El jefe de Gabinete dijo que no cometió ningún delito y que lo va a probar en la justicia. Se excusó en la “investigación en curso” para zafar. Tampoco hubo respuestas sobre el rol del presidente Javier Milei en el caso $Libra, y evitó precisiones en consultas por la causa Andis.
Por: Ariel Stemphelet / Tiempo Argentino
Como era de esperar, Manuel Adorni no aportó ningún dato que permita aclarar las causas judiciales que involucran a funcionarios del gobierno nacional, como el propio presidente Javier Milei, o él mismo. Lejos de eso, el jefe de Gabinete usó fórmulas repetitivas para evitar contar detalles sobre el caso $Libra o aportar datos que permitan disipar las dudas que hay sobre el crecimiento patrimonial que ostenta desde que asumió en el gobierno libertario.
“No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia” fue, tal vez, la definición más importante que dejó el funcionario durante el discurso de apertura del Informe de Gestión que encabezó este miércoles ante los integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación.
Esa frase la pronunció al cierre de la presentación inicial que leyó. Pero antes de hacerlo dejó en claro que no era parte del objeto del Informe de Gestión dar precisiones sobre las causas judiciales que lo tienen como protagonista. Que el objetivo no era otro que el que informar los detalles sobre la gestión del gobierno libertario. Sin embargo, decidió hablar del tema para, según sus palabras, “demostrar a los argentinos que este es un gobierno transparente y que cree firmemente en la división de poderes”.
Con ese aviso previo, el jefe de Gabinete dijo que pidió disculpas a los argentinos “entendiendo que mi conducta debe ser siempre clara, y me puse a disposición de la Justicia frente a cada denuncia”. Y consideró: “Los miembros de esta Cámara quieren asemejar el gasto privado con el gasto público y a las actividades de mi vida privada con actos de gobierno. Ni constitucional, ni penal, ni civilmente son comparables”.
Adorni no mostró documentación ni habló de números concretos ni explicó circunstancias que permitan explicar, por ejemplo, por qué evitó consignar sus adquisiciones inmobiliarias en su última declaración jurada. Para escudarse, el funcionario recordó que todavía no venció el plazo de presentación de la última declaración jurada, y avisó que “será en ese momento en el que se formulará el correspondiente detalle de mi patrimonio”.
Su situación patrimonial también fue motivo de consulta de los diputados y diputadas en las preguntas que el funcionario respondió por escrito. En la 548 del informe, por ejemplo, le habían preguntado si la Oficina Anticorrupción realizó observaciones, requerimientos de aclaración, auditorías o verificaciones sobre la última declaración, en la que omitió declarar, por ejemplo, la compra de la casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz, junto con su pareja Betina Angeletti. “Los bienes que componen el patrimonio de la cónyuge o del grupo familiar del jefe de Gabinete se incluyen en el anexo reservado que obra ante la Oficina Anticorrupción y que contiene información confidencial”, fue la respuesta que llegó por escrito.
Fuentes judiciales con acceso a esa información señalaron a Tiempo que en ese anexo reservado no consta esa adquisición inmobiliaria.
Cuando se refirió a la presencia de su mujer en la comitiva oficial que viajó a Estados Unidos a principios de marzo, el funcionario se refugió en la decisión de la fiscala Alejandra Mángano de archivar la denuncia en contra del funcionario que pedía investigar el episodio. “Se comprobó judicialmente que no hubo ningún gasto de viático, alojamiento, comida o de cualquier otro tipo de parte del Estado Nacional”, dijo. Y sobre los otros viajes que están bajo investigación sostuvo que “he afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia”, y sobre la invitación de su amigo Marcelo Grandío a Punta del Este dijo que son manifestaciones “tendenciosas y, además, falsas.
Dos fórmulas para no decir nada
Hay una pregunta sin respuesta desde el 14 de febrero del 2025, y es quién le dio a Milei el contrato alfanumérico de 44 caracteres que publicó a las 19:01 de ese día y que disparó la cotización de $Libra. Esa fue una de las tantas preguntas específicas que le hicieron a Adorni y que evitó responder.
Para hacerlo, apeló a dos fórmulas, que repitió en varias oportunidades. Primero, señaló que “una porción significativa de la información requerida se encuentra bajo la órbita exclusiva del Poder Judicial, y su divulgación por parte del Poder Ejecutivo podría comprometer la integridad de la investigación y los derechos de las personas involucradas”. En segundo lugar usó una fórmula que, en un contexto de permanente ataque del gobierno a la actividad periodística, parece ser otro intento por desacreditar la actividad. Dijo: “Varias preguntas se fundan exclusivamente en informaciones periodísticas derivadas de supuestas filtraciones parciales del expediente judicial, cuya autenticidad, integridad y contexto no han sido verificados”.
Así, por ejemplo, evitó responder sobre el acuerdo por 5 millones de dólares a cambio del apoyo de Milei hallado en el celular del “criptobro” Mauricio Novelli, imputado en la causa $Libra. “No es procedente que el Poder Ejecutivo Nacional formule respuestas oficiales sobre la base de material de origen incierto”, respondió Adorni por escrito.
Todas las definiciones que dio el jefe de Gabinete relativas al caso $Libra aparecen en la respuesta a la tercera pregunta. Pero las dudas sobre el caso aparecen en reiteradas oportunidades a lo largo del informe de casi dos mil páginas, y todas las veces la respuesta es la misma: remitirse a la tercera pregunta.
En las respuestas a esa pregunta no hay nada que no se sepa: que en la Administración Pública no existen constancias de ningún acuerdo o contrato entre el gobierno, el presidente o algún funcionario con los creadores del token; que las reuniones que mantuvo Milei con ellos constan en los registros públicos oficiales; y que el Poder Ejecutivo “ha actuado desde el primer momento con la celeridad y la responsabilidad que las circunstancias exigían”. Para ejemplificar este punto, el jefe de Gabinete recordó el trabajo encomendado a una unidad especial de la Oficina Anticorrupción que se creó para investigar el caso, que estuvo a cargo de la abogada Florencia Zicavo, que no encontró irregularidades. Ese es el informe que llegó a la insólita conclusión de que Milei no era presidente en el ámbito de sus redes sociales.
La causa Andis, en la que se investiga un aparente esquema de sobreprecios y retornos millonarios, en la que está imputado el ex abogado del presidente y ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, también fue parte de las preguntas. Ahí también Adorni evitó precisiones: “Los hallazgos fueron y siguen siendo remitidos al Juzgado y a la Fiscalía intervinientes en el caso, donde se encuentra en trámite la causa judicial en el marco de la cual los hechos denunciados están bajo investigación”.
Comenta sobre esta publicación