Se trata de funcionarios que recibieron denuncias previas al incendio que destapó el estado de abandono en el que se encontraban los ancianos encerrados en un inmueble de barrio Nuevo Horizonte de la ciudad de Santa Fe.
La Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) inició una investigación sobre la actuación de dos fiscales de la ciudad de Santa Fe que recibieron denuncias respecto al geriátrico clandestino de barrio Nuevo Horizonte previo al incidente que destapó su mal funcionamiento.
La investigación administrativa interna busca determinar los motivos por los cuales los fiscales Roberto Olcese y Manuel Cecchini no adoptaron medidas de protección oportunas tras receptar denuncias concretas -en abril y mayo- sobre las deficiencias tanto en el manejo del asilo como en el tratamiento de los ancianos.
El drama social y sanitario que ocurría en el lugar cobró estado público a fines de julio de este año, cuando uno de los ancianos alojados decidió prender fuego un colchón en un intento desesperado por llamar la atención de los vecinos y exigir auxilio.
Tras el incidente, la policía y diversas áreas estatales intervinieron y constataron que siete adultos mayores habitaban allí en condiciones insalubres, con signos de desnutrición y desatención médica. El lugar no contaba con ningún tipo de habilitación municipal o provincial para funcionar.
La posterior clausura del establecimiento y la detención de su supuesta responsable, María Laura Milia, destaparon una cadena de alertas previas que el aparato estatal había ignorado. Los fiscales bajo investigación interna, Olcese y Cecchini, son quienes hoy llevan adelante las pesquisas penales sobre el asilo clausurado, al mismo tiempo que sus comportamientos previos son auditados.
Las denuncias
La ruta de alertas formales comenzó el 22 de abril, cuando la hija de uno de los ancianos alojados compareció ante el Centro Territorial de Denuncias ubicado en el centro de la ciudad.
En su exposición inicial, la mujer describió el desamparo en el que vivían los internos en el inmueble de calle Gollán al 10.100: hacinamiento, falta de comida, falta de higiene básica y la retención indebida de los documentos nacionales de identidad y las tarjetas de débito de los jubilados por parte de la encargada del lugar.
Esta primera denuncia fue remitida por correo electrónico al fiscal de turno, Olcese, quien luego desestimó la ampliación de la denuncia.
Tras buscar asesoramiento externo, la denunciante regresó el 15 de mayo al mismo Centro Territorial de Denuncias para radicar una nueva presentación ante la falta de avances. En esta oportunidad, el caso recayó sobre el despacho del fiscal Cecchini.
La mujer entregó una serie de elementos, entre ellos una carta manuscrita redactada por uno de los ancianos, quien pedía ser rescatado de lo que describía como un ambiente de agresiones físicas y psicológicas, abuso y total abandono médico.
No fue hasta el incendio ocasionado por uno de los residentes del asilo que se tomaron medidas concretas para asegurar el bienestar de las personas allí alojadas.
Responsabilidad estatal
La desatención estatal no sólo provino del ámbito judicial: la denunciante también expuso que profesionales del área de salud y asistentes sociales de distintas dependencias públicas habrían facilitado el ingreso de pacientes al lugar, que no contaba con habilitación alguna.
La mujer también indicó que los profesionales en cuestión habrían ejercido presiones y amenazas para evitar que se reclamara la devolución de las tarjetas bancarias de los ancianos.
Fuente: El Litoral
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