, agregó Manili, que fue uno de los expositores ante la Comisión de Asuntos Constitucionales en 2011, cuando se debatió la ley de Tierras.

En el mismo sentido se pronunció el constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra, profesor titular de Derecho Constitucional en la UBA. En un pronunciamiento enviado a este medio sostuvo que Diputados debe pronunciarse sobre el mencionado DNU que firmó Milei al principio de su mandato. Tuvo en cuenta que si bien la Corte aclaró que el fallo no abre juicio sobre esa norma, “en los hechos, la convalida”.

“La Corte incurre en una contradicción performativa: lo que la sentencia afirma queda desmentido por lo que la sentencia hace y proyecta. No decidir es decidir”, sostuvo. Si bien considera que tanto el DNU como la sentencia son inconstitucionales, “ambos tienen validez, por ahora”.

“Que siga vigente después de tres años un DNU como el 70/23, donde el presidente se arrogó facultades legislativas, y la Justicia permite que eso se mantenga vigente, es un escándalo. El Congreso tiene que activar a los fines de dejar inactiva no solo la autorización para vender tierras sin ningún límite a personas físicas o jurídicas extranjeras, sino el decreto en su totalidad”, expresó a Tiempo la abogada y ex secretaria de Legal y Técnica del gobierno del Frente de Todos, Vilma Ibarra.

Para ella, incluso, habría que ir más allá y también modificar la Ley 26.122 que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). “Esa ley fue votada en el 2006 sin perspectiva histórica. Yo estaba en el Senado en ese momento y voté en contra del artículo que exige que un DNU debe ser volteado con votación de las dos cámaras”, afirmó.

Este miércoles, diputados de Unión por la Patria recibieron a representantes del CECIM La Plata, autores de la demanda rechazada. La postura opositora, según anunció el diputado Germán Martínez, irá en línea con lo planteado por los constitucionalistas: lo esperable es que intenten una sesión especial para avanzar en la derogación del DNU 70/23.

 

El debate por la “legitimación”

Otra arista a tener en cuenta tiene que ver con la razón que dieron los supremos para rechazar el planteo. Una vez más: no opinaron sobre el fondo de la cuestión sino que esgrimieron un formalismo basado en la aparente falta de legitimación del CECIM para impulsar la demanda, lo que se traduce en la ausencia de un caso o controversia, según el fallo.

Para Manili ese es un punto opinable. “Para mí tendrían que haber reconocido la legitimación del CECIM, pero el problema acá no es ese sino la oportunidad, el momento elegido para avanzar sobre este punto. Igualmente, no es muy difícil sortear el obstáculo que puso la Corte porque tranquilamente mañana se puede conformar una asociación que en su objeto tenga la protección del derecho de los argentinos a la tierra y ahí te tienen que reconocer la legitimación”, afirmó.

Por su parte, Ibarra calificó la postura de la Corte como una “argucia formalista” diseñada para evitar expedirse sobre el fondo del asunto.

Los ex combatientes que presentaron la demanda fueron contundentes sobre este punto. Dijeron: “Podemos morir en defensa de la soberanía pero no acudir a un tribunal”.