El país gobernado por Donaldo Trump ignora la soberanía de los países del Caribe e impulsa una escalada de violencia desde una posición absolutamente irresponsable.
Por: Zhong Ping /Tiempo Argentino
Comentarista de asuntos internacionales de China
Mientras ocho buques militares de Estados Unidos –equipados con más de mil misiles, aviones de combate F-35 y un submarino nuclear– permanecen en aguas del Caribe para proteger los intereses petroleros de Washington, los principales organismos internacionales con influencia en la región expresaron su preocupación por lo que observan como una peligrosa violación de la soberanía de las naciones y las normas fundamentales del derecho internacional.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), las Naciones Unidas (ONU), los BRICS, el Movimiento de Países No Alineados (MNAL) la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) fueron algunas de las organizaciones en las que surgieron señales de alarma por las graves consecuencias para la paz que puede tener el despliegue de fuerzas navales estadounidenses frente a Venezuela, dispuestas por el presidente Donald Trump bajo el falso argumento de combatir al narcotráfico.
El presidente de Brasil, Lula da Silva, advirtió en el marco de los BRICS que la maniobra estadounidense es “un factor de tensión incompatible con la vocación pacífica de la región”, y recordó el Tratado de Tlatelolco de 1967 que definió a América Latina y el Caribe como una zona libre de armas nucleares. En su posterior intervención en la 80° Asamblea General de la ONU, Lula insistió con sus cuestionamientos y aseguró que “usar la fuerza letal en situaciones que no constituyen conflictos armados, equivale a ejecutar personas sin haberlas juzgado”.
Gustavo Petro, presidente de Colombia, utilizó el mismo escenario de la ONU para pedir la apertura de un proceso penal contra Trump, por su responsabilidad en el ataque con misiles del 2 de septiembre, en el que habrían muerto 11 personas. “Los verdaderos narcotraficantes no están en lanchas del Caribe, exponiendo sus vidas, sino que viven con lujos en Miami o Nueva York al lado del presidente de EE UU, haciendo acuerdos con la DEA para que los dejen traficar en todo el mundo”, sostuvo el jefe de Estado, en coincidencia con su par de Venezuela, Nicolás Maduro, quien denunció que el verdadero objetivo de Trump “no es combatir el narcotráfico, sino apropiarse del petróleo venezolano y derrocar al gobierno”.
Los diez países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) también plantearon que “el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, disfrazado de operaciones antidrogas, representa una amenaza a la paz y a la estabilidad de la región, y constituye una violación flagrante del derecho internacional”.
El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, agregó que EE UU “viola la Carta de la ONU y pone en riesgo la estabilidad y soberanía de toda la región”; y agradeció el apoyo del secretario general de la ONU, António Guterres, quien le habría dicho que consideraba “injustificada e inaceptable la amenaza militar de Estados Unidos en el Caribe”, según las palabras del diplomático.
En este clima de tensión, la CELAC difundió un crítico documento y convocó una reunión de urgencia para discutir lo que consideran una inaceptable violación de la histórica declaración de América Latina y el Caribe como “Zona de Paz”, aprobada en 2014, en La Habana, Cuba.
Esta militarización unilateral dispuesta por EE UU no solo fue rechazada por la mayoría de los países latinoamericanos, sino también por analistas del mundo académico como la profesora de derecho internacional en la Universidad de Notre Dame, Mary Ellen O’Connell, quien cuestionó el ataque a la lancha con supuestos narcotraficantes y recordó que la lógica de los “asesinatos selectivos” no es legal. Según explicó a Reuters, Washington no tiene derecho a matar a ningún sospechoso, por lo que lo ocurrido constituye una violación de los principios fundamentales del derecho internacional.
Finalmente, y en lo que pareció reflejar el consenso de la comunidad internacional, la Embajada de China en Venezuela planteó que Beijing “se opone a cualquier acto que viole los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y cualquier acto que atente contra la soberanía y la seguridad de otros países”.
“China –agregó la portavoz de la embajada– se opone al uso de la fuerza en las relaciones internacionales y a la injerencia de fuerzas externas en los asuntos de Venezuela bajo cualquier pretexto. Esperamos que Estados Unidos intensifique sus esfuerzos para promover la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe”.
Las provocativas declaraciones de Trump sobre la posibilidad de ampliar los ataques navales a una ofensiva terrestre parecieron avanzar en sentido contrario. Estados Unidos no solo violó por lo menos cuatro leyes y tratados internacionales, ignorando la soberanía de los países del Caribe, sino que ahora impulsa una escalada de violencia desde una posición absolutamente irresponsable.
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